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Alberto-CGT: blindaje a obras sociales que compiten con prepagas

POLÍTICA 15/06/2021 Mariano Martín*
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La firma de un decreto de auxilio a las obras sociales sindicales se perfila como la única noticia favorable para la CGT en el horizonte inmediato. Con un plan de vacunación que no termina de definirse para los trabajadores esenciales más expuestos a la pandemia, un subsidio para compensar los tratamientos por discapacidad que se demora, un giro a la extrema derecha de la Unión Industrial Argentina (UIA, su principal contraparte patronal) y un Gabinete económico que no acierta a domar la inflación, la central obrera sólo cruza los dedos para no verse en la obligación de deteriorar su vínculo con Alberto Fernández por falta de respuestas.

El panorama no es del todo desalentador apenas porque en la cima de la CGT reconocen que con el actual ritmo de vacunación aparece como inexorable una recuperación económica en el mediano y largo plazo. Y porque los gremialistas advierten que de momento permanecen junto a los gobernadores como los mayores respaldos institucionales del Presidente frente a la pandemia, la oposición más radicalizada y hasta el kirchnerismo más duro al que visualizan en general como una amenaza más concreta.

Del menú de medidas a las que se comprometió el Jefe de Estado con la CGT en el almuerzo que compartieron a principios de mayo en la quinta de Olivos sólo avanzó hasta los pasos finales el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impedirá los traspasos entre obras sociales en el primer año de contratación de un trabajador. Se trata de un reclamo histórico de los gremios más tradicionales de la central obrera que cada año pierden sus afiliados más jóvenes, sanos y con mejores salarios en la competencia con entidades más chicas, casi sin estructuras sanitarias propias pero con acuerdos comerciales sellados con prepagas para derivarles esos asociados.

Desde la desregulación del subsistema de salud de la seguridad social de los ‘90 hasta la actualidad la elección de prestador sanitario por parte de los asalariados es libre con independencia de su empleador y la actividad a la que pertenezca. Una queja recurrente de los “gordos” de los grandes sindicatos con obras sociales es que los “sellos de goma” sindicales se valen de la libre afiliación para hacer las veces de gestores de las prepagas, que no sólo se nutren de nuevos asociados sino que acceden a los reembolsos de la Superintendencia de Servicios de Salud previstos para los tratamientos complejos y los remedios costosos que debe suministrar el sistema solidario.

Con ese decreto a una firma de ver la luz, el Gobierno dilató un aporte de $11.400 millones que Alberto también les prometió a los gremios para compensarles la suba de costos para la cobertura de prestaciones de sus afiliados discapacitados durante la pandemia. Según la “mesa chica” de la central ese subsidio que debería salir del Tesoro nacional permanece bajo análisis del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, pero el trámite pareció perder celeridad. Entre esa demora y las complicaciones del Ejecutivo para ponerle freno a la inflación, la relación de la CGT con el Ejecutivo en general y con el ministro Martín Guzmán, en particular, tendió a enfriarse.

Como agravante, los sindicatos más tradicionales de la central fueron los que primero se allanaron a la pauta salarial que planteó el Gobierno en el arranque de la ronda de paritarias de este año con subas que superaban por unos puntos el 29% de meta inflacionaria plasmado en el Presupuesto 2021. Ese escenario contrasta con las negociaciones de los últimos días que involucran a dirigentes rivales de la conducción de la CGT, como Hugo Moyano y Sergio Palazzo: en el caso del camionero, la semana pasada pidió un aumento que en los hechos está por arriba de 50% mientras que el bancario logró adelantar tres meses la revisión de su acuerdo.

Ese panorama amaga con complicar a la actual conducción de la CGT frente al proceso de renovación de autoridades pautado, por ahora, para octubre.

 

 

* Para www.ambito.com

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