Pobre 2020 y muchas dudas para el 2021

Antes de analizar los datos disponibles, debe aclararse que las estimaciones de muertos por millón de habitantes debido al Covid 19 están sujetas a problemas de medición y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crecimiento que tendrán los países en 2020 son sólo eso, proyecciones. 

En cualquier caso, a principios de diciembre la Argentina aparece con cerca de 900 muertos por millón de habitantes sólo superada por 9 países de los 165 países incluidos en la comparación y eso aun cuando los del hemisferio norte están ya afectados por una segunda ola. A su vez, la caída proyectada del PIB de 11.8% en el WEO del FMI sería superada por sólo el 10% de los países. Aún si la Argentina finalmente cae 10.5% este año se ubicará dentro del 15% de países con mayor recesión. En síntesis, el promedio simple de muertos por millón en los 165 países es 252 y el de recesión proyectada para 2020 de 5.6%. En otras palabras, la Argentina tiene a la fecha 3.5 veces más muertos por COVID 19 y su PIB caería este año el doble que el promedio mundial.

Además, y a pesar de la recesión, la tasa de inflación ha aumentado notoriamente a lo largo del año y en el último trimestre del año correría a una tasa anualizada del orden del 50% (una de las más altas del mundo). A su vez el riesgo país es también uno de los más altos del mundo.

El pobre desempeño económico se reflejó en un deterioro importante del empleo (sobre todo el informal y cuentapropista) y de la cantidad de gente por debajo de la línea de pobreza.

Frente a este panorama el 2021 debería ser mejor. Cuánto mejor depende de que el Gobierno resuelva adecuadamente algunos problemas económicos inmediatos.

En primer lugar, no debe confundir la disminución de la brecha cambiaria de las últimas semanas. El problema cambiario está lejos de estar resuelto. La escasez de reservas, el nivel del riesgo país que sugiere que parte de la compresión de la brecha se logró por operaciones de bonos (que no resuelven el problema en forma permanente y tienen un enorme costo) y la vuelta del financiamiento del Banco Central (BCRA) al Tesoro (64.000 millones en Noviembre y una cifra seguramente mayor en diciembre requieren de una señal contundente de que el Gobierno podrá lograr un déficit primario inferior al presupuestado para 2021. Especialmente para que la reducción estacional en la demanda de dinero que ocurre desde finales de enero no se agrave por expectativas de una alta emisión.

Las señales de la política no ayudan para eso. La saga alrededor de la fórmula de corrección de las jubilaciones muestra que:

a) era innecesario cambiar la aprobada en 2017 ya que la mayoría de los países del mundo utiliza los mismos parámetros que los que se incluyeron en esa reforma;
b) abrir la caja de Pandora del cambio en la fórmula corría el riesgo de que en el Congreso se terminara modificando con un sesgo al alza (al elegir para la mitad de la fórmula el mayor de dos índices de salarios y acortar el rezago).
No es fiscalmente sustentable perjudicar a los jubilados que cumplieron con sus aportes durante su vida activa como hizo el Gobierno durante 2020 ya que la justicia tarde o temprano obligará a devolver los montos pagados en menos, pero tampoco es sustentable prometer una corrección sesgada y procíclica.

La verdadera reforma previsional pasa por eliminar o acotar los regímenes de privilegio que son aquellos por los cuales el aporte durante la vida activa es muy inferior a lo que se obtendrá del sistema en el futuro, por aumentar gradualmente las edades de retiro para que reflejen el aumento en la expectativa de vida y por reducir drásticamente el costo por la vía de regulaciones y en lo posible impuestos que castigan a la creación de nuevo empleo formal. Son medidas que suenan impopulares pero que tarde o temprano deben enfrentar los países con sistemas de reparto.

Además de la señal vía una emisión mucho menor que la proyectada en el presupuesto, el Gobierno debe resolver el criterio que utilizará para empezar a normalizar tarifas de servicios públicos (muchas congeladas desde mediados de 2019). Otros países utilizan una tarifa social para proteger a los sectores más vulnerables con subsidios a cargo del Tesoro. Dados los aumentos en el nivel de pobreza una medida en tal sentido abarcaría más usuarios que antes, pero para que cierre fiscalmente es posible que todos los usuarios residenciales deban afrontar aumentos, y que las tarifas de los consumidores no residenciales deban acercarse más rápidamente a los costos económicos.

Los dirigentes políticos perciben que el ajuste es piantavotos. Pero en ese análisis omiten que los desequilibrios terminan resolviéndose en forma ordenada, o desordenada vía mayor brecha cambiaria e inflación. La buena noticia para el gobierno es que parece que el contexto externo va a aportar algún alivio en 2021. Pero esa mejora no parece suficiente para compensar la gran incertidumbre que generan algunas decisiones del Gobierno.

Daniel Artana para El Cronista
Economista jefe de FIEL