Se viene el "Tribunal Intermedio" para quitarle poder a la Corte Suprema

Un día después de la cruda embestida de Cristina Kirchner contra los miembros de la Corte Suprema, Alberto Fernández dedicó parte de su agenda a la cuestión judicial. En un acto a puertas cerradas en la Casa Rosada, el Presidente recibió oficialmente el informe de 900 páginas que elaboraron los once expertos del Consejo Consultivo. Contiene opiniones -divididas en todos los asuntos- sobre la elección del Procurador General, la reestructuración del Consejo de la Magistratura y el funcionamiento del máximo tribunal, el tema que hoy desvela a la vicepresidenta.

Una de las recomendaciones más sensibles que hicieron los expertos es la creación de un tribunal intermedio de arbitrariedad que desagote buena parte de los casos que hoy tramita la Corte Suprema. Fernández expresó especial interés por este punto durante el encuentro con los juristas. Fue una moción apoyada, con variaciones, por una mayoría de los miembros del consejo. Carlos Beraldi -el abogado de Cristina cuya inclusión en el comité había provocado fuerte controversia- estuvo de acuerdo, aunque pidió que no interviniera en los casos penales.

La idea es que el nuevo "tribunal intermedio" analice los planteos por presuntas sentencias arbitrarias, de modo que el nivel de trabajo de la Corte disminuya notablemente y quede acotado a las cuestiones constitucionales. Otro de los aspectos que más se le cuestionó al máximo tribunal radicó en el camino que toman los supremos cuando rechazan un recurso de queja sin más explicaciones, basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. La mayoría de los juristas propusieron acotar el uso de esa "plancha 280", porque se dicta sin fundamento. Es lo que se aplicó la semana pasada con Amado Boudou.

"Daría respuesta a muchas personas que llegan a la Corte, pagan un depósito de $100.000 y después de un tiempo no razonable se encuentran con un rechazo sin fundamento", dijo a la salida del encuentro el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. "El informe es un puntapié inicial. La próxima etapa para el Presidente será analizar las distintas propuestas, compaginarlas, ver cuál se acerca más a su ideal y eventualmente crear proyectos de ley", agregó.

El Presidente ya leyó el documento de los juristas durante el último fin de semana largo. A partir de ahora, se verá qué temas priorizará Fernández y con qué velocidad los trabajará. También si toma primero, o no, la cuestión de la Corte, como espera Cristina.

"Lo va a leer con tranquilidad y según su criterio, avanzará. Él espera que se trate el proyecto de reforma que ya envió al Congreso y que está esperando en Diputados", dijo a LA NACION un estrecho colaborador del Presidente.

Corte, Procurador y Consejo
A excepción del constitucionalista Gustavo Ferreyra (catedrático cercano a Eugenio Zaffaroni), que pidió elevar la cantidad de miembros de la Corte a nueve, el resto no se pronunció sobre el número porque consideró que debe ser una decisión del poder político.

Respecto a la designación del Procurador General (el jefe de los fiscales), seis expertos propusieron una mayoría absoluta del Senado para nombrarlo (en coincidencia con el proyecto del kirchnerismo para modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal), mientras que los cinco restantes se inclinaron por sostener los dos tercios.

Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve a los jueces, la mayoría del consejo consultivo propuso ampliar a su integración a 16 miembros con dedicación exclusiva.

Además de Beraldi, Gil Domínguez y Ferreyra, integraron el consejo consultivo el exjuez León Carlos Arslanian; la jueza del máximo tribunal porteño Inés Weinberg de Roca; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español; la abogada Marisa Herrera; y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza).

Reacciones
Hoy, a nadie le sorprendió en el entorno de Fernández que Cristina embistiera ayer abiertamente a la Corte Suprema con el tono que utilizó en su carta. Ya cuando el kirchnerismo, en bloque, salió a apoyar a Boudou luego de que el máximo tribunal dejara firme su condena, en el Gobierno leyeron entre líneas que la vicepresidenta se estaba defendiendo a sí misma porque serán esos los jueces los que tendrían la última palabra en sus causas penales.

"Cristina está enojada porque el Gobierno no sale a cruzar a la Justicia como ella quisiera", resumió un colaborador oficial a LA NACION. Y agregó: "Alberto tiene que seguir con su agenda y su estilo, no se puede desperfilar en este tema institucional".

Según pudo reconstruir este medio en base a dos altas fuentes del Gobierno, el Presidente no avaló que Santiago Cafiero saliera a defender a Boudou el viernes pasado. Fernández nunca defendió a Boudou y le hizo saber su disgusto al ministro coordinador. En el entorno del jefe de Gabinete aseguran que no hay diferencias de criterio con el Presidente.

Como en las dos oportunidades anteriores, en tanto, la carta de Cristina capturó la centralidad de la agenda política. Hoy, cuando estaba anunciando la vacuna, el Presidente debió responder sobre la misiva de la vicepresidenta. "Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. Yo digo hace muchos años que la Justicia no está funcionando bien. Comparto mucho de lo que ha plantado Cristina. Es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia, no hablemos de un caso particular, ojalá que el Poder Judicial use su vocación corporativa para mejorar", dijo.

Un portavoz oficial acotó: "Alberto quiere dejar marca con el tema de la Justicia y Cristina tiene razón en algunas cosas. Después hay que ver los métodos para cambiar las cosas". Este jueves, desde el Instituto Patria pidieron la ampliación de la Corte y el juicio político contra los supremos. Se verá en qué medida el Presidente responde a ese reclamo.

 

Por: Maia Jastreblansky para La Nación