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Los puntos que no mencionó Cristina Kirchner en su carta sobre el balance de las sesiones en el Senado

La Vicepresidenta enumeró varias leyes que sancionó el Congreso pero le faltó hacer referencia a otros casos resonantes. Volvió a arremeter contra la Corte Suprema

POLÍTICA 11/12/2020 Analia Argento*

El aniversario por el primer año de Gobierno del Frente de Todos le dio la excusa a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para apuntar nuevamente a la Corte Suprema. La semana pasada, cuando el máximo tribunal no aceptó la apelación de Amado Boudou y lo dejó a las puertas de la vuelta a prisión, no habló ella pero lo hizo en su nombre Oscar Parrilli que le pidió al Presidente avanzar con una reforma judicial. Al igual que la conmemoración de la muerte de su marido, Néstor Kirchner, eligió la víspera para escribir una dura carta pública. Como parte del Poder Ejecutivo y desde el Senado, una de las dos cámaras del poder Legislativo, apuntó al Poder Judicial, la tercera pata de la República.

Como Parrilli la semana pasada, la Vice exige una reforma judicial que no es el proyecto enviado por Alberto Fernández al Senado y que aún espera lograr consenso en la Cámara baja donde se lo resiste y se lo cajonea. En otra carta pública, antes del tratamiento de esa ley a la que se le agregaron decenas de cambios, CFK dijo que no se traba de una reforma sino de un simple “reordenamiento” de la Justicia Federal.

La mitad de la carta parece una simple enumeración de los logros parlamentarios en un año en el que los argentinos sufrieron la pandemia, el aislamiento y el agravamiento de la crisis económica. Todo lo dicho es positivo: 32 sesiones entre el final del 2019 y todo el 2020, un récord en 13 años que no mermó con el aislamiento sino lo contrario. En la nueva misiva, mencionó “un desafío inédito” como fue el funcionamiento remoto para el que pidió aval a la Corte Suprema. En ese momento el mismo tribunal al que apuntó hoy le dio la razón y así lo resaltó ella y su equipo cada vez que la oposición reclamó por el funcionamiento remoto. Agradeció ademas el “compromiso de los trabajadores y las trabajadoras legislativas” pero no a la oposición, aún cuando “se hicieron 215 reuniones de comisión, en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados. No hay registros históricos de semejante actividad legislativa”.

“Aprobamos”, destacó en primera persona del plural, 40 leyes y “dimos” media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados. “Entre ellos, todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado”, agregó. La lista incluye los más destacados, según su entorno, como el Presupuesto 2021, la ley de Sostenibilidad de la deuda, la ley de Solidaridad social y reactivación productiva, el Aporte solidario extraordinario, la Protección y beneficios al personal de Salud, el Fondo nacional de la Defensa, el proyecto Capitales Alternas (una de las promesas del Presidente cuando recién estaba en campaña), la Reforma del Ministerio Público, la ley Manejo del fuego, la ley de Góndolas, la ley de Etiquetado frontal y la ley de Alquileres, la primera que aunque contaba con apoyo opositor (y era autoría de un ex diputado del PRO) no fue votada por Juntos por el Cambio por disentir con la modalidad de funcionamiento remoto. Ese fue el primer quiebre con la bancada que conduce Luis Naidenoff, con quien confrontó mucho CFK pero con quien también selló algunos acuerdos.

No aclaró a quiénes incluye en el “nosotros” ni mencionó a Alberto Fernández más que como “el Poder Ejecutivo”.

Alquileres fue la ley que el Frente de Todos buscó votar sobre tablas. Pero el oficialismo no tenía los dos tercios de los votos para hacerlo. Entonces tuvo que esperar siete días hasta llevarla al recinto ante el reiterado reclamo de la UCR y el PRO por sesionar sólo con temas vinculados con la pandemia. A partir de esa sesión, la oposición dejó en claro que no daría los dos tercios para ninguna votación. El aviso se tomó a cuenta del tratamiento del pliego de Daniel Rafecas, el candidato a Procurador para el que no hubo audiencia pública aún. Por eso una de las primeras leyes que Cristina Kirchner mencionó en su lista fue la del Ministerio Público Fiscal, que no fue una ley del Presidente y que incomoda a su candidato a jefe de los fiscales porque baja la mayoría requerida para su designación.

La lista de temas para pelearle a la pandemia sí tuvo consenso (cuidados paliativos, telesalud, y receta electrónica) pero no lo tuvo el proyecto de ley de Teletrabajo, por ejemplo. Algunas leyes, a decir del oficialismo y de la oposición, se apuraron demasiado para salir. Otras fueron celebradas, como la educación a distancia o el grooming, modalidad de acoso en las redes sociales y vía internet que creció exponencialmente también en el marco del aislamiento social. Está claro, de todos modos, que las mayorías se imponen en las votaciones y el Frente de Todos tuvo los votos en las urnas como para ocupar suficientes bancas que garanticen quórum y la mayoría.

“Leyes a favor de los argentinos y las argentinas, para ampliar derechos, hacerle frente a la pandemia, cuidar la economía, fortalecer el federalismo y defender nuestra soberanía”, destacó la vicepresidenta que aseguró haber cumplido “como siempre con todas nuestras responsabilidades”.

Hasta ese punto la lectura es previsible. Es lógico que los oficialismos defiendan sus gestiones y resalten sus triunfos por sobre sus errores. O que el balance tenga el haber y no lo que se debe o que se obvien los reclamos de la oposición por mayor presencialidad en el recinto o por una agenda con otras prioridades.

De paso habló de “un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo” y destacó que “contra-reloj se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del COVID”. Palabras similares dijo este mediodía el Presidente de la Nación al presentar un plan de 30 obras por $12.000 millones. Coincidió con él en la reestructuración de la deuda “que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos”. Se trata, claro, de la crítica a la “herencia”.

Y no se privó de apuntar que demás de la enorme ayuda social que significó el IFE, el Gobierno sostuvo el empleo a través del ATP y “también a las empresas que lo brindan”. Durante el año no faltó en su entorno quien criticara el listado de empresas con auxilio del Estado.

Lo más fuerte en este caso fue que la Vicepresidenta volvió sobre uno de los temas que más la preocupó todo el año: la Justicia. Y se enfocó en la Corte Suprema. “La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”.

Negó que busque una justicia “adicta” al mismo tiempo que mencionó el recambio de jueces que impulsó Néstor Kirchner como “un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”.

Uno por uno desestimó los supremos actuales. Uno “se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadio. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su Ministro de Justicia”.

Otro “nunca rindió un examen para ser magistrado e integro la célebre lista de los “jueces de la “servilleta”. La tercera mención fue para Elena Highton de Nolasco, una de las juezas que el actual Presidente convocó para asesorarlo en la comisión ad hoc creada por él. Los dos jueces nombrados en el inicio del gobierno de Macri también fueron apuntados: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “Quienes debían garantizar el cumplimiemto de la Constitución y las leyes en todo el País, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte”, señaló aunque finalmente la polémica obligó a una marcha atrás y fueron designados previo paso por el Senado.

No mencionó, sin embargo, una fuerte batalla del bloque oficialista por desplazar a tres jueces trasladados por Macri. Fue otro de los hitos este año que enfrentaron al Frente de Todos con Juntos por el Cambio. Para no convalidar la vuelta atrás de los traslados de Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi el interbloque opositor se ausentó tanto de las audiencias como de la sesión. Los jueces intervienen en causas que involucran a la Vicepresidenta y a la Corte le costó fallar. De hecho hubo un fallo casi salomónico en el que los devolvieron a sus respectivos tribunales y juzgados pero determinaron la necesidad de un urgente concurso para sus reemplazos. El empate no fue citado en la misivia.

Del peronista Juan Carlos Maqueda, sólo dice que es un “histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el Dr. Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente”. Pero lo suma al quinteto de funcionarios que “deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país”.

“A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”, concluyó. Y expresó sus temores: “Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.

Tal vez en su carta y en sus críticas estén las pistas sobre lo que cree debería cambiar para los jueces: la perpetuidad, por ejemplo.

Desde la oposición le respondió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: “6 de cada 10 chicos argentinos son pobres. La mayoría perdió un año de escuela por la política sanitaria que llevó adelante este Gobierno y CFK sólo piensa en controlar la Justicia. Todo su proyecto tiene que ver con su impunidad y la de los suyos, el país no le importa nada”.

Sorpresivamente en el Senado hubo quienes le dijeron a Infobae que aún no leyeron la carta de Cristina.

 

 

* Para www.infobae.com

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