"La corrupción no existe en la agenda del gobierno"

En el día de ayer, nos enteramos que la “Oficina Anticorrupción” dejará de ser querellante en las causas penales sobre corrupción por falta de personal, más allá del anecdótico argumento esgrimido, resulta preocupante para la sociedad en su conjunto, por cuanto pareciera que tal situación es parte de una política de estado en los últimos años.

En un ligero repaso de estos más de 35 años de democracia podemos ver la lentitud de las investigaciones en los casos de corrupción que involucran a políticos y funcionarios. En la inmensa mayoría de los casos la sociedad debe esperar como mínimo 10 años para ver sentado en el banquillo a algunos de los acusados y responsables de tales hechos.

La “corrupción” no existió ni existe en la agenda pública del gobierno, ni tampoco fue tema en los debates electorales. Sin embargo, la sociedad día tras día ha comenzado a mirar con atención éste flagelo, y nos obliga a poner la lupa sobre él. Esta preocupación no es nueva, ya fue plasmada en la reforma Constitucional de 1994 con una cláusula en el Art. 36 que dice: “...Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos...”.

Resulta fundamental encontrar respuestas a esta problemática, que no sólo afecta a un gobierno, sino que desgasta las instituciones, degrada la legitimidad y las relaciones entre los ciudadanos y sus representantes, y afecta directamente al ciudadano de a pie, por cuanto la “corrupción” deja al descubierto lo peor de la administración pública golpeando a los sectores más vulnerables, porque cada peso que se pierde en la madeja de la indecencia es un peso que se le resta a hospitales, obra pública, seguridad, viviendas, educación o servicios sociales.

Las respuestas ante este flagelo deben ser simples. Hacer fuertes los organismos de control y aplicar la Ley. La transparencia entonces debe estar garantizada por un Poder Judicial independiente y organismos de control imparciales y sin compromisos con los gobiernos de turno.

La convicción que los valores esenciales del sistema democrático deben estar entrelazados indefectiblemente a la transparencia y a los controles en los actos públicos, hará posible que los gobiernos que sucedan al actual asuman que la “corrupción” es uno de los principales males a erradicar en nuestra Nación. Combatir la “corrupción” deberá ser una lucha de toda la sociedad para evitar el debilitamiento de ese gran edificio que nos contiene a todos y que se llama democracia.