Elizabeth Gómez Alcorta: “Por la pandemia, vamos a tener una suba de los femicidios y travesticidios”

“Podemos ver que vamos a tener una suba de los femicidios y travesticidios y nuestra prioridad es bajarlos”, anuncia la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta en una entrevista con Infobae.

Si bien no existen cifras oficiales por parte del Poder Ejecutivos, el monitoreo de “Ahora que si nos ven” lleva contabilizados 223 femicidios desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Esta cifra indica que, actualmente, hay un femicidio cada 29 horas. Y que ya se registraron 142 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Mientras que en la investigación de la Defensoría del Pueblo de la Nación se delimitó, hasta ahora, que subieron un 15 por ciento los femicidios. En los primeros siete meses del año se registraron 168, incluyendo 2 transfemicidios y 2 suicidios de mujeres que se quitaron la vida empujadas por la violencia machista, según este registro.

Gómez Alcorta dice que las únicas cifras públicas (y no en la publicación en medios de comunicación) son las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que van a conocerse, recién, el año que viene. Pero que la tendencia es preocupante.

Y está especialmente alerta sobre los crímenes y desapariciones de mujeres en Jujuy. En el Ministerio están investigando si hay alguna conexión con redes de explotación sexual y trata de personas. Un crimen paradigmático es el de Roxana Mazala, de 32 años, que fue envenenada por su pareja al regresar de una movilización para pedir justicia por otra víctima de femicidio.

Roxana era mamá de tres hijos, trabajadora de la economía popular, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y luchaba contra la violencia machista. Vivía en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico. Fue a una marcha a pedir justicia por Iara Rueda (una adolescente de 16 años que fue encontrada muerta en un descampado de Palpalá) y, al regresar, su marido la asesinó y luego se suicidó.

Gómez Alcorta llega de San Martín antes del encuentro con Infobae, que se desarrolló en vivo por redes sociales. Viene de estar con mujeres con consumos problemáticos, con el sol que cuesta encontrar en un año de distancia y trabajo desde el hogar y la aspereza de una pandemia que aleja a las personas y recrudece la violencia.

Pero, de todos modos, siente que estar en contacto con el territorio es lo que la centra y le pone en orden las prioridades. La creación del Ministerio de Mujeres no fue solo burocrática, sino que las partidas de fondos es 22,75 veces más alta que en el 2019. Además, hace dos años, había 24 partidas (en distintas áreas del gobierno) con perspectiva de género y en el 2020 se incrementaron a 56.

—¿Cómo es inaugurar una era donde los temas de género no están subalternos dentro de la función pública sino que ocupan un lugar central en el Poder Ejecutivo?

—Es un desafío. Un desafío hermoso sin lugar a dudas. Primero hay que construir institucionalidad. Argentina tiene una trayectoria de políticas vinculadas a violencia por motivo de género desde los noventa, pero es un desafío pensar como hacer para transversalizar las políticas de género dentro del Poder Ejecutivo nacional y, además, en las provincias y en los municipios. No hay que olvidarse nunca que este Ministerio viene de la mano de una lucha.

—No nace de un repollo ¿no?

—No nace de un repollo. Esa fuerza es pura potencia. Definitivamente también se necesita la decisión política porque sin eso no se puede. Hoy no se trata solamente de la creación del Ministerio. La agenda de los feminismos circula en las familias, en las escuelas, en los sindicatos, en el Estado. Entonces, por un lado una llega a plantar mojones: la mayor responsabilidad crear equipos, institucionalidad, programas, pensar políticas públicas pero lo hacés de la mano de esa marea.

—Las políticas públicas no se hacen en el aire sino que se hacen si hay plata para poder ejecutarlas. ¿Con cuánto dinero cuenta el Ministerio de las Mujeres?

—El salto que damos en materia de presupuesto entre el 2019 y el 2021, porque en 2020 no tuvimos presupuesto, es 22,75 veces más. A lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres se le había asignado presupuesto y después se le recortó. Sobre el presupuesto real es 22, 75 veces más el presupuesto del Ministerio. Después hay 56 partidas de distintos Ministerios que tienen proyectos, políticas, programas con perspectiva de género y, en el 2019, solo había 24.

—¿A qué se le está dando prioridad en el uso de esos fondos?

—Nosotras priorizamos, por lo menos para el 2021, todo lo que son políticas contra las violencias. Presentamos, a mitad de año, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, para los próximos dos años, junto al Presidente Alberto (Fernández). Uno de los principales programas es el Programa Acompañar, que estamos firmando ya los convenios con las provincias, que es el que va a requerir más inversión. A fin de este año vamos a presentar un plan para la igualdad en la diversidad que va a necesitar mayores recursos para el 2022. La prioridad central que tenemos es bajar las tasas de femicidios y travesticidios, que no solamente vienen siendo altamente estables en nuestro país sino que a esta altura, ya en octubre, podemos ver que este año vamos a tener una suba.

—¿Qué se puede hacer para que no sigan subiendo los femicidios?

—Sin política pública, sin recursos, sin una muy buena articulación entre los municipios, las provincias y la Nación es muy difícil poder pensar en que en el mediano plazo vayamos a bajar esa tasa.

—La Argentina viene monitoreando desde la sociedad civil, desde el 2008, los femicidios. Hay una deuda histórica del Poder Ejecutivo que empieza en el kirchnerismo, sigue en el macrismo, de datos oficiales por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los indicadores que alertan de esta suba de femicidios?

—Nosotras usamos como estadística los números del registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los otros son monitoreos, observatorios, de los medios de comunicación y algunas otras variables, pero el único registro que toma fuentes primarias es el de la Corte Suprema. El tema es que como no es un registro que te permita tenerlo actualizado inmediatamente porque tenés que ver qué es lo que sucede en la causa judicial eso lleva un tiempo. Desde el Ministerio hacemos un monitoreo también. No arriesgamos a decir un número porque hay algunos casos en donde se sobre registra femicidios o travesticidios y, en otros, se sub registra. Quizás una causa que aparece como muerte dudosa -que pareciera que es un suicidio- y después se investiga que no era un suicidio sino era un femicidio. También venimos notando que hay un alza entre las sospechas de femicidios. En la Provincia de Buenos Aires la Ministra (de las Mujeres) Estela Díaz también viene registrando lo mismo. Veremos, sobre todo cuando terminemos el año -y tengamos los datos del registro- cuál es ese número. Lo cierto es que más allá de este año particular que tenemos con la pandemia y con los riesgos que aumentaron los femicidios y los travesticidios son hechos sociales, delictivos, políticos muy complejos. No es un hecho que vos puedas trabajarlo como un caso de política criminal. El Programa Acompañar es para ayudar a salir de las situaciones de violencia.

—Si las mujeres no tienen plata para darle de comer a sus hijos no se pueden ir de la casa.

—La dependencia económica es un obstáculo enorme. A mí a veces hasta me da un poco de bronca cuando hay algo del discurso de “las mujeres se tienen que animar a irse, se tienen que animar a denunciar” como si fuese una cuestión de voluntad o de no tener valor.

—El Programa Acompañar da una cifra que hoy es cercana a los 17.000 pesos, es un salario mínimo, vital y móvil para las mujeres víctimas de violencia por 6 meses. ¿A cuántas mujeres quieren llegar para que puedan salir de la violencia?

—Esperamos para la semana que viene terminar de firmar con todas las provincias. Así que estamos todavía dando los primeros pasos. Hay algo que para una política pública sería básico, que es saber a cuántas personas querés llegar. El punto es que no hay registros de las mujeres o las personas que están en situación de violencia de género. No existe. Porque si vos vas al Registro a ver cuántas personas denuncian, sabés que denuncian muy pocas, de hecho solamente el 20 por ciento de las mujeres que son víctimas de femicidios, travesticidios, hicieron denuncias antes. Entonces el número de denuncias no te sirve para saber cuántas van a requerir ayuda. Vamos a poder tener de acá a dos años los primeros números de cuál es la población que efectivamente se encuentra en estado de vulnerabilidad y víctima de violencia por motivos de género. Esto es algo que tenemos que construir, no hay línea de base. Es de las cosas que más me sorprendieron cuando llegué al Ministerio. Es realmente triste. Es parte de la desidia del Estado y de la falta de colocar en agenda las violencias machistas.

—Más allá de que el tema de las cifras técnicamente sea complejo, lo grave es que vienen en aumento los femicidios. ¿Lo atribuís a las consecuencias de la pandemia que dejaron una situación de encierro y de enorme dificultad para salir de situaciones de violencia a las mujeres?

—Entendemos que lo que ha contribuido al aumento está vinculado al riesgo que genera la convivencia entre el agresor y la víctima. En los tres primeros meses no estábamos saliendo de la media lógica del primer trimestre de todos los últimos años. Por eso es que lo podemos pensar claramente enmarcado en la pandemia. Acá hay un factor que es totalmente distintivo que es la pandemia, que implica trasladar la vida al mundo de lo privado. Los números los vamos a tener a principio del año que viene. Yo vuelvo al ejemplo de Jujuy porque es muy increíble, en el 2018, hubo tres casos en todo el año y ahora tuvimos cinco en un mes. Igual vemos para Europa, vemos para otros países y durante la pandemia también les sucedió exactamente lo mismo. Por eso digo que ahí hay un denominador común.

—En Jujuy el caso de Roxana Mazala que va a una manifestación para pelear contra los femicidos y vuelve a su casa y es asesinada es emblemático. ¿Se puede enmarcar en la revancha machista contra las mujeres que luchan por sus derechos?

—Sí, lo de Jujuy lo estamos analizando por lo menos desde el gobierno nacional junto al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia. También estamos trabajando muy fuertemente con los números de mujeres desparecidas en Jujuy, que son más de diez y todas jóvenes, y si son casos que se vinculan, o no, con redes de trata. No es lo mismo un femicidio íntimo que un femicidio vinculado a la trata de personas. Estamos manejando diversas hipótesis. Estamos trabajando con varias organizaciones y hemos puesto a disposición del gobierno provincial muchas de las herramientas que entendemos que son vitales.

-¿Qué pasa con los funcionarios provinciales que dijeron que era culpa de la víctima por abrir la puerta al asesino?

-Es un problema que un funcionario diga esa barbaridad, porque no hay que decirlo con ningún otro tono, que la culpa es de la mujer porque volvió ahí. Esto lo único que hace es retroalimentar un discurso misógino, un discurso que coloca un problema que es social, es político, es económico, es criminal, en manos de la víctima. A nadie se le ocurriría decir “la culpa es tuya que te entren a tu casa a robar porque vos estabas en tu casa”. A nadie se le ocurriría decir “la culpa es tuya que te maten porque estás vivo”. Y, sin embargo. existen todavía personajes que tienen el tupé de decir barbaridades como esa.

—¿Están sospechando de un sistema de explotación sexual vinculado a la trata de mujeres?

—Nosotros creemos que puede ser una hipótesis. Para poder saber hay que ponerse a investigar y eso es una tarea claramente de los gobiernos locales. Hay algo que sería cómico si no fuese tan triste y es pensar que la solución al problema es dictar un decreto provincial para prohibir los indultos a femicidas. Es una falta de respeto a las mujeres que están desaparecidas, a las mujeres que son víctimas de violencia. No sé cuántos indultos se han dado en la historia de la Argentina a femicidas, ese no es el problema, sino que falta política pública u falta investigación. ¿Se trata de redes de trata? ¿Se trata de una ola de revancha misógina de disciplinamiento? Puede ser.

—El 1° de marzo en las sesiones legislativas el presidente Alberto Fernández decía que este año iba a tratarse el aborto legal. ¿Va a aprobarse la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el 2020?

—El proyecto está listo desde el mes de marzo. Lo trabajamos con el Ministerio de Salud, con Vilma Ibarra, con la secretaria Secretaría Legal y Técnica. En el momento que estaba listo para el envío nos encontró la pandemia. Tuvimos un Congreso cerrado y después un Congreso limitado. Para nosotras sigue siendo una prioridad. El presidente, el 28 de septiembre, que es el Día Internacional del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hizo público, en sus redes sociales, su férrea decisión en que efectivamente tienen que ser ley. Nosotras por ahora entendemos que necesitamos a las máximas autoridades del Ministerio de Salud (a Ginés González García y a Carla Vizzotti) defendiendo y debatiendo este proyecto. Estamos a la espera de que estén dadas las condiciones en relación a la pandemia para poder poner al Ministerio de Salud al frente de esto. No queremos que se envíe el proyecto y ya, queremos que sea ley ¿sí? Nuestro compromiso es con obtener la sanción de la ley. Estamos en el minuto a minuto viendo cuándo estén dadas esas condiciones. Esperemos que sí, que sea ley este año. Así lo deseamos y así lo esperamos.

—El año que viene además tiene la dificultad de ser un año electoral en una Argentina más crispada políticamente. ¿El clima político puede perjudicar también las chances de la trasversalidad con la que se necesita tratar la Interrupción Voluntaria del Embarazo?

—El año electoral tiene incidencia pero no en términos de cómo se ha ido polarizando más el escenario político en este año. Vas a tener muchísimos senadoras, senadores, diputados, diputadas, del Frente de Todes que no votarían a favor del proyecto de ley y vas a tener muchísimos del PRO, de Cambiemos, de la UCR, que van a votar a favor. Es un tema que atraviesa de un modo distinto a la política. La verdadera disyuntiva que está en juego es entre aborto legal y aborto clandestino y sabemos que lo que se juega con el aborto clandestino son las muertes. Yo soy súper respetuosa de todas aquellas personas que por diversas razones entienden que no podrían votarlo, pero hay que saber que estamos condenando a las mujeres pobres a un aborto clandestino y a altas probabilidades de una muerte. Por eso, queremos que el proyecto sea ley.

 

 

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Luciana Peker