Las nuevas medidas tensaron aún más la relación del Gobierno con el campo

El Gobierno nacional y el campo sumaron un nuevo capítulo en su historia de tensiones y rispideces. Si bien la relación nunca fue del todo buena, el malestar se acentuó en los últimos meses, donde los problemas del sector se agudizaron y las decisiones oficiales provocaron un constante choque de intereses.

Si se hace un recuento de los principales inconvenientes que atraviesa el agro, la falta de reglas claras, la presión impositiva, la brecha cambiaria y el financiamiento se erigen como los más importantes, con un protagonismo excluyente del Ejecutivo Nacional, en un contexto de condiciones climáticas adversas, con una profunda sequía y numerosos y grandes incendios.

Los anuncios que realizó el jueves pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conjunto con los de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lejos estuvieron de complacer a los productores y generar la tan mentada “confianza” que reclama el campo. El campo necesita señales del gobierno, para transformarse una vez más en el sector que encabece la recuperación del país, que se encuentra desde hace tiempo inmerso en una crisis y que la misma fue agravada por la pandemia.

El gobierno, en su avidez de dólares que alimenten las menguantes arcas del Banco Central, lanzó una baja temporaria de retenciones a las exportaciones del complejo sojero, que en el caso del poroto de soja bajan desde este mes 3 puntos porcentuales hasta el 30% y progresivamente vuelven a instalarse en el 33%. Para sus subproductos, entre los cuales la harina y el aceite se destacan por su peso, la alícuota pasa del 27-28% en octubre al 30-31% en enero de 2021, restableciendo el diferencial entre los despachos de materia prima y los que tienen algún procesamiento.

Asimismo, el Gobierno nacional anunció el “Plan de Compensación y Estímulo a Pequeños Productores de Soja y Cooperativas”, a un costo fiscal de $11.500 millones y con una segmentación que dependerá de la escala productiva y la distancia de las explotaciones a los puertos. Se trata de una promesa que el gobierno había anunciado en marzo pasado, hace más de 6 meses.

Para los dirigentes de la Mesa de Enlace, los anuncios oficiales -sobre todo, la baja de retenciones- son “medidas aisladas e insuficientes”. Al respecto, remarcaron: “Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retención solo le sirve a algunos actores, que no son los productores agropecuarios. Estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía”.

Para entender cuáles son los problemas que afectan al campo, he aquí un recorrido por los principales reclamos que dirigentes y productores del campo plantearon más de una vez a los funcionarios nacionales:

1 - Reglas claras

Las reglas claras para desarrollar el negocio agropecuario son una demanda central. Para los ruralistas, establecer pautas que aseguren el normal desenvolvimiento de la actividad son indispensables para crear confianza y certidumbre, algo que hoy no existe.

En su comunicado sobre la baja temporal de retenciones, la Mesa de Enlace indicó que “el problema es mucho más hondo e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para con el campo en general, que alteran permanentemente las condiciones en que llevamos a cabo nuestras actividades. La imprevisibilidad y la incertidumbre no permiten que podamos pensar nuestras perspectivas a futuro”.

Según una encuesta publicada ayer por Infobae, 92% de los productores relevados indicaron que la principal demanda del sector es el de reglas claras para desempeñar la actividad. También se mencionó como importante que haya una “planificación estratégica” para el sector.

Para apreciar esto con mayor claridad, cabe mencionar que en lo que va de la presidencia de Alberto Fernández, el esquema de retenciones sufrió ya tres modificaciones, que se suman a los constantes cambios en las reglas para el acceso al mercado de cambios dispuestas por el Banco Central, o la introducción de nuevos impuestos o tasas municipales sobre el sector.

Sebastián Senesi, Director del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA, dijo que "la idea política del gobierno está atravesada por un modelo intervencionista, de baja calidad institucional y fuertes liderazgos. No importan los marcos regulatorios, sino que están definidos por una persona y termina siendo más la imposición por la fuerza de un liderazgo político, que el planteo de reglas de juego que den certidumbre, confianza y previsibilidad”. Según Senesi, eso se traduce en una baja calidad institucional. “Quedás inmerso en la decisión de una persona y no en una decisión colectiva. Esta lógica se traduce después en un modelo donde existen tipos de cambio diferenciales , retenciones, alta carga impositiva y otras medidas en detrimento del campo, cuya visión es totalmente diferente”, remarcó.

2 - Retenciones y presión impositiva

Las retenciones son una disputa histórica entre el campo y el Ejecutivo nacional, que tuvo un hito en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el conflicto de la Resolución 125. La soja tributará en octubre el 30%, pero volverá al 33% en enero de 2021, el trigo y el maíz 12%, la carne 9% y el girasol 7%. A fines del gobierno de Mauricio Macri las alícuotas eran 24,7% para la soja y 6,7% los cereales, con un tope de retención de 4 pesos por dólar exportado. Cuando asumió Alberto Fernández, el tope fue eliminado y soja, maíz y trigo pasaron a tributar lo que pagan en la actualidad. Luego, en marzo pasado, el Gobierno le sumó 3 puntos más a la oleaginosa y provocó un cese de comercialización de granos y hacienda por parte de un sector de la Mesa de Enlace.

La eliminación de retenciones es un reclamo histórico En las “Propuestas del Campo y la Producción” de la Mesa de Enlace, presentadas a todos los candidatos presidenciales en 2019, se las considera "un mal impuesto, que no tiene en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones”.

Para apreciar el impacto sobre el sector, basta mirar la contribución de las retenciones agroindustriaes en el primer trimestre 2020. Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en los primeros seis meses del 2020, el sector aportó por derechos de exportación USD 3.643 millones, casi un 20% de los USD 20.002 millones que exportaron en conjunto las cadenas.

El campo también mostró disconformidad con el restablecimiento del diferencial entre la exportación del poroto sin procesar y sus subproductos, que llegaría al 2% en enero de 2021. Para la Mesa de Enlace esto se traduce en una transferencia de los productores a la industria. Y para la Cámara de la Industria Aceitera “es un paso correcto para equiparar la carga tributaria sobre los productos finales y la materia prima utilizada en el proceso”.

Pero las retenciones son solo una parte de la presión tributaria sobre el sector, que el campo considera “asfixiante”. Según el Índice FADA, que mide la carga impositiva sobre la actividad, en septiembre la participación de los tres niveles del Estado (Nación, Provincias y Municipios) en la renta agrícola era en promedio, del 62%: de cada $100 que genera el campo, $62 van a las arcas estatales.

3 - Brecha cambiaria

La brecha cambiaria es otro problema importante. No impacta solo por la diferencia entre el dólar oficial y los paralelos, sino también por el valor del dólar que cobra el productor, que en el caso de la soja será 30% inferior al oficial, por las retenciones. Más allá de lo que diga el Banco Central, por un dólar de exportación un productor sojero recibe cerca de $57 por dólar de exportación, pero la mayoría de sus costos están dolarizados y no siempre al valor del dólar oficial. Si además pretende comprar dólares deberá pagar casi el triple del precio que a él le reconocieron. En definitiva, el dólar al productor está muy por debajo de las diferentes cotizaciones que hay hoy en el país y que inciden en los precios de sus insumos.

Para el analista del mercado de granos, Carlos Etchepare, “lo que debería solucionarle el Gobierno al productor es el desdoblamiento cambiario que los está matando: por tonelada de soja ingresan al país USD 428. A ese total hay que restarle unos USD 12 de gastos de exportación y un 30% de retenciones, que serían unos USD 130 menos. Quedan entre USD 290 o USD 300; es lo que debería agarrar el exportador y decirle al productor ‘acá tenes’, pero esos dólares van al Banco Central”.

“Entonces, al exportador también le dan pesos, por lo que toma esos USD 300 al cambio oficial y le da al productor $24.000. Pero no son el equivalente a USD 300 sino USD 155, porque si el convierte esos $24.000 en dólares le dan un tipo de cambio de de $140 o $150. No solo no tiene un refugio de valor; si se suman las retenciones y el desdoblamiento cambiario, le quitan en efecto el 63%”, concluyó.

4 - La falta de financiamiento

Para un productor es imprescindible contar con líneas de financiamiento a tasas accesibles. David Miazzo, economista Jefe de FADA dijo al respecto: “Financiamiento de corto plazo hay, por lo menos para sectores como agricultura y ganadería pampeana; me refiero a plazos para descuentos de cheques, tarjetas agropecuarias, líneas del 24%. Son plazos normalmente de seis meses, un año o en algunos casos a tres años. Hay líneas especiales del 24% para descuentos de cheques, a las que el que tiene stock de soja no puede acceder, y eso afecta a gran parte de los productores agrícolas”.

"Lo que casi no hay -dice Miazzo- son créditos de largo plazo, a 5 años por ejemplo, para inversiones más sustanciales, como las porcinas o en tambos, que requieren más plazo. Hay poco y en dólares, pero hoy la gente no quiere endeudarse en esa moneda”.

5 - Relación institucional

Si bien hay reuniones periódicas entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, desde el campo consideran que la cartera no ofrece respuestas y soluciones a los reclamos del sector. Inclusive, tras el último encuentro que mantuvieron, las entidades agropecuarias criticaron las "reuniones inconducentes” y alegaron: “Hemos sido respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia, pero hasta el momento sólo han dilatado los tiempos y no se avanzó en cuestiones urgentes”.

El jueves se sumó un nuevo capítulo: en conferencia de prensa, Basterra criticó al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, y aseguró que tanto esta entidad como CRA y Coninagro se opusieron a la segmentación de los pequeños y medianos productores: “Hemos tenido diez reuniones con la Mesa de Enlace, en ninguna terminamos con discusiones y siempre estamos dispuestos al diálogo. Esto es producto del diálogo con Federación Agraria, se opuso Coninagro, se opuso CRA y se opuso Sociedad Rural a tratar la segmentación a los productores. Nuestro compromiso fue trabajar más hacia las personas que más necesitan”, dijo el ministro.

Al ministro de Agricultura le respondió Carlos Iannizzotto, de Coninagro: "Nuestra entidad está en contra porque segmentar sería una forma de admitir y mantener las retenciones y eso se puede instrumentar a través de Ganancias”, explicó. Y Pelegrina fue al hueso: “estamos empantanados en la relación con el funcionario. No rechazamos las medidas para la agricultura familiar, pues consideramos que hay que tenerla en consideración, pero no es la única parte de la política agropecuaria. Parece que el ministro estuviera más dedicado a eso”.

Es que el jueves se hizo evidente que el gobierno ha elegido como sector para dialogar sobre los temas del campo al Consejo Agroindustrial Argentino. Con la Mesa de Enlace el juego es más de confrontación. Las críticas de Basterra a Pelegrina, seguidas por los elogios al nuevo espacio formado por más de 50 entidades sugiere hacia por dónde quiere hacer pasar la gestión de Alberto Fernández su relación con la cadena agroindustrial.

6 - Tránsito entre provincias

Los traslados interjurisdiccionales de los productores, declarados por el gobierno trabajadores esenciales, han sido una complicación constante durante la cuarentena. Si bien en los últimos meses la situación tendió a normalizarse, ciertas provincias siguen exigiendo protocolos que restringen mucho el ingreso, como San Luis y Santiago del Estero.

Es común que productores tengan o trabajen campos situados en provincias en las que no están radicados. Con la cuarentena, el acceso a los mismos fue afectado y produjo todo tipo de obstáculos a su normal labor. El problema escaló de modo tal que productores, transportistas y comerciantes bloquearon los accesos a San Luis durante cuatro días, en represalia por los restrictivos protocolos sanitarios que la provincia puntana exige no sólo para ingreso, estadía y salida. Ayer, el grupo de autoconvocados que llevaba adelante la protesta levantó los cortes por 15 días tras una reunión con autoridades de San Luis, funcionarios nacionales y dirigentes agropecuarios.

7 - Inseguridad rural

Los hechos de inseguridad en el ámbito rural fueron constantes en los últimos años. Los hechos delictivos más comunes son el robo de producción (sean granos, frutas o ganado), abigeato, incendios intencionales de campos y rotura de silobolsas y otros instrumentos de trabajo. Aunque no son delitos federales, y por lo tanto deben atenderlos las provincias, la escalada de roturas de silobolsas fue tal que el Gobierno nacional decidió intervenir en el tema.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el propio Basterra elevaron la cuestión al Consejo de Seguridad Interior, con la posibilidad de que se generen acciones preventivas en base a información de los ministerios provinciales de Seguridad y de Agricultura y Producción.También el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de penalización (con hasta cinco años de prisión) a los autores de dichos delitos y se elevaron otras iniciativas para su tratamiento legislativo. Hasta el momento, los proyectos se encuentran en diferentes comisiones.

Mientras, los hechos delictivos siguen sucediendo y no ha habido noticias del alcance que tuvieron o podrían tener las acciones oficiales.

8 - Mejoras en Infraestructura

Se trata de otro reclamo histórico del campo: una infraestructura que permita la salida de la producción de los establecimientos rurales hacia los centros de comercialización, con caminos rurales y rutas en buen estado. Según el Consejo Vial Federal, hay 589.410 kilómetros en la red de caminos rurales, un 26% de jurisdicción provincial, y un 73% municipal. Los productores también piden mejorar la conectividad en el ámbito agropecuario.

Semanas atrás, Coninagro pidió al gobierno un relevamiento real y actualizado de la red de caminos, características y estado en la mayor parte de las provincias. “Es necesario plantear un plan de mejoras prioritario para la red troncal de caminos rurales que garantice una transitabilidad de al menos el 90%", señaló. "Es el primer paso para dar conectividad a los principales corredores productivos del país, optimizando la logística, reduciendo costos, y haciendo viable la vida rural”, dijo su titular, Carlos Iannizzotto.

9 - Actualizar la Ley de Emergencia Agropecuaria

Aquí el Gobierno no tiene nada que ver, pero que las condiciones climáticas jueguen en contra de la producción, altera los ánimos de los productores. Vastas zonas agrícolas, como el norte del país y Córdoba atraviesan una fuerte sequía. La falta de agua impactó de lleno en la campaña de trigo, que en un principio se proyectaba como récord con una estimación de producción de 22 millones de toneladas, pero hoy se esperan 17,5 millones de toneladas. Y también impactó en la campaña gruesa apenas iniciada.

Para hacer frente a la difícil situación climática, desde hace tiempo el campo viene reclamando una actualización de los montos del Fondo de Emergencia Agropecuaria, que continúan siendo de 500 millones de pesos, tal como era en el momento que se aprobó, años atrás. También, hay un histórico reclamo de implementar un seguro multirriesgo, para que los productores puedan contar con algún respaldo frente a momentos complicados en lo climático.

La sequía derivó en incendios en Córdoba, Chaco, Formosa, San Luis, Entre Ríos, por mencionar algunas provincias. En medio de esta situación, generó mucho enojo en el sector las afirmaciones del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, quien acusó a los productores agropecuarios de ser quienes provocan los incendios en las islas entrerrianas. “El 95% de los fuegos son intencionales y provocados”, dijo el ministro. "Apagamos el fuego y los mismos isleños, a instancias de los productores, vuelven a encenderlo al otro día”, afirmó el funcionario. En respuesta a esas declaraciones la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) señaló: "señor Juan Cabandié, sabemos que usted no tenía preparación previa para un cargo como con el que lo han honrado, pero debería honrar el cargo instruyéndose al menos en cosas básicas como que la baja humedad relativa, los vientos fuertes, las altas temperaturas de estos días, la vegetación arbustiva y leñosa que permanece encendida internamente, son características suficientes para que el fuego se reinicie”.

Fuente: Infobae