Mosquera a la Legislatura por caso Blas

El inexplicable crimen de Blas Correas perpetrado por agentes de la Policía de Córdoba visibilizó, de una forma exponencial, el modus operandi con el que las fuerzas de seguridad aplican la represión, a punto tal que una semana antes del asesinato, desde la Justicia provincial se les solicitó a las autoridades de la fuerza que revisaran la formación de los agentes ante los reiterados casos de gatillo fácil.

Semejante barbarie produjo reacciones inmediatas en la sociedad, que marchará mañana por las calles de nuestra ciudad para exigir justicia; la imputación de los autores materiales del crimen agravados por su condición de servidores públicos; y un duro cuestionamiento político de todo el arco opositor en la Legislatura provincial, que ayer se reunió de manera virtual para fijar la misma posición detrás del pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que inicialmente realizaron los bloques de Córdoba Cambia, presidido por el legislador Orlando Arduh, y Encuentro Vecinal Córdoba, de Aurelio García Elorrio.

Con severos reproches, ambos espacios dejaron expresado en los fundamentos de la citación a Mosquera a la Unicameral que “los casos de abusos de autoridad y arbitrariedad por parte de muchos integrantes de las fuerzas de seguridad se están repitiendo cada vez con mayor frecuencia”, y que “es evidente que ninguno de los objetivos previstos en el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana, y el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, se están concretando”.

Como consecuencia de la embestida política, el gobernador Juan Schiaretti le habría ordenado al titular de la cartera de Seguridad que concurra hoy a la Unicameral para dar las respuestas que le obliga su cargo para explicar la razón en la reiteración de los casos de gatillo fácil en Córdoba, según dejaron trascender fuentes del Ejecutivo provincial a HOY DÍA CÓRDOBA.

En los recientes fundamentos del fallo judicial del estruendoso caso del tiroteo en barrio Nueva Córdoba, en el que el policía Franco Ferraro murió por una bala disparada de una pistola Bersa Thunder Pro nueve milímetros que, si bien tenían en su poder los delincuentes, formaba parte del lote de 72 armas policiales que fueron robadas de Jefatura a principios de 2015, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, dejó en claro que la fuerza encubrió los hechos ocurridos, al menos por “falta de capacitación”. 

La cámara integrada por Eugenio Pablo Pérez Moreno, Marcelo Nicolás Jaime, y Juan Manuel Ugarte instaron al gobierno de Córdoba a que capacite a la Policía para la “debida protección en sucesos como el aquí juzgado”; “al manejo de la escena del crimen”; y “específicamente, a la adecuada preservación de evidencias; para evitar que en el futuro se repita lo advertido en el presente proceso”. 

“Han quedado evidenciadas en los presentes obrados, falencias en su intervención profesional en su rol de auxiliar colaborador del Ministerio Público Fiscal, en su deber de actuar en la investigación de los delitos de acción pública”, principalmente en lo que respecta a “impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores”, a “individualizar a los culpables”, y a “reunir las pruebas útiles”.

Dos años antes, en 2017 la misma Cámara describió con lujo de detalles cómo agentes de la fuerza intentaron justificar los casos de gatillo fácil, casi un manual al que siguen, y que quedaron expuestos en el acribillamiento de Blas Correas. 

Un antecedente sensible

En la causa que sentenció a prisión perpetua a los policías Fernando Alberto “Guere” Pellico y Maximiliano Peralta, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba señaló en los fundamentos de la sentencia que “el personal policial disparó -sin motivo alguno- directamente sobre la humanidad de las víctimas”, que “no existió enfrentamiento armado alguno” (como esgrimieron los condenados); que “las víctimas estaban desarmadas”, que “la policía no encendió sirenas, balizas ni impartió orden alguna; y que “el personal policial no estaba legitimado para actuar en contra de Pellico y Peralta. También evidenciaron que “el impacto de bala que presenta el móvil policial interviniente fue realizado por un sujeto o personal policial después del hecho” que el policía Leiva “procuró, esa misma noche, encontrar un arma de fuego para plantar en la escena del hecho”. 

Encontró además una “falta de concordancia entre las constancias escritas del 101 de la Policía, y los registros de audio grabados por esa misma repartición”, lo que probó que “existió una decisión de algunos jefes policiales en procura de hacer pasar como una “muerte justificada producto de un enfrentamiento armado” y se demostró que se trató de un “homicidio calificado, configurativo de una reprochable cadena de complicidades”.

Precisamente, esa cadena de complicidades -que evidentemente sigue accionando- es la que debe dilucidar la Justicia provincial mientras que las explicaciones acerca del accionar policial en este caso –como en tantos otros- las debe dar el ministro Mosquera, en el ámbito de la Unicameral, con o sin interpelación.

Fuente: Hoy Dia Cordoba