El Gobierno avanza para desplazar a jueces de tribunales clave

En medio de la anunciada reforma judicial y la intención de analizar la ampliación de la Corte Suprema, el Gobierno nacional reclamó formalmente una revisión sobre el traslado de diez jueces, entre los que están dos magistrados de la Cámara Federal a los que el kirchnerismo apuntó especialmente: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

En la lista también figura uno de los integrantes del Tribunal Oral que tiene en sus manos el futuro juicio de la causa de los cuadernos, Germán Castelli, y hay tres jueces que revisan cuestiones electorales. Además aparece el nombre de Federico Villena, el magistrado que hasta hace unas semanas tenía la causa por el llamado “espionaje M”; y de Eduardo Farah, quien estuvo en la Cámara Federal de Comodoro Py y pidió su salida luego de firmar un fallo que liberó momentáneamente a los empresarios Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa.

Según la nota a la que accedió Infobae, el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, -por estas horas aislado por Covid-19- presentó este jueves la iniciativa en el plenario virtual ante la diputada Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados.

La idea, dijeron a este medio fuentes del organismo, sería incorporar ya mismo el tema a la próxima reunión para analizarla. Podría tratarlo este jueves si se confirma la convocatoria. Cómo instrumentar a partir de allí la pretensión del Gobierno está por verse y es lo que se discutirá en la comisión.

Ahí estará el debate. Si el Consejo encuentra fallas en esos traslados, tiene dos caminos: “una opción es pedirle opinión a la Corte Suprema; la otra es elevar un pronunciamiento al Ejecutivo para que eventualmente mande los nombres al Senado a ver si los aprueban”, explicó a Infobae uno de los consultados.

”Si se decide que algunos de los traslados estuvo mal hecho, habrá que volver para atrás”, dijo otra de las fuentes que analiza la cuestión. Eso implica que el juez cuestionado tendrá que regresar a su tribunal de origen, siempre y cuando la vacante que haya dejado no esté ocupada. Mientras tanto, los lugares clave tendrán que ser ocupados con una subrogancia mientras se defina el juez titular que lo desplace a través de concurso. Esta semana el Consejo aprobó una lista de conjueces para las subrogancias.

La jugada se lee en clave política. Sobre todo teniendo en cuenta que dos de los jueces cuestionados -Bruglia y Bertuzzi- ocupan la Sala I de la Cámara Federal, que revisa causas de corrupción. Fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri y revisaron los fallos que dictó el fallecido Claudio Bonadio en la megacausa cuadernos: confirmaron varios procesamientos contra CFK y sus ex funcionarios, aunque también revocaron otros y le dictaron faltas de mérito. Ratificaron, no obstante, que existió una asociación ilícita encabezada por ella que recaudaba coimas entre empresarios que hacían negocios con el Estado.

Bruglia confirmó además los procesamientos de la vicepresidente junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur. A Bertuzzi, además, se le achaca haber dictado la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou, antes de su pase a la Cámara Federal y que esa decisión le valió el cambio de tribunal.

Los dos jueces integraban el Tribunal Oral Federal 4 y desde allí pasaron a la Cámara Federal. Si la intención del oficialismo prospera, los dos deberían volver a su tribunal de origen. Pero en el caso de Bertuzzi no es en Comodoro Py, sino en La Plata, según la nota de Ustarroz. El juez concursó y fue designado para integrar el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Pero en 2010 -durante el gobierno de Cristina Kirchner- fue trasladado al TOF 4 de Retiro. Lo que el oficialismo objeta es que con el pase de La Plata a Comodoro Py se violó la jurisdicción, y cuestiona también su pase del TOF 4 a la Cámara Federal.

La apuesta del kirchnerismo de revisar los traslados de Bruglia y Bertuzzi ya la había intentado el hoy ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro desde el Consejo antes de integrar el Gobierno de Alberto Fernández, y ahora la impulsa su hermano de crianza, representante del Ejecutivo en la Magistratura. En ese momento hubo gestiones subterráneas que nunca se concretaron para poder accionar esa salida de la Cámara Federal porteña. Bruglia y Bertuzzi sostuvieron y sostienen que su traslado está avalado por la Corte Suprema, a través de la acordada 7/18.

Esos lugares tienen una significancia mayor en el actual momento de la Cámara. Si Bruglia y Bertuzzi salen habrá cuatro lugares para ocupar de los seis que tiene el tribunal. Ya hay un concurso abierto para ocupar dos de esos cargos en la Sala II. Y hay una terna de elegidos para ocupar esos dos cargos -entre los cuales está el abogado Roberto Boico y el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Ese número podría entonces modificarse de cuatro vacantes o a tres -si es que deciden también impugnar el traslado de Eduardo Farah a San Martín y devolverlo a su despacho de Comodoro Py-.

Farah quedó bajo la mira macrista. Fue uno de los que procesó a Mauricio Macri en la causa de las escuchas antes de que llegara a la Casa Rosada. Junto al juez Martín Irurzun, confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa por encubrimiento al atentado la AMIA por el Memorándum con Irán. En marzo de 2018, firmó el fallo -junto al renunciado Jorge Ballestero-, que cambiaba la calificación en la causa Oil Combustibles y dispuso la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa -algo que más tarde revocó Casación-. El entonces jefe de Estado salió a cuestionarlo. Después de eso, el juez pidió su traslado a San Martín -previo paso por un Tribunal Penal Económico-.

El origen de la polémica

Los traslados son un mecanismo que instrumentó el propio Consejo de la Magistratura hace 20 años. De hecho, uno de los traslados que se está cuestionado ocurrió hace 17 años. ¿Como se hace? Un juez solicita al Consejo pasar a otro tribunal vacante que aún no haya sido llamado a concurso. Los requisitos hablan de una antigüedad de cuatro años en el cargo donde cumple sus funciones, tener la misma competencia o similar, la misma jurisdicción y la conformidad del tribunal al que pretenden ir. El Consejo de la Magistratura analiza la petición, la aprueba y le recomienda al Ejecutivo el traslado, que es el que lo estudia y, si lo acepta, lo publica en el Boletín Oficial para que se concrete.

Desde que rigió la política de traslado, se concentraron más de medio centenar de pases. Incluso Cristina Kirchner firmó 23 traslados. Pero en los primeros años de la gestión de Macri se habilitaron una decena, muchos de los cuáles fueron para los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción.

El kirchnerismo siempre criticó ese mecanismo usado en la gestión macrista. El caso más famoso fue el de Carlos Mahiques, el juez que fue durante seis meses ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y pasó en 2017 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal -donde cumplía funciones- a la Cámara Federal de Casación Penal, el fuero que revisa todas las causas de corrupción. La polémica, sin embargo, se generó cuando el Consejo de la Magistratura decidió a fines de 2017 convertir el Tribunal Oral en lo Criminal 10 en el Tribunal Oral Federal 9. Casación lo incluyó entre los sorteos y fue elegido para llevar adelante la causa contra Cristina Kirchner por el Memorándum y la Obra Pública.

Pero en marzo de 2018, la Corte Suprema Justicia decidió intervenir e invalidó al flamante TOF 9. En la acordada 7/2018, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti sostuvieron que si bien los traslados era una vía excepcional válida, deberían contar con el aval de la Cámara de Senadores cuando el pase se haga a un tribunal de otra competencia. La interpretación de esa acordada del máximo tribunal es lo que se pondrá en discusión.

En su indagatoria ante el tribunal que la juzga por el caso de la obra pública, en diciembre de 2019, antes de jurar como vicepresidenta, Cristina Kirchner hizo hincapié en estos traslados y en el jury que se activó contra el juez Eduardo Freiler, que integraba la Cámara Federal hasta 2018. La ex jefa de Estado enmarcó estos movimientos en lo que ella considera el “lawfare” del que fue víctima, la guerra política a través de los tribunales.

La presentación del Ejecutivo en el Consejo

Aprovechando dos pedidos de traslado, Ustarroz escribió en su presentación ante Camaño: “Considero necesario y oportuno que este Consejo de la Magistratura fije parámetros claros y precisos sobre el instituto del traslado de magistrados del Poder Judicial de la Nación. Ello, con el claro propósito de echar luz y conferir al Poder Ejecutivo de la Nación directrices certeras a partir de las cuales podrá examinar acabadamente el cumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos en las solicitudes de traslados que se someten a su consideración así como los procedimientos que deben observarse conforme a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El representante del Ejecutivo señaló que era “pertinente reparar” en los traslados que se habían concretado desde 2000 y los dividió en tres categorías. El grupo A, integrado por 11 magistrados, eran los que habían cumplido con todos los requisitos del reglamento; el grupo B, integrado por 17, son los que no habían cumplido con esas pautas pero “no ha existido vulneración alguna al procedimiento constitucional de designación de jueces inferiores de la Nación -entre los cuales aparece uno de los jueces que lleva adelante el TOF de la obra pública-; y el grupo C, un listado de diez jueces, son “los traslados propiciados por el Consejo de la Magistratura de la Nación en colisión con los arts. 99 inc. 4 y 114 de la Constitución Nacional” y las acordadas de la Corte Suprema.

La mayoría de los traslados del “grupo C” fueron concretados bajo la gestión de Macri. Entre los traslados objetados hay tres jueces electorales -de Posadas, Jujuy y Resistencia-, porque cuando concursaron no lo hicieron para ocupar cargos electorales. A la jueza de Posadas la trasladó Cristina Kirchner.

El listado es el siguiente

*Zunilda Niremberger. Jueza de la Traslado del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 al Número 1 de Resistencia, en Chaco. No concursó para ser jueza electoral y tampoco cuenta con acuerdo del Senado para ejercer competencia electoral. Es distinta la competencia material.

*Juan Manuel Iglesias. Traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos -no habilitado- al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Chaco. Concursó para ser juez federal de la Provincia de Entre Ríos y no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse como magistrado federal de la jurisdicción de Chaco (Distinta jurisdicción).

*Leopoldo Bruglia. Traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I). Bruglia nunca concursó fue designado magistrado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. No cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse como integrante de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal. Es distinta la competencia en razón de la materia y del grado.

*Eduardo Farah. Traslado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala II) al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1. Y de ahí Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín (Provincia de Buenos Aires). Farah concursó para ser juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse ni como juez del fuero Penal Económico ni tampoco como juez federal de la jurisdicción de San Martín (Distinta competencia en razón de la materia y del grado, y distinta jurisdicción).

*Germán Castelli. Traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín, provincia de Buenos Aires al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de Capital Federal. Castelli concursó para ser juez federal de San Martín y no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse como juez federal en la jurisdicción de la Capital Federal (Distinta jurisdicción).

*Esteban Hansen. Traslado del Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, Jujuy al Juzgado Federal Nº1 de Jujuy. Hansen no concursó para ser juez electoral y tampoco cuenta con acuerdo del Senado para ejercer competencia electoral (Distinta materia).

*Pablo Bertuzzi. Traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, provincia de Buenos Aires al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal. Res. CM 46/2010 (18/03/2010). Decreto PEN 438/2010 (06/04/2010)17. Traslado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I). Bertuzzi concursó para ser juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata. No cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse en la justicia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Distinta jurisdicción y distinta competencia en razón de la materia y del grado).

*Federico Villena. Traslado del Juzgado Federal de Moreno, provincia de Buenos Aires al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora. Villena concursó para ser juez de la jurisdicción de San Martín y además no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse como magistrado federal de la jurisdicción de La Plata (Distinta jurisdicción).

*Enrique Velázquez. Traslado del Juzgado Nacional de Instrucción n°36 al Juzgado Nacional de Menores n°7. (2002). Velázquez no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse como magistrado en el fuero nacional de menores (Distinta competencia material).

*María Verónica Skanata. Traslado del Juzgado Federal de Oberá, Misiones al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Posadas, Misiones. Es decir otra jurisdicción, no cumplió con antigüedad y tiene competencia electoral.

”En razón de todo lo expuesto, y con el alto propósito de colaborar con el correcto y eficaz funcionamiento del servicio de justicia, propongo que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial someta a su consideración los traslados de magistrados detallados y dictamine sobre sus alcances”, sostuvo Ustarroz. Un integrante del oficialismo que trabaja en el tema señaló que no desconoce “el alcance político” del planteo porque quedarían vacantes lugares apetecibles para el poder. “Pero hay que poner una regla única sobre los traslados porque siempre se hizo lo que se quiso, inclusive durante el gobierno de Cristina. Pero lo que hizo el macrismo superó todo”, explicó.

Sorpresa y reacciones

“Nunca los revisaron en 20 años y los vienen a cuestionar ahora”, dijo a Infobae uno de los magistrados que integran la nómina. “Esta jugada tiene nombre y apellido. Es gravísimo. Mañana se van a poner a revisar la conformación de las ternas de jueces porque no cumplieron requisitos y también los van a querer sacar”, añadió.

Con la nota del Ejecutivo sobre la mesa, Infobae hizo una ronda de consulta dentro del Consejo de la Magistratura para saber cómo avanzará el tema. Uno de los consultados explicó que la idea “es acomodar el tema tema de los traslados que siempre son un caos” y planteó que “en el gobierno de Macri se hicieron traslados a jurisdicciones para amigos pero no había un criterio unívoco”.

”La idea es analizar la situación de los que la nota pone como irregulares y hacer una consulta a la Corte para preguntarle qué pasa cuando se traslada a un juez de una instancia a otra o si el traslado tiene carácter permanente o temporario. Darle un punto final al tema del traslado para tener un único criterio. Y si se define que algunos traslados fueron errores, la idea es volver para atrás”, explicó.

Sin embargo, el tema promete ser un foco de conflicto. “El Consejo no tiene nada que decir porque los traslados son algo que define el Poder Ejecutivo. El Consejo no puede volver a revisar sus actos. Es una cuestión de derecho administrativo y la única posibilidad de que eso caiga es por un fallo judicial. Los criterios hay que unificarlos de acá para adelante, no para atrás”, dijo uno de los integrantes del Consejo que deberá analizar el tema.

La judicialización es otra vía que muchos consideran posible. O desde el Consejo o los propios jueces afectados podrían iniciar una causa judicial para discutir el tema. Final abierto.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Patricia Blanco y Martín Angulo