Alerta del Consejo al Gobierno: a partir de junio no hay más fondos para sueldos judiciales

El Presupuesto para el funcionamiento del Poder Judicial alcanzará hasta mayo. Más allá, no es posible asegurarlo y la advertencia sobre la imposibilidad de pagar sueldos quedará patente a partir de junio. El crítico “rojo” en las cuentas judiciales fue plasmado formalmente este jueves en una reunión plenaria virtual que llevó a cabo el Consejo de la Magistratura, donde se votó hacer un pedido por escrito de partidas presupuestarias a la Jefatura de Gabinete. Y poner en conocimiento a la Corte Suprema, en un tironeo solapado por el destino del denominado Fondo Anticíclico, una caja que resulta atractiva y que, hasta ahora, se había mantenido inmaculada como la fuente ahorro (y poder) del máximo tribunal. Hubo consenso total en elevar la nota al Ejecutivo para hacerle frente a los gastos motivados por las medidas sanitarias de la pandemia, y por las reformas tecnológicas que quedaron a la vista como imprescindibles para mantener funcionando el servicio de Justicia. Comenzará una negociación con la Corte.

El reclamo por el Anticíclico fue enfatizado desde el estamento político por la diputada Graciela Camaño. Aseguró que esa reserva fue creada precisamente para causas excepcionales, como la que atraviesa el país hoy. Los representantes de los jueces -Alberto Lugones, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo- fueron los más resistentes para tomar una medida que diese a entender qué tenía que hacer la Corte con ese dinero, o cómo debería administrarlo en un contexto de crisis. Sí avalaron ponerla en conocimiento de manera oficial de algo que, en definitiva, la Corte ya sabía. Los jueces son los que tienen la certeza de que se podría abrir una puerta negociadora con la Corte si se lubrica un canal de diálogo y no bajo la premisa de forzar que rompa su alcancía para pagar gastos corrientes. La administración del Poder Judicial es un problema de antigua data donde las previsiones constitucionales son letra muerta. La emergencia del coronavirus demostró lo frágil que es una estructura de contingencia digital que permita, siquiera, soñar con el “expediente digital” en funcionamiento.

De hecho, desde que en 2008 Ricardo Lorenzetti impulsó la creación de “Anticíclico”, recién ahora se “abrió” para financiar algunos gastos sanitarios de la Corte, algo que motivó que hubiese “ruido” en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Para entender el escenario se deben tener en cuenta las premisas del tironeo: para tribunales, existe “una Corte rica, con una Justicia pobre”; por el contrario, desde el máximo tribunal ven que es el Gobierno el que debe aportar las partidas para el funcionamiento normal como está establecido normativamente, y que el Consejo es una usina de malas decisiones en materia administrativa. Son $30 mil millones resguardados en plazos fijos. No solo Lorenzetti, sino el resto de sus colegas entienden la necesidad estratégica de no ceder alegremente el manejo de ese dinero. Ya habían recibido varias insinuaciones informales sobre la intención del Gobierno de ir tras esa caja y de forzar que sea la Corte la que salga a cubrir el rojo en una crisis que se agravó con la pandemia. El cálculo aproximado del déficit para este año es de $25 mil millones, en parte iba a ser aliviado por el giro de $7.500 millones del Tesoro. Contando ese dinero, en junio ya estaría en descubierto. Menos percepciones y reparto, aumento salarial de salarios judiciales que acompañó en gran medida la inflación por sobre la media y un Presupuesto 2019 lleno de “suplementos” para estirarlo conforman un combo crítico.

El ala “política” del Consejo era la más interesada en sumar presión a la Corte. Camaño advirtió que “en dos meses no vamos a tener disponibilidad para el pago de los salarios y nosotros somos los responsables”, e invitó a que “busquemos soluciones alternativas y que nos expresemos ante la Corte en el sentido de que el fondo anticíclico debe ser usado: debemos poner a consideración de la Corte que en dos meses no podemos pagar los sueldos”. Lugones ya le había adelantado a Carlos Rosenkrantz la problemática hace unos días. Ahora lo enfatizó. ¿Será el futuro negociador con el cuarto piso? De todas formas, el ánimo de ayer no fue confrontar con la Corte pero anticipa un escenario preocupante: salarios en riesgo y poca o nula capacidad para implementar mejoras tecnológicas en medio de un aislamiento que puede prolongarse más allá del fin de la cuarentena general. Los rostros de los asesores del propio Consejo mostraron que había poco de “puesta en escena” en la advertencia. Los más optimistas ven como ineludible que el Gobierno -pasada la pandemia- salga del laberinto por arriba con una gran reforma que optimice todos los procesos y estructuras que se reportan defectuosas en una contingencia.

El punto que quedó para ser discutido en la próxima videoconferencia fue el reclamo de la abogacía encabezado por Marina Sánchez Herrero, en nombre de los abogados del interior, para la normalización de la actividad en tribunales de manera digital. Ese reclamo viene sumando presiones de diversa índole, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde se puso en cuestionamiento la orden de la Suprema Corte PBA.

Con inforamción de www.ambito.com sobre una nota de Gabriel Morini