Financiera trucha: "Es sólo plata y no amores"

El juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, ordenó la excarcelación de uno de los cinco detenidos e imputados provisoriamente por presunta intermediación financiera ilegal y lavado de activos, por el caso de las financieras ilegales, y confirmó la exención de prisión para un sexto sospechoso, que siempre se mantuvo en libertad. A ambos les impuso el pago previo de una caución de siete millones de pesos y la prohibición de salir del país para hacer efectiva la excarcelación.

La novedad se conoció este jueves luego de que el magistrado analizara la situación de Pablo Rueda y otro hombre de apellido Becerra (ninguno fue indagado aún). Se sospecha que realizaban operaciones ilegales de compra y venta de divisas. El pedido de excarcelación fue solicitado por el abogado de ambos, Tristán Gavier, a lo que accedió finalmente el juez, indicó una fuente judicial.

Rueda es uno de los cinco detenidos e imputados por intermediación financiera no autorizada (ilegal) y lavado de dinero junto a Diego Sánchez, María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli y Martín Azar. El sexto acusado, Becerra, nunca estuvo detenido, por lo cual su abogado solicitó la exención de prisión para poder mantener así la libertad.

El juez accedió al pedido para Rueda y Becerra, pero les impuso que, antes, el pago de una caución de siete millones de pesos a cada uno. De esta forma, podrán presentar valores monetarios, como el efectivo (a depositar en una cuenta del Banco Nación a nombre del Juzgado Federal N°2), vehículos o propiedades hasta cubrir la totalidad del monto.

Entre las medidas, Sánchez Freytes ordenó la prohibición de salir del país y comparecer cada 15 días ante el juzgado para asegurar su presencia durante la investigación.

De acuerdo a lo que pudo conocerse, Rueda y Becerra habrían tenido una menor participación y de características diferentes en la "cueva" que habrían liderado en el mismo edificio que la la financiera "más grande", aparentemente montada por Sánchez y Azar para realizar otro tipo de operaciones ilegales.

Hasta ahora, no surge que Rueda y Becerra hayan tenido algún tipo de vinculación societaria con Sánchez y Azar. 

 
Imputados

Más temprano, el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, había informado sobre las imputaciones provisorias de los cinco detenidos por las financieras de barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba. 

La investigación comenzó hace un año y cuatro meses a partir de la denuncia de un inversor que observó movimientos sospechosos con cheques en una de las dos financieras. Una funcionó hasta el 12 de febrero en el edificio ubicado en Pedro Laplace al 5442, de barrio Villa Belgrano, y la otra en cercanías de ese lugar, de acuerdo con la reconstrucción que realizó La Voz de diversas fuentes con acceso al expediente.

La operatoria sembró dudas en el inversor, que decidió denunciar el caso en la Justicia federal. El fiscal Vidal Lascano, y el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, iniciaron una investigación que, al menos en esta etapa, les permitió detectar varios millones de pesos, lingotes de oro, armas de caza sofisticadas y vehículos de alta gama en 13 allanamientos.
En los allanamientos, llevados a cabo por la Gendarmería Nacional y Afip, se secuestraron 8.853.006 pesos argentinos, 1.138.256 dólares estadounidenses, 5.795 euros, 296 mil pesos chilenos, 140 mil guaraníes, 50 libras, 10 soles peruanos, 10 deset kuna (croata), 9.000 liras. 

Asimismo, se incautaron 465 cheques, cinco lingotes de oro, dos billeteras virtuales, 87 pagares, joyas de oro, 12 armas largas, cuatro escopetas, tres pistolas, 412 municiones de diversos calibres, cuatro cargadores, 17 pendrives, seis notebooks, dos máquinas de contar billetes, 13 pasaportes y otra documentación, según precisó Gendarmería.

El mecanismo bajo sospecha

La operatoria de al menos una de las financieras (que no estaba legalmente constituida y habilitada, como en el caso de CBI Cordubensis) consistía en transferir dinero al exterior de forma ilegal.

“Intermediaba comprando y vendiendo dólares fuera del circuito legal. Era una ‘cueva' importante”, contó una de las fuentes. “No tenía la exposición pública como CBI que tenía locales en el Dino. Era una ‘CBI’ en escala menor”, graficó. 

Las transferencias se hacían en conexión con bancos de China y de Estados Unidos. De acuerdo a los datos preliminares, los tenedores de importantes montos de dinero transferían los volúmenes al exterior “por una vía no autorizada, no permitida”, señaló el informante. 

Con la denuncia del inversor, se realizaron escuchas teléfónicas, en las que se logró dilucidar diálogos que expresarían la mecánica diaria de las transacciones de una de las financieras, que hacía algunos años que funcionaba. 

Detenidos e imputados

El fiscal pidió las detenciones de Rueda, Sánchez, Martínez, Manelli y Azar, hijo de un excamarista (jubilado) del Poder Judicial de Córdoba.

Los cinco están detenidos (Manelli y Martínez recibieron el beneficio del arresto domiciliario por ser madres de hijos menores de edad) e imputados de forma preliminar por presunta intermediación financiera no autorizada y supuesto lavado de activos, según precisaron tres fuentes judiciales a La Voz.

"Es una imputación provisoria por lo cual han sido detenidos y allanados", explicó Vidal Lascano. 

"Cuando pedí la detención y los allanamientos es porque considero esas figuras de evasión: intermediación financiera ilegal y lavado de dinero. Y, eventualmente asociación ilícita fiscal y transferencia ilegal de divisas", agregó. 

En este último caso, el fiscal analizará además si existió contrabando de divisas al y desde el exterior. Pero debe evaluar el contenido de los CPU secuestrados hace unos días. Con esa información, promoverá formalmente el requerimiento de investigación con las imputaciones, para que el juez llame a los acusados a indagatoria. 

Por su parte, está bajo análisis el listado de los "inversores" que entregaban el dinero a una de las "cuevas" para sacarlo de del país. “Nos podemos encontrar con una caja de pandora”, explicó una fuente sobre los nombres que pueden comenzar a aparecer. “Perejiles no hay ninguno. Puede haber inversores chicos”, amplió. 

Los técnicos informáticos deben analizar los CPU secuestrados para descifrar las operaciones y nombres incluidos en ellas, lo que permitirá detectar a más involucrados (y potencialmente nuevos detenidos) en el mecanismo. No está descartado que el dinero a transferir pudiera tener un origen ilegal. 

Fuente: La Voz, sobre una nota de FEDERICO NOGUERA