Piden bajar prisiones preventivas si medios de comunicación afectan "principio de inocencia"

En medio de las críticas constantes de Cristina de Kirchner hacia el denominado “lawfare” y las denuncias en curso contra exmiembros del Ejecutivo macrista, cinco senadoras del Frente de Todos presentaron un polémico proyecto de ley para declarar “nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

La iniciativa fue presentada a fines de diciembre pasado por las senadoras del Frente de Todos, María Eugenia Catalfamo, María Pilatti Vergara, Ana Claudia Almirón, Nancy González y Ana María Ianni. “Este improcedente accionar que hemos visto en los últimos años se ha reflejado en el uso constante e indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política y social, con objetivos claros de destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros”, fundamentan las legisladoras.

El proyecto también incluye como causales para anular prisiones preventivas el “incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso”; el “abuso y/o incumplimiento de presupuestos legales analizados bajo estándares de escrutinio estricto para el dictado de prisión preventiva”; la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”; y “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones y/o direccionamiento en los sorteos de jueces”.

Dentro del combo también aparecen la “intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”; la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”; y la “inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.

Para las senadoras, es necesario “considerar un tópico sobre el impacto de la actuación de ciertos medios de comunicación social sobre la realización de los juicios”. Y agregan: “Dado que lo expuesto involucra cuestiones ligadas al ejercicio de la actividad periodística, hemos de considerar la jurisprudencia del sistema más restrictivo en materia de censura e imposición de responsabilidades ulteriores, cual es el de la Primera Enmienda que la Constitución de Estados Unidos recoge”. Sobre este punto, las legisladoras kirchneristas argumentan: “Este sistema anglosajón es reconocido por nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación como baremo de interpretación de nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional. En tal sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene jurisprudencia uniforme al decretar la nulidad de casos en los que la divulgación de noticias afectaba el derecho a un juicio justo. Aun cuando se trata de juicios con jurados. Así, la Corte ha sostenido que uno de los derechos fundamentales emergentes de la Sexta Enmienda es que los diarios no pueden privar al acusado del derecho a un juicio justo”.

Fuente: Infobae