Alberto Fernández busca un guiño de la Corte para cambiar las jubilaciones de los jueces

Alberto Fernández quiere una reforma del régimen de jubilaciones de privilegio de la Justicia, explora un menú de opciones y masculla una certeza: ningún cambio será solido y duradero sin un diálogo con la Corte Suprema

En febrero, a su regreso de Europa, donde tendrá su primer "Santa Marta" con el Papa Francisco, estarán redactado los cambios que quiere introducir a la ley 24.018, la que regula jubilaciones de presidentes, vices, cortesanos, jueves y diplomáticos. Formará parte de las sesiones extraordinarias, que tendrán su agenda central en febrero. 

Esa norma le dio, en diciembre, su primer disgusto como presidente: cuando con la Ley de Emergencia frenó la suba de las jubilaciones de más de 19 mil pesos, prometió que alcanzaría a los haberes de jueces, pero hasta ahora no pudo avanzar.

En el Congreso se concluyó -en Gobierno, algunos lo habían anticipado- que se trataba de un régimen especial y sería frenado en la Justicia. Para evitar que se caiga toda la ley, se lo excluyó de la emergencia y Fernández pagó un costo: el ajuste no alcanzó a los que cobran jubilaciones de, en muchos casos, seis cifras.

​"Los jueces son los guardianes de las garantías de los jueces" apuntaron, con ironía, en un despacho de Casa Rosada. La afirmación sigue vigente para el futuro mediato: cualquier cambio, explican dos funcionarios a Clarín, pueden ser frenados por un magistrado.

El albertismo analiza una triple variable. "Los jueces aportan 12% pero se pueden jubilar a los 60 años y cobran 82% móvil" y están dentro del sistema general de reparto que es "deficitario". "Hay que buscar un punto de compensación: o aumentan aportes o bajan el 82%" sintetiza la fuente a este diario.

Cualquier cambio, lo sobre explican, es para los futuros jubilados no para los actuales como ocurrió con el Impuesto a las Ganancias. Desde hace un par de años, y luego también de una fuerte presión del resto de los poderes y la opinión pública, los nuevos magistrados tributan ese gravamen.

Fernández puso a la ministra de Justicia Marcela Losardo y al de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz a trabajar en la redacción de ese texto, convencido de que cualquier cambio debe ser "conversado" con la Corte si no quiere terminar en una declaración de inconstitucionalidad.

"Sin eso, ninguna reforma va a durar", explican en Casa Rosada donde exponen varios argumentos sobre por qué el tribunal debería habilitar: cualquier resolución contra la reforma llegará, tarde o temprano, a la mesa de los cortesanos.

Losardo es el fronting de esa negociación, en la que en algún momento entrará en persona Fernández, y combina varios expedientes: además del régimen de jubilaciones, incluye la reforma judicial para multiplicar los juzgados federales (y recortar el poder de Comodoro Py) y otra discusión sobre eventuales modificaciones en la propia Corte.

Sobre esto último, en la cima del poder albertista, dicen que no hay margen constitucional para avanzar con las ideas de ampliar y subdividir el tribunal. Puede leerse como un guiño para los cortesanos.

En Casa Rosada y en Justicia acumulan otros elementos. "Los jueces fueron los únicos que le ganaron a la inflación: en 2019, los sueldos aumentaron el 57%", explica una fuente oficial y apunta que en una situación de "quebranto" del Estado, son "inaceptable jubilaciones de 300 mil o 400 mil pesos".

En síntesis, el diagnóstico que hace el Gobierno aparecen algunos puntos en rojo y una serie de hipótesis de trabajo:

# En el Poder Judicial rechazan el concepto de "jubilaciones de privilegio" y dicen que es un "régimen especial" porque aportan 12% de sus ingresos sin tope mientras el resto del sistema aporta 11% con tope. Es decir: si un camarista cobra 600 mil pesos -según el dato que replica en Gobierno-, aporta 72 mil al ANSeS.

# Pero, a diferencia del resto del sistema, cobran el 82% móvil y cuentan con una oficina previsional -creada, por Estela Martínez de Perón, "Isabelita"- que le indica al ANSeS cuándo le debe pagar a cada categoría del sistema judicial. Pueden, además, jubilarse a los 60 años.

# Según el análisis de la Casa Rosada, si se aislaran los aportes y pagos del sistema judicial, se registra un déficit que paga el Estado con recaudación de otras áreas, como ocurre con el régimen general de jubilaciones que sí fueron alcanzaron por reformas y, en este caso, congelamientos. 

# El Gobierno argumenta que se debe buscar un equilibrio: o se aumentan los aportes de los jueces para que alcancen para pagar las jubilaciones del propio poder judicial, o se reducen el 82% y se "prorratea" entre los beneficiarios para ver -a partir de los aportes- qué porcentaje cobrará cada uno. "Así como está no puede seguir y ellos lo saben" apunta un funcionario. 

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Pablo Ibáñez