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Ingresos Brutos: por qué desde hace más de 25 años fracasan todos los intentos por eliminar el impuesto

Por acuerdo entre Alberto Fernández y los gobernadores, una ley suspenderá la vigencia del Consenso Fiscal

POLÍTICA 29/12/2019 Marcelo BATIZ
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El miércoles 22 de enero de 2020 la Cámara de Diputados tiene previsto darle sanción a una ley que suspende la aplicación de otra que, a su vez, se había aprobado porque un decreto anterior no se pudo llevar a la práctica. Todas esas vueltas tienen como telón de fondo las complicaciones en las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, en especial en torno al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.


Pocos gravámenes en el país tienen un rechazo tan contundente como mayoritario. Empresarios, economistas y tributaristas coinciden en calificarlo como “regresivo” por entender que al aplicarse en toda la cadena de producción y comercialización sin posibilidad de deducción, termina encareciendo el bien o servicio en un efecto cascada que conspira contra tanto contra el poder adquisitivo de la población como contra la competitividad internacional, al tiempo que induce a la informalidad.

Sin embargo, ese repudio generalizado no se traduce en la derogación de ese gravamen, o aunque sea una disminución de sus alícuotas. Los intentos se remontan a 1993 y desde entonces Ingresos Brutos sale indemne ante todos los avances en su contra. Y lo que es peor, con aumentos diferenciados en sus alícuotas.

¿A qué se debe, entonces, la persistencia y fortaleza de un impuesto que todos dicen rechazar? “Ingresos Brutos adquirió una importancia relativa significativa en la recaudación provincial en los últimos años, lo que obviamente disminuye la probabilidad de que su peso baje de manera rápida”, dijo Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).


En promedio, ese gravamen representa tres de cada cuatro pesos de la recaudación propia de las provincias. Su peso en los ingresos totales varía de acuerdo con la proporción que tenga en cada una las transferencias de recursos del Estado nacional.

Singular aporte a las arcas provinciales

Por ejemplo en Chaco, una de las provincias más dependientes de la Coparticipación Federal, representó en 2018 el 8,2% del total de los recursos, pero el 77,3% si se miden sólo los ingresos tributarios provinciales.

El auge de Vaca Muerta tuvo en Neuquén su correlato impositivo, que en el caso de Ingresos Brutos no tiene punto de comparación con otra provincia: de acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), significó en 2018 el 22,2% de sus ingresos totales. Pero si se quiere saber la dimensión del gravamen dentro de los ingresos tributarios provinciales, alcanzó nada menos que al 87,8 por ciento.

Los porcentajes son menores en otros distritos, pero en todos, sin excepción, es la principal fuente de recaudación propia (en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, incluso más que la Coparticipación) y esa realidad se impone a todos los planteos.


El IB fue creado en 1977 y puesto en ejecución de inmediato en todas las provincias, en el marco de un cambio del esquema tributario nacional y provincial iniciado en 1974 con el reemplazo de Réditos por Ganancias y seguido en 1975 con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Desde entonces –y más allá de los fundamentos teóricos que le dieron origen- se transformó en la principal herramienta de los ministros de Economía provinciales después de la Coparticipación Federal, al punto de alcanzar las proporciones ya señaladas. Pero también se convirtió en el blanco preferido de los empresarios, por una serie de cuestionamientos que se pueden sintetizar en los siguientes:

1. Al no poderse deducir de la etapa previa de la cadena de producción y comercialización, pasa a ser un costo adicional tanto para las empresas como para el consumidor final. “Cuando uno compra un bien, del precio total que se paga entre un 8% y 9% está explicado por Ingresos Brutos. Esto obedece a la acumulación que tiene”, explica Argañaraz.


2. Requiere incurrir en el costo de contratar de equipos de contadores dedicados específicamente a evaluar su impacto: las alícuotas varían de provincia en provincia y a veces año tras año dentro en un mismo distrito. Asimismo, el hecho imponible no es exactamente igual en las 24 jurisdicciones.

3. Transportar mercadería por todo el país implica mucho más que tributar en las jurisdicciones de origen y destino. Si un camión realiza un envío de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Córdoba, pero carga combustible en Campana y cena en Venado Tuerto, también deberá tributar para bonaerenses y santafesinos.

Idas y vueltas

El 12 de agosto de 1993 se firmó la segunda edición del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, una iniciativa con la que el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, quisieron llevar a la práctica el pedido que se venía formulando desde hace años desde diferentes sectores: terminar de una vez por todas con Ingresos Brutos. O, como lo denominaba por entonces Israel Mahler, presidente de la Unión Industrial Argentina, “el más bruto de los impuestos”.

Las vueltas de la vida y la política hicieron que el punto inicial de esta historia tenga una persona en común con su final provisorio. El ministro del Interior que firmó ese Pacto fue Gustavo Béliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos del presidente Alberto Fernández.

Desde un principio se hicieron evidentes los problemas para llevar la reducción a la práctica, al punto que siete provincias no suscribieron el Pacto ese 12 de agosto sino meses después, tras intensas negociaciones con la Nación.


El propósito expreso del Pacto Fiscal era que, al menos en algunas actividades, Ingresos Brutos quedara sin efectos a mediados de 1995. Pero en el medio, el “efecto tequila” obligó a postergar la decisión de manera indefinida.

Fue así que en noviembre de 2017, 24 años después de la firma del Pacto, se concreta el Consenso Fiscal, que estableció un cronograma gradual de reducciones de alícuotas por sector que tendría que finalizar en 2022. Sin embargo, como en los anexos de la ley se hacía referencia a alícuotas máximas, solo hubo que esperar dos meses para que algunas provincias las aumentaran para el sector comercial, aprovechando que las tenían en niveles inferiores a los topes.


Pese a que la mayoría de las provincias habían cerrado 2018 con superávit fiscal primario y se favorecieron con el reintegro gradual de los 15 puntos de Coparticipación retenidos por 25 años para financiar la Anses, tras la habilitación del sistema de capitalización de los ahorros para la jubilación, desde principios de 2019 comenzaron a tomar fuerza los reclamos para que se dejase sin efecto la rebaja impositiva establecida en el Consenso Fiscal de 2017. En la campaña, el candidato del Frente de Todos aseguró a los gobernadores, mayoritariamente peronistas, que obraría en consecuencia.

El trienio 2020/2022 hubiera decisivo para concretar esas rebajas, si no fuera por el acuerdo que finalmente los gobernadores sellaron con Alberto Fernández en una de sus primeras reuniones poco después de asumir la presidencia. La suspensión del Consenso fue aprobada por el Senado el 21 de diciembre y se espera que la Cámara de Diputados sancione el 22 de enero la ley.


Como la norma legislativa es una suspensión y no una derogación, queda la posibilidad de que dentro de 12 meses el Consenso vuelva a tener vigencia. Argañaraz se aferra a esa opción y plantea que “sería ideal que en el año 2021 se hiciera la baja tanto, del año 2020 como la del 2021”.

“El Consenso Fiscal busca eliminar la carga sobre las actividades primaria e industrial, fijando una alícuota del 5% para el eslabón comercial. Es decir que finalizado el cronograma, las distorsiones serían mucho menores”, añade el director del IARAF. Habrá que esperar a fines de 2020 para comprobar si la evolución de la economía en general y de la recaudación impositiva en particular abren un camino propicio para reintentar el reclamo.

Fuente: Infobae

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