Un ajuste ortodoxo que retrotrae al peronismo a la década del 90

En campaña Alberto Fernández había prometido usar los fondos con que se pagaban las Leliqs para un aumento a los jubilados. Apenas puso un pie en la Casa Rosada hizo lo contrario: congeló las jubilaciones al suspender el mecanismo por el que se actualizan en un momento en que la inflación es del 50%.

Dejó afuera del congelamiento a jueces, fiscales, funcionarios judiciales, docentes y científicos. Pero ese fue sólo una reverencia al poder que no afecta el objetivo central del ajuste: el arreglo de la deuda pública.

Las promesas en favor de una economía de producción y en contra de una de especulación también se revelaron pura retórica electoral. El proyecto que el Ejecutivo remitió al Congreso incluyó una quita del impuesto a la renta financiera que había establecido Mauricio Macri ante los insistentes reclamos del peronismo, en especial del inefable Sergio Massa.

La aparente contradicción fue el resultado de un cambio de lógica: Fernández pasó de la lógica de campaña a la lógica del poder. Si se quiere renegociar la deuda y evitar el default es imprescindible achicar el déficit. De los bolsillos de los jubilados y de los sectores productivos a los que se le aumentan los impuestos deben salir los recursos que permitan el pago a los acreedores. Los fondos de inversión extranjeros y el FMI resultaron los beneficarios.

De allí que el viernes comenzaran a circular las versiones de una visita de los funcionarios del FMI en enero. Son los auditores. Verificarán si las promesas de ajuste que les hicieron el presidente de la Nación y su ministro de economía, Martín Guzmán, se cumplieron. El presidente lo dijo con todas las letras ante la élite del empresariado que lo oyó gratamente sorprendida en AEA: `El FMI aceptó nuestra lógica de trabajo'.

Lo sorpresivo no fue tanto que Fernández olvidara sus promesas o Guzmán que era discípulo de Stiglitz, sino que el presidente se revelase como un discípulo escrupuloso de Domingo Cavallo cuando todos imaginaban que lo era de Néstor Kirchner. Más allá de la sospechosa ética de usar como variable de ajuste a uno de los sectores más débiles de la sociedad, la pregunta clave es si las medidas tendrán el efecto reactivador que se prometió en la campaña, porque parece poco probable que la economía vuelva a crecer con más impuestos, recorte de gastos, suba de aportes patronales, suba de retenciones, etcétera. Se transfieren recursos del sector privado al Estado y se restan a la inversión y el consumo.

Esta contradicción revela la verdadera naturaleza de las medidas. La prioridad de Fernández no es reactivar, sino estabilizar la economía y lo que armó es una estrategia de cortísimo plazo fundada principalmente en una fuerte poda al gasto social, que constituye la mayor porción del gasto público. Al mismo tiempo aumentó las retenciones a los chacareros y se las bajó a las multinacionales mineras, algo que sólo puede hacer un gobierno peronista sin colapsar bajo toneladas de piedras de `militantes' profesionales.

También supo Fernández ganarse aliados en la oposición, aumentándole los ingresos a los gobernadores. Ahora podrán incrementar la presión impositiva en sus distritos. El radical Gerardo Morales calculó que ganará mil millones de pesos en ese pase de mano. Por eso reclamaba deseperado a sus correligionarios en Diputados que dieran quórum sin dilaciones. Los otros gobernadores radicales también apoyaron la emergencia, aunque con un poco más de pudor.

Fernández se aseguró el respaldo del resto de la clase política eliminando del proyecto un artículo que le permitía destrozar organismos estatales que son tierra de pastoreo de las burocracias partidarias. Así pasó el ajuste a los jubilados sin problemas por el Congreso.

Esa capacidad de maniobra política no impidió a Fernández participar de espectáculos bizarros como el montado el martes en SMATA para lanzar un `plan estratégico' destinado al sector automotor. Se anunció un proyecto para fabricar 1,8 millones de autos por año y crear 700 mil empleos, pero lo que siguió fue un impuestazo interno que llevará a un alza de precios de entre el 25 y el 50%. Además la devaluación le pega duro a las automotrices que consumen más dólares de los que aportan. Pero la clave no está en la reactivación, sino en la estabilización. Fernández tiene la suma del poder público en sus manos para conseguirla. Lo que ya no le quedan son excusas.

Fuente: La Prensa