La fiscal Cristina Caamaño fue designada como interventora de la AFI

La fiscal Cristina Caamaño, titular de la agrupación Justicia Legítima, espacio cercano al kirchnerismo, fue confirmada este jueves como la nueva interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), una de las áreas más conflictivas del Estado para el actual Gobierno.

La funcionaria del Ministerio Público se reunió con el presidente Alberto Fernández y aceptó ocupar el cargo en la ex SIDE que, como había adelantado el mandatario nacional en su discurso de asunción, será fuertemente reestructurado.

El jefe de Estado ya había anunciado que “antes de este viernes” se iba a conocer a la persona que estará al frente de la AFI durante el periodo de transición. Finalmente, el puesto quedó en manos de Caamaño: también sonaban para esta tarea la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, y en menor medida, el empresario José “Pepe” Albistur.

En su discurso ante la asamblea parlamentaria, el Presidente anticipó que el Gobierno iba a intervenir el organismo e “impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”

Además, una de sus primeras medidas fue derogar el decreto que establecía “el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia” y redireccionó ese presupuesto para financiar el denominado Plan Contra el Hambre.

Con la decisión consumada, Graciana Peñafort, defensora oficial de Cristina Kirchner en el caso Nisman y recientemente designada directora general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, fue la primera en halagar la designación. “Enorme alegría la designación de Cristina Caamaño como interventora de la AFI y gran eleccion de Alberto Fernández . Esa fiscal tuvo a su cargo las escuchas. Jamas se filtro ninguna”, destacó la abogada .

Entre sus antecedentes, la presidenta de Justicia Legítima, agrupación cercana a las ideas del kirchnerismo, cuenta con haber dirigido el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la administración de Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación.

La funcionaria permaneció en ese cargo hasta que el entonces presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015 a finales de diciembre de 2015 para transferir la administración de las escuchas telefónicas, que estaban a cargo de la DICOM, al ámbito de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez designó a la Cámara Federal porteña para ocuparse de esto.

Con información de www.infobae.com