La obscena monomanía por las reformas constitucionales

A los largo del continente suenan voces que demonizan las Constituciones Nacionales. Por qué esa pertinaz obsesión con las cartas magnas de nuestros países? Chile está a punto de enfrentar una reforma, Venezuela y Bolivia entre otros países de la región han pasado ya por esta situación. En Argentina hemos escuchado en la campaña presidencial las mismas alusiones. ¿Cuál es el problema con las cartas magnas que parecen emerger como un escollo para los socialismos del siglo XXI?

Las constituciones modernas que fueron fundantes de nuestros Estados, pretendían establecer una ruptura con un orden precedente, basado en la desigualdad y en el privilegio. 

Así surge el constitucionalismo liberal que es la forma de organizar el poder político para garantizar el respeto de la libertad de los ciudadanos. Está basado en la idea de la constitución como norma suprema, depositaria del poder, garante de las declaraciones de derechos, de la separación de poderes y del control de constitucionalidad de las leyes. Las cartas magnas debían quedar a salvo de mayorías políticas coyunturales, ante los peligros siempre latentes de los totalitarismos que promueven la concentración del poder. 

ARBITRARIO Y OPRESIVO
El constitucionalismo liberal buscaba la división del poder porque lo percibía (al poder político, se entiende) con una implacable tendencia a expandirse, a perpetuarse y a ser arbitrario y opresivo. 

Se entenderá por qué, entonces, las constituciones modernas son bastante rígidas en lo relativo a sus posibilidades de reforma. Los países más estables son aquellos en los que las constituciones han sufrido menos reformas. Pero la deriva demagógica de los movimientos socialistas detestan estas constituciones y en consecuencia vemos florecer en todo el continente maniobras para cambiar las Constituciones Nacionales presentadas como intentos de superar una visión oligárquica.

Los movimientos que postulan modificaciones constitucionales “populares” promueven un modelo de sociedad donde el ciudadano no sea actor de la política salvo en su pertenencia a algún colectivo. Detengámonos acá: ¡estamos ante una visión neofeudal y esto se lleva de patadas con la idea de las constituciones liberales! Hete aquí la madre del borrego.

Desaparece el “individuo” fagocitado por “el pueblo”, “la gente”, “el movimiento”. Sin ánimo de ofender a los cultores del tumulto callejero como forma de ordenamiento jurídico, la verdad es que pareciera que añoran volver a épocas anteriores a la Revolución Francesa que glorifican. Si alguien no pertenece a un colectivo social, léase “los piqueteros”, “las mujeres” “los jóvenes”, “los gays” entonces carece de derechos. El género, la edad, la preferencia sexual o la condición laboral tienen más importancia que la individualidad a la hora de conferir derechos. 

PELIGRA LA IGUALDAD ANTE LA LEY
Lo que está en peligro es la igualdad ante la ley. No nos engañemos ni nos entretengamos con espejitos de colores. No debe haber algo más oligárquico que postular que la condición de una persona suponga su supremacía y que esto, naturalmente limite los derechos de otros ciudadanos. Pensar que semejante barbaridad se hace para poder satisfacer las demandas de determinados grupos de presión es el regreso a una época política que pensábamos superada, aunque evidentemente nos estábamos equivocando.

Hay que desconfiar de los proyectos constitucionales que dicen reconocer derechos de colectivos de los que se arrogan la representación. Devienen en totalitarismos en donde el poder es patrimonio del líder carismático, que por supuesto dirá que lo ejerce en nombre del pueblo …(ya conocemos ese cantito). Los totalitarios serán dueños únicos de la representación del pueblo y en ese talante van a presentar un programa netamente intervencionista y de eterna perpetuación. Desde ya que si alguien se opone o se queja será porque es un enemigo del pueblo. 

El totalitarismo es incompatible con la limitación y división del poder que postula el constitucionalismo moderno y acá está la segunda razón por la que exigen reformas: el poder judicial bajo su yugo pasará a ser un apéndice del líder carismático. De ahí que la forma de designación de los jueces será siempre una obsesión y como ejemplo basta ver en lo que han convertido al poder judicial en los lugares en los que ha gobernado: un auténtico títere.

Tanto en Venezuela como en Bolivia, Nicaragua o Ecuador se ha visto cómo se han hecho constituciones a medida del propio dictador, que menoscaban el pluralismo y los derechos del ciudadano. Paraguay, España y Argentina tienen también defensores de estas reformas “populares”. Se amparan en “el pueblo” como si se tratara de una entidad homogénea que sólo los líderes populares saben leer y representar. 

Desprecian las instituciones democráticas constitucionales porque no dan cuenta de una realidad que los totalitarismos construyen y venden. La noción de “el pueblo” como poder absoluto es tan irreal como peligrosa. Lo que hay detrás son personajes que en las urnas no mueven el amperímetro o que directamente jamás se sometieron al escrutinio electoral. Cuántos votos es capaz de conseguir un líder piquetero, el miembro de una organización terrorista o un incendiario de universidades? Pues sin embargo se llaman a sí mismos representantes populares, vaya atrevimiento. Están disfrazando su soñada dictadura con ropajes democráticos.

Las aspiraciones de las constituciones socialistas se despachan ampliando derechos a la bartola. Difunden la falsa creencia de que el Estado debe garantizar la felicidad de todos, cómo demonios se les ocurre algo así? Vaya uno a saber. Pero aparentemente hay quienes prefieren que el Estado les diga cómo y en qué medida ser felices.  Este infantilismo tan patético termina en un infierno en La Tierra como demuestran las tragedias venezolana y cubana. Empiezan garantizando la dicha eterna y terminan no pudiendo garantizar ni el papel higiénico.

Mientras vemos la violencia que generaron y seguirán generando las reformas constitucionales al servicio del socialismo, bastará con que sepamos desmentir claramente los falaces argumentos de los tiranos, ese inexistente derecho popular que nos priva a los ciudadanos de nuestros derechos individuales. Y lo que es más peligroso: ese ridículo derecho a ejercer la violencia para protestar, que usan como excusa para imponer dictaduras.

Las Constituciones que mejor funcionan son aquellas que establecen reglas claras y precisas sobre qué pueden y no pueden hacer los políticos. Por eso no nos sorprendamos si ciertos personajes denostan las constituciones liberales, dado que el constitucionalismo es el mejor antídoto contra cualquier pretensión totalitaria. Las Constituciones no deben jamás otorgar más derechos a los políticos, su función es, casualmente, limitarlos.

Fuente: La Prensa