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"Superlunes" de protestas y cortes de calles en Chile

La jornada arrancó con marchas y nuevas congestiones de tránsito y desvíos de transporte en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. El reclamo por una nueva Constitución continúa vigente.

INTERNACIONALES 05/11/2019 Agencia de Noticias del Interior Agencia de Noticias del Interior
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Miles de chilenos volvieron a las calles para exigir mejoras sociales y económicas, en una jornada en la que resonó la demanda popular para dar al país una nueva constitución que reemplace a la sancionada en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

El "superlunes" de barricadas, marchas, concentraciones callejeras y cacerolazos en todo el país, convocado por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de Chile, se cumplió en Santiago y en otras ciudades del país, con algunas escaramuzas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La convocatoria fue lanzada en coincidencia con la publicación de una encuesta de Cadem, según la cual 87% de los chilenos considera que el país necesita una nueva Constitución, un debate que se abrió en paralelo al estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre y dejó 23 muertos y miles de heridos y detenidos.

La Constitución vigente en Chile fue sancionada en 1980 y desde entonces, hasta 2017, fue objeto de una veintena de reformas.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera afirmó por distintos canales que no descarta un debate sobre reforma constitucional, pero aclaró que la prioridad en esta emergencia es recuperar la paz social y luego poner en desarrollo una agenda social que atienda los problemas urgentes de la sociedad.

 
FOTO: Protestas en Chile
 
FOTO: Reclamos del sector de la salud en Viña del Mar
 
FOTO: Permanecen activos más de 300 "cabildos" abiertos en todo el país.
 
 

Miles de chilenos volvieron a las calles para exigir mejoras sociales y económicas, en una jornada en la que resonó la demanda popular para dar al país una nueva constitución que reemplace a la sancionada en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

El "superlunes" de barricadas, marchas, concentraciones callejeras y cacerolazos en todo el país, convocado por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de Chile, se cumplió en Santiago y en otras ciudades del país, con algunas escaramuzas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La convocatoria fue lanzada en coincidencia con la publicación de una encuesta de Cadem, según la cual 87% de los chilenos considera que el país necesita una nueva Constitución, un debate que se abrió en paralelo al estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre y dejó 23 muertos y miles de heridos y detenidos.

La Constitución vigente en Chile fue sancionada en 1980 y desde entonces, hasta 2017, fue objeto de una veintena de reformas.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera afirmó por distintos canales que no descarta un debate sobre reforma constitucional, pero aclaró que la prioridad en esta emergencia es recuperar la paz social y luego poner en desarrollo una agenda social que atienda los problemas urgentes de la sociedad.

 

 

Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, la fuerza política de Piñera, advirtió que "ningún cambio constitucional demorará menos de un año".

"Si usted arma una asamblea constituyente, son meses de trabajo y discusión, quizás por lo menos un año, y lo que la gente quiere es ver si de verdad hay solución hoy al tema de las pensiones, sueldos y la salud; lo que propongo es que caminemos y comamos chicle al mismo tiempo”, apuntó.

Mientras los políticos discutían sobre este asunto, las protestas se llevaban a cabo en varias ciudades de Chile, la más importante de ellas en la Plaza Italia de Santiago.

Otro de los asuntos en los que se centra la atención de los chilenos está relacionado con las violaciones a los derechos humanos denunciadas desde el comienzo de las protestas.

Los miembros de una misión enviada a Chile por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron recibidos por las máximas autoridades judiciales de Chile, que le entregaron información considerada de utilidad para sus investigaciones, según medios chilenos como El Mercurio y Radio Cooperativa.

Además, el gobierno de Chile pidió un informe completo a Carabineros para profundizar en una investigación acerca de una supuesta operación de espionaje de esa fuerza de seguridad contra líderes sociales y sindicales.

La trama de espionaje quedó al descubierto a partir de una publicación del sitio Interferencia, que difundió el resultado de un hackeo, con fecha del 1 de septiembre pasado, según el cual Carabineros investigó a líderes sociales y los agrupó en categorías denominadas "blanco de interés".

Esa acción de inteligencia fue previa al estallido social reportado en Chile e partir del 18 de octubre pasado, desde cuando se sucedieron protestas, hechos de violencia y respuesta de represión, con un resultado de 23 muertos y miles de heridos y detenidos.

En este contexto, la vocera del gobierno chileno, Karla Rubilar, afirmó que las autoridades pidieron un informe con "transparencia total" sobre el espionaje.

Fuente: Cadena 3

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