Peleas internas, pujas de poder y optimismo limitado: el clima que vive el Gobierno a 14 días de las elecciones

Un clima de fuego cruzado mantenido en estricto sigilo se percibe en estos días en la Casa Rosada, al rítmo paralelo del optimismo de las marchas del Sí, Se Puede que protagoniza Mauricio Macri en todo el país.

El clima que se vive en el Gobierno puertas adentros resulta ambivalente: mientras que un sector oficialista se entusiasma con la idea del balotaje, otra ala de la Casa Rosada no cree que se pueda llegar a la segunda vuelta y se remueve en duras internas de poder.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, ya sea por un viraje discursivo de Macri hacia la derecha o por pases de factura que vienen de antes de las PASO, lo cierto es que en el Gobierno empezaron a vislumbrase peleas internas, pujas de poder y recelos entre funcionarios.

Las diatribas de Macri no sólo son hacia afuera en su enfrentamiento electoral con Alberto Fernández como eje de campaña. También puertas adentro de Cambiemos se desataron en los últimos días enfrentamientos que exceden incluso las puertas de la Casa Rosada y se extienden hasta la gobernación bonaerense.

El caso más visible que desató vendavales internos en el Gobierno fue el proyecto que evalúa Macri y que podría modificar sustancialmente el esquema de la política social: la posibilidad de anunciar un recorte de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social para limitarlos a un año con la idea de fomentar la salida laboral obligatoria para aquellos beneficiarios de planes.

El jefe de Estado analizó el tema con el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, que es el más entusiasta de la idea al punto que ya había grabado un spot de campaña con ese mensaje y tuvo que postergarlo por ahora.
El proyecto de limitación de los planes sociales contó también con el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero el jefe de Gabinete Marcos Peña dudaba sobre la oportunidad política de dar a conocer esa medida y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley directamente se opuso.

El tema quedó en stand by y nadie sabe aun si Macri finalmente lo anunciará en medio de la campaña. El dilema de los que objetan la medida es simple: la decisión de modificar el status quo de unos 470.000 planes sociales Hacemos Futuro y Salario Social -no está alcanzado en este recorte a un año la Asignación Universal por Hijo- podría generar un fuerte malestar con protestas en las calles de las organizaciones sociales a menos de 15 días de las elecciones y no modificaría demasiado el voto de Cambiemos, evalúan los detractores.

“Es cierto que hay que hacer una reformulación de los planes sociales para avanzar hacia un sistema de salida laboral urgente. Pero tomar medidas apuradas en medio de la campaña no es conveniente”, explicó a Infobae un allegado a la ministra Stanley. Pero también creen en el Ministerio de Desarrollo Social que la iniciativa motorizada por Pichetto y Bullrich no tendrá un efecto presupuestario de envergadura ya que se trata sólo de 50.000 millones de pesos al año en el universo global de planes sociales.

Stanley evalúa, en cambio, una propuesta que le acercó el diputado de Cambiemos y referente de la cooperativa La Juanita de La Matanza, Héctor “Toty” Flores, para armar una suerte de Agencia de Control privado-estatal de los planes sociales. Esta idea apunta a fomentar un control autárquico del manejo de los planes sociales para eliminar todo vicio clientelar e impulsar al mismo tiempo trabajo genuino. La idea se la trasladó la ministra de Desarrollo Social a Macri y está en estudio. Aunque Pichetto y Bullrich entusiasmaron al Presidente con dar el gesto público de redefinir la política asistencialista de la Argentina con el recorte a un año de los planes.

Las autocrítica de Quintana

En paralelo a esta pulseada interna se desató otro frente interno en el Gobierno relacionado con la política social y el aumento al 35,4% del índice de la pobreza. El ex vicejefe de Gabinete y asesor presidencial Mario Quintana participó esta semana de un seminario en la UCA donde fue explícito: “Como clase dirigente, le tenemos que pedir perdón a nuestros pobres, hay mucha gente que la está pasando muy mal, y yo asumo la responsabilidad que me toca, la culpa que me toca”, dijo.

Desde la Casa Rosada hubo quejas, malestar y bronca contenida hacia Quintana. "Ahora que está casi afuera del Gobierno habla como si no hubiese formado parte de la administración de Macri", se le escuchó decir a un funcionario de la Jefatura de Gabinete.

Paradójicamente, también Pichetto y Stanley coincidían en este caso en su furia silenciosa por las expresiones de Quintana. De hecho, desde el Ministerio de Desarrollo Social creen que el gobierno de Macri estableció una suerte de “corset social” contra la pobreza con la AUH, el aumento de planes sociales y la reparación histórica a los jubilados que nunca se había dado. Así, cuanto menos, calificaron de “injustas” e “inoportunas” las expresiones de Quintana y entrevieron detrás de ellas la sombra de Lilita Carrió.

María Eugenia Vidal reconoció en estos días que tiene “diferencias” con Marcos Peña, aunque aclaró: “Seguimos trabajando juntos, somos un espacio político heterogéneo y está bien que tengamos diferencias”, dijo la gobernadora bonaerense.

El mensaje de Vidal apunta a la no tan vieja factura que le pasan en La Plata a Peña y al gurú Jaime Duran Barba por no haber sustentado la idea de desdoblar las elecciones provinciales de la Nación.

Diferencias en seguridad

No obstante, detrás de la señal de Vidal de reconocer diferencias con Peña se esconden otros mensajes. Por ejemplo, el malestar creciente que hay en la gobernación bonaerense por el discurso duro de Patricia Bullrich en materia de seguridad y orden público. La idea de la ministra de Seguridad de pedir el DNI a la gente en las estaciones de trenes o en ciertos ámbitos de la vía pública no convence ni a Vidal ni al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y mucho menos al secretario de Derechos Humanos provincial Santiago Cantón.

“Esta claro que la decisión de que la policía pida el DNI en la calle a cualquiera pone en riesgo un mensaje de discriminación que no avalamos”, explicó un funcionario de Vidal. Ni la gobernadora, Ritondo o el propio Cantón saldrán a objetar públicamente la medida de Bullrich en medio de la campaña. Pero tampoco harán nada para fomentar una répilca de esta idea con la policía bonaerense. No son las primeras diferencias que Vidal mantiene sus reserva con Macri por la política de seguridad. Antes fueron otros temas de debate como el protocolo de uso de armas de fuego o la defensa del policía Chocobar. Ahora son los pedidos del DNI.

Por el contrario, el secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, avaló la iniciativa de Bullrich en una charla que mantuvo en el Ministerio de Seguridad. Según pudo saber Infobae, Avruj planteó allí que “siempre es preferible una política de la policía y la seguridad de todos los ciudadanos en democracia que una que mire para otro lado”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos que responde al ministro de Justicia Germán Garavano también avalaron la idea de Bullrich al sostener que “cuidar en un medio público de transporte a todas las clases sociales no es discriminatorio. Sería discriminatorio pensar que sólo los pobres viajan allí”.

Bullrich también está convencida con las medidas que tomó y brindó resultados concretos: en las primeras 24 horas se llevaron a cabo 818 consultas en más de 20 estaciones de trenes, de las cuales 42 dieron resultado positivo. Esto implica que el 5,1 por ciento de los controles realizados dieron positivo. Un porcentaje importante para brindar seguridad a los viajeros, destacó un comunicado de Seguridad.

En tal caso, con vistas hacia el futuro inmediato se cree que esto formará parte del debate que se viene en el posmacrismo del PRO en el caso de perder las elecciones. "Habrá una línea más socialdemócrata a futuro y otra de centro", sintetizó un referente histórico de Cambiemos.

El optimismo limitado

Al ritmo de las campañas del Si Se Puede que protagoniza Macri en todo el país se esconden dos visiones de la campaña en el Gobierno.

Por un lado, están los fervorosos entusiastas como Marcos Peña, la misma “Lilita” Carrió, Pichetto y en menor medida Rogelio Frigerio que creen que es posible llegar a un balotaje.

"Con más fiscalización, contagio en las redes, marchas y un aumento de la participación ciudadana en las urnas vamos a llegar a la segunda vuelta", lanza Peña como un latiguillo a cada dirigente que lo visita en su despacho. Esta semana lo visitó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y estaba Durán Barba allí cuando el jefe de Gabinete lanzó otra andanada de optimismo exacerbado.

Del otro lado, están aquellos que no creen que haya posibilidad de remontar los 18 puntos de ventaja que sacó Alberto Fernández en las PASO. Entre estos, se encuentran funcionarios de Desarrollo Social, de Seguridad, Justicia e incluso de Hacienda.

“No se trata de ser pesimistas sino realistas”, comentó a Infobae un referente del ministro Germán Garavano.

Muchos de estos funcionarios ya empezaron a tirar puentes en el sector privado para buscar trabajo desde el 11 de diciembre, otros fueron a pedir a Horacio Rodríguez Larreta un espacio en la Legislatura o en la Ciudad. Y algunos como el canciller Jorge Faurie empezaron a preparar su jubilación y a ascender amigos para lugares clave de la administración antes de dejar el barco. Otra muestra más de que el optimismo es limitado en la Casa Rosada.

Fuente: Infobae