El Senado avanza con una reforma que eleva los cortes de bioetanol y biodiésel

• El Senado emitió dictamen para aumentar progresivamente los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel.
• El bioetanol pasará del 12% al 15% después de un período inicial de un año.
• El biodiésel elevará su corte del 7,5% al 10% doce meses después de la sanción de la ley.
• El proyecto establece cupos específicos para las pymes y límites destinados a evitar la concentración del mercado.
• Sectores del Senado advirtieron que la reducción progresiva de los cupos protegidos podría afectar a plantas regionales.
• La iniciativa será debatida en septiembre y todavía puede incorporar modificaciones durante su tratamiento en el recinto.

El Senado emitió dictamen para modificar el régimen de biocombustibles vigente y aumentar de manera progresiva los porcentajes obligatorios de bioetanol y biodiésel incorporados a los combustibles. La iniciativa surgió de un acuerdo entre La Libertad Avanza y distintos bloques dialoguistas y tomó como punto de partida un proyecto impulsado por Patricia Bullrich.

El dictamen unificó siete iniciativas presentadas por legisladores de diferentes espacios políticos y sumó modificaciones destinadas a establecer reglas de participación para las pequeñas y medianas empresas, además de mecanismos para evitar una excesiva concentración del mercado. El proyecto será tratado en una sesión prevista para septiembre, aunque todavía podría incorporar cambios durante el debate en el recinto.

Uno de los principales cambios estará relacionado con el bioetanol. El corte obligatorio permanecerá durante el primer año en el 12% y posteriormente aumentará al 15%. De ese porcentaje, un 6% quedará reservado para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% corresponderá al producido con maíz.

El 3% restante tendrá un régimen abierto a la competencia entre los distintos productores. A su vez, el proyecto establece un límite de concentración: ninguna empresa podrá controlar más del 20% del volumen comercializado anualmente dentro de ese segmento.

La propuesta busca así combinar un incremento de la utilización de biocombustibles con una distribución de la producción que permita preservar la participación de diferentes actores de la cadena. El esquema contempla especialmente los intereses de las provincias vinculadas con la producción azucarera y de aquellas que poseen actividad relacionada con los biocombustibles.

En el caso del biodiésel, el corte obligatorio comenzará con el nivel actualmente previsto de 7,5% para el gasoil y el diésel oil. Transcurridos doce meses desde la sanción de la ley, la mezcla obligatoria aumentará al 10%.

El nuevo régimen establecerá una diferenciación entre empresas integradas y no integradas. Las primeras podrán intervenir en las distintas etapas de la cadena productiva, mientras que dentro del segundo grupo quedarán comprendidas principalmente las pequeñas y medianas empresas de carácter regional.

Cuando el corte alcance el 10%, las compañías no integradas tendrán reservado el 6,5% del mercado, mientras que el 3,5% restante quedará abierto a ambos tipos de empresas. La participación protegida para las pymes disminuirá progresivamente durante los años siguientes: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y se reducirá a tres puntos porcentuales desde enero de 2031 hasta diciembre de 2035.

A partir de 2036 finalizará el período de transición y ninguna empresa podrá concentrar más del 10% del cupo destinado a las compañías no integradas.

Ese mecanismo genera uno de los principales puntos de discusión dentro del Senado. Las pymes productoras de biodiésel tienen una presencia significativa en provincias como San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos, y algunos legisladores advierten que la reducción progresiva de los cupos reservados podría poner en riesgo la continuidad de plantas regionales.

En ese sentido, se planteó la necesidad de incorporar criterios de regionalidad para determinar la distribución de los cupos y evitar que la competencia termine favoreciendo exclusivamente a las compañías de mayor escala.

Beatriz Ávila defendió el acuerdo alcanzado y sostuvo que la reforma permitirá reemplazar un régimen que consideró agotado por un marco de mayor previsibilidad. Entre los cambios destacados mencionó beneficios impositivos para el sector, un horizonte regulatorio de 15 años, la declaración de interés público y la posibilidad de que las provincias incrementen los porcentajes de corte.

Desde el peronismo, Fernando Salino anticipó la presentación de un dictamen de minoría. El senador cuestionó que la propuesta no contemple suficientemente la situación de las pymes industriales y reclamó una mirada centrada en las características productivas de cada región, más allá de la división entre empresas integradas y no integradas.

De todos modos, Salino señaló que acompañará cualquier iniciativa destinada a aumentar los cortes obligatorios. El debate quedará abierto durante el tratamiento en el recinto, donde los distintos sectores deberán definir si aceptan el esquema acordado o impulsan modificaciones para proteger con mayor intensidad a los productores regionales.