El Gobierno flexibiliza la Ley de Inocencia Fiscal para grandes contribuyentes

El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso clave para consolidar el nuevo esquema tributario al enviar al Congreso un proyecto de reforma a la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que incorpora valiosas sugerencias de los profesionales contables, busca dotar de mayor seguridad jurídica al sistema de Ganancias Simplificado. El propósito central es garantizar que los ciudadanos puedan adherirse a esta modalidad sin el temor de ser sometidos a fiscalizaciones arbitrarias por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Una de las modificaciones más trascendentales del proyecto es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen, que hasta el momento estaban fijados en $1.000 millones y $10.000 millones anuales respectivamente. Esta quita de topes, que solía generar exclusiones injustas por movimientos excepcionales como la venta de bienes heredados, habilita formalmente el ingreso de los Grandes Contribuyentes Nacionales. A partir de ahora, estas empresas y personas de alto patrimonio podrán utilizar la modalidad simplificada para la presentación y el pago de sus declaraciones juradas, quedando eximidas de detallar su patrimonio inicial, final o el denominado "consumido". Además, se les permitirá volcar al sistema dólares que se encontraban fuera del circuito financiero.

El texto también resuelve el complejo problema de las "discrepancias significativas" entre los cálculos del fisco y los del contribuyente. La reforma estipula que el margen de error del 15% se calculará sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, evitando que diferencias insignificantes en dinero rompan el bloqueo fiscal. Asimismo, se introduce un piso de seguridad: para que ARCA pueda impugnar la declaración, la diferencia detectada debe superar siempre los $5 millones, una cifra equivalente al 5% del umbral mínimo de evasión establecido por la Ley Penal Tributaria.

Finalmente, el proyecto introduce salvaguardas legales de peso. Se determina que la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre ARCA, la cual solo podrá utilizar la información que ya esté disponible en sus sistemas informáticos. Adicionalmente, se otorgará un plazo de 15 días hábiles para rectificar y pagar cualquier diferencia notificada antes de perder los beneficios, y se prevé la devolución obligatoria con intereses si una impugnación estatal es revocada. Con efectos retroactivos para los periodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025, la reforma promete transformar un mecanismo riguroso en una verdadera autopista de regularización fiscal con reglas claras para todos los sectores productivos.