Motosierra regulatoria: el Gobierno eliminó 58 normas y acelera su plan de desburocratización

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su programa de simplificación administrativa y dejó sin efecto 58 normativas vinculadas al comercio y la industria que, según argumentó, habían perdido vigencia o ya no cumplían una función concreta dentro del esquema regulatorio actual.

La decisión fue formalizada mediante nuevas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y se suma a una serie de medidas adoptadas desde el inicio de la gestión. Con esta actualización, el número total de regulaciones eliminadas asciende a 240, en línea con la estrategia oficial de reducir trámites, eliminar controles considerados obsoletos y disminuir la intervención estatal en distintos sectores de la economía.

Entre las normas derogadas se encuentran resoluciones relacionadas con programas de control de precios, fondos de asistencia y mecanismos de financiamiento al consumo que ya no se encuentran en funcionamiento. Desde el Ejecutivo sostienen que muchas de estas disposiciones estaban vinculadas a estructuras desactivadas o marcos regulatorios que dejaron de tener aplicación práctica.

Uno de los puntos más relevantes de la medida es la eliminación de una serie de resoluciones asociadas a políticas de control de precios implementadas en años anteriores. También quedaron sin efecto normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo creado para intervenir en el mercado del cereal con el objetivo de moderar el impacto de las subas internacionales sobre los precios internos.

La depuración normativa también alcanzó a programas de financiamiento en cuotas para el consumo masivo. Varias resoluciones vinculadas a los esquemas Ahora 12 y Cuota Simple fueron eliminadas debido a que esos instrumentos ya no forman parte de las políticas económicas vigentes.

Asimismo, el Gobierno resolvió derogar disposiciones complementarias de programas de precios administrados y otras regulaciones que exigían el suministro de información considerada innecesaria por las autoridades actuales.

Dentro del paquete de medidas también se incluyeron cambios relacionados con el sector educativo privado. Fueron eliminadas normativas que establecían mecanismos de autorización estatal para la actualización de cuotas en establecimientos educativos de gestión privada.

Por otra parte, se dejó sin efecto una disposición que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a presentar reclamos directamente ante organismos de defensa del consumidor. Según la explicación oficial, actualmente existen otros mecanismos que cumplen la misma función, por lo que la norma resultaba redundante.

Desde el Gobierno aseguran que el objetivo central de esta política es avanzar hacia un sistema más simple y menos burocrático, reduciendo cargas administrativas para empresas, instituciones y ciudadanos. La administración de Javier Milei considera que la eliminación de regulaciones sin aplicación efectiva contribuye a mejorar la transparencia y facilitar el desarrollo de actividades económicas.

Con esta nueva tanda de derogaciones, el Ejecutivo profundiza su estrategia de revisión normativa, una de las principales banderas de gestión impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.