Ofensiva contra la burocracia: el Gobierno deroga 58 normas comerciales e industriales

En un nuevo paso hacia la liberalización económica, el Gobierno Nacional oficializó la eliminación de un extenso paquete de regulaciones que afectaban al comercio, la industria y los programas de consumo. Mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y la Disposición 534/2026, se derogaron 58 resoluciones y disposiciones que el Ejecutivo consideraba obsoletas, anacrónicas o desprovistas de sustento legal tras el desmantelamiento de normativas madre como las leyes de Abastecimiento y de Góndolas.

El propósito central de esta medida es combatir la proliferación de trabas que, según la mirada oficial, generaba una profunda inseguridad jurídica y asfixiaba el libre desenvolvimiento de los ciudadanos y las empresas. Al limpiar el mapa legal, las autoridades buscan que el Estado concentre sus esfuerzos en normativas prioritarias y transparentes. Este ordenamiento corre en paralelo al tratamiento legislativo de la Ley Hojarasca, el ambicioso proyecto diseñado por el ministro Federico Sturzenegger que ya cuenta con media sanción parlamentaria y apunta a la supresión de más de 70 leyes antiguas o redundantes bajo el principio de "máxima libertad".

Dentro del universo de normativas sepultadas por la nueva resolución, se destacan 22 regulaciones ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un polémico mecanismo estatal de intervención de precios en la cadena harinera. Asimismo, se barrieron 30 resoluciones de los programas Ahora 12 y Cuota Simple, herramientas de fomento al consumo masivo cuya vigencia temporal ya había expirado formalmente.

La desregulación también alcanzó al ámbito educativo no oficial. El Gobierno dio de baja cuatro normativas que obligaban a los colegios privados a pedir autorización para modificar sus cuotas. De acuerdo con los fundamentos del área de Producción, esta exigencia generaba una clara distorsión de precios, ya que empujaba a las instituciones a fijar incrementos preventivos ante la rigidez del control estatal. Finalmente, la resolución eliminó viejos controles de Precios Cuidados y trabas burocráticas a las importaciones. Con este golpe de timón normativo, la actual gestión ratifica su rumbo económico, apostando a un esquema donde todo lo que no esté expresamente prohibido quede permitido, desarmando de raíz las estructuras del intervencionismo para dinamizar la actividad privada.