Casación rechazó los recursos de Cristina Kirchner y avanzará el decomiso millonario de bienes

• Cristina Kirchner quedó a un paso de acudir en queja ante la Corte Suprema
• Casación ratificó el decomiso de bienes por más de $684 mil millones
• Máximo y Florencia Kirchner mantienen en disputa 19 propiedades
• La mayoría del tribunal consideró legítimo decomisar bienes heredados
• Borinsky votó en minoría respecto de inmuebles adquiridos antes de 2004
• El Tribunal Oral Federal 2 ya avanza con la ejecución patrimonial de la condena

La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves una nueva instancia judicial para Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejó allanado el camino para continuar con el decomiso de bienes dispuesto como parte de la condena por administración fraudulenta contra la ex presidenta.

La resolución ratifica el avance de una de las etapas más sensibles de la ejecución de la sentencia, vinculada a la recuperación de activos por parte del Estado. El decomiso fijado en el expediente asciende a $684.990.350.139,86 y comprende 111 bienes atribuidos al entramado patrimonial relacionado con Cristina Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez.

Con esta decisión, a la ex mandataria y a sus hijos sólo les queda recurrir mediante un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, desde el Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la condena, ya comenzaron consultas al máximo tribunal para determinar si alguna de las propiedades quedará eventualmente bajo su órbita mientras continúe el trámite judicial.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con una disidencia parcial de Mariano Borinsky. La mayoría rechazó todos los planteos de las defensas al considerar que no existían cuestiones federales suficientes para habilitar la intervención extraordinaria de la Corte.

En uno de los fundamentos centrales del fallo, Hornos sostuvo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. El magistrado remarcó además que la condena por irregularidades en la obra pública vial en Santa Cruz ya se encuentra firme y que los delitos investigados generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Respecto de los bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, el tribunal entendió que los argumentos defensivos ya habían sido analizados en instancias anteriores. La Cámara descartó que el decomiso de propiedades heredadas o recibidas gratuitamente vulnere principios constitucionales como el derecho de propiedad, la legalidad o la presunción de inocencia.

Según la mayoría, el hecho de que los actuales titulares no hayan sido condenados penalmente no impide avanzar sobre esos bienes cuando existe una “vinculación razonable” con el beneficio económico derivado del delito investigado. También consideró que la transmisión hereditaria o gratuita no elimina la posibilidad de ejecutar los activos alcanzados por el decomiso.

Borinsky, en cambio, votó en minoría a favor de habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de determinados bienes de Máximo y Florencia Kirchner y de algunas empresas ligadas a Báez. El magistrado cuestionó especialmente la inclusión de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal como punto de partida para evaluar el patrimonio susceptible de decomiso.

Entre los bienes cuestionados aparecen diez departamentos ubicados en Mitre 535, en Río Gallegos, y cinco lotes correspondientes al complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino. En el caso de Báez, la discusión también alcanza propiedades vinculadas a las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

La decisión de Casación profundiza así el escenario judicial adverso para Cristina Kirchner en la causa Vialidad y deja abierta una nueva etapa centrada en la recuperación patrimonial por parte del Estado.