El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal y abrir un nuevo debate sobre los alimentos saludables

• El Gobierno envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal
• La iniciativa elimina los octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas
• La Casa Rosada cuestionó el sistema por considerarlo confuso y excesivamente rígido
• El oficialismo sostiene que la normativa perjudica especialmente a las PyMEs
• También se eliminarían restricciones sobre publicidad y entornos escolares
• La derogación abre un nuevo debate entre desregulación económica y salud pública

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva ofensiva legislativa que promete reabrir uno de los debates más sensibles en materia de salud pública, consumo y regulación económica. La Casa Rosada envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, el sistema que incorporó octógonos negros de advertencia en envases de alimentos y bebidas.

La iniciativa ingresó al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. Desde el oficialismo impulsan un tratamiento rápido del proyecto con el objetivo de eliminar por completo el esquema vigente y avanzar hacia un modelo menos regulatorio para la industria alimenticia.

En los fundamentos del texto, el Gobierno sostuvo que la normativa actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” y cuestionó el criterio utilizado para clasificar los productos. Según la visión oficial, el sistema de octógonos aplica parámetros generales que terminan colocando advertencias similares sobre alimentos muy distintos entre sí.

La administración libertaria argumenta que el etiquetado frontal genera confusión en los consumidores porque productos considerados tradicionales o incluso saludables reciben sellos comparables a los de alimentos ultraprocesados. Para el Ejecutivo, el esquema vigente funciona bajo una lógica “binaria” que no contempla diferencias nutricionales más complejas.

La derogación propuesta implica mucho más que la eliminación de los octógonos negros. El proyecto también busca dejar sin efecto las restricciones vinculadas a publicidad dirigida a menores, el uso de personajes infantiles en envases y las limitaciones en entornos escolares, aspectos que habían sido incorporados como parte integral de la ley sancionada durante el gobierno anterior.

Dentro de la Casa Rosada sostienen que la normativa actual terminó generando una carga excesiva para el sector privado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas alimenticias. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de armonización con las regulaciones del Mercosur.

Según el Gobierno, muchas compañías debieron adaptar líneas de producción y fabricar envases específicos para el mercado argentino, incrementando costos operativos y generando desventajas competitivas frente a empresas de mayor escala. El oficialismo considera que ese escenario favorece la concentración económica y perjudica particularmente a las PyMEs.

El proyecto también cuestiona la rigidez técnica de la legislación vigente. Desde el Ejecutivo señalaron que varios criterios nutricionales quedaron establecidos directamente en la ley y no mediante reglamentaciones flexibles, lo que dificulta incorporar futuras actualizaciones científicas o eventuales modificaciones en las Guías Alimentarias para la Población Argentina.

A pesar del avance hacia la derogación, el Gobierno aclaró que la eliminación de la Ley de Etiquetado Frontal no implicará el fin de la información nutricional obligatoria en los envases. Los productos seguirán exhibiendo datos sobre calorías, azúcares, sodio y grasas en cumplimiento del Código Alimentario Argentino y de las normas vigentes del Mercosur.

La decisión oficial ya comenzó a generar repercusiones tanto en sectores empresariales como en ámbitos vinculados a la salud pública. Mientras parte de la industria alimenticia celebra la iniciativa por considerar que reduce costos y flexibiliza regulaciones, distintos especialistas advierten que la eliminación del sistema de advertencias podría afectar las políticas de prevención de obesidad y enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio.

La Ley de Etiquetado Frontal había sido aprobada luego de años de debate parlamentario y contaba con respaldo de organizaciones médicas, asociaciones de consumidores y organismos internacionales vinculados a la nutrición. El sistema buscaba brindar información clara y visible para facilitar decisiones de consumo más saludables.

Sin embargo, desde el inicio recibió cuestionamientos de sectores industriales que advertían sobre costos de implementación, distorsiones regulatorias y eventuales efectos negativos sobre la competitividad de las empresas argentinas.

La iniciativa impulsada por Milei se inscribe además en una línea política más amplia orientada a reducir regulaciones estatales y desmantelar normativas que el oficialismo considera intervencionistas. En ese marco, la discusión promete convertirse en un nuevo capítulo de la confrontación entre el modelo de desregulación económica promovido por el Gobierno y las políticas públicas vinculadas a salud y consumo.

Ahora el debate quedará en manos del Congreso, donde el oficialismo buscará construir consensos para avanzar con una derogación que seguramente encontrará resistencias en distintos bloques opositores y organizaciones sociales.