La Casa Rosada acelera en Diputados para avanzar con el recorte de subsidios por Zona Fría

• El oficialismo busca reducir el gasto estatal mediante el recorte del régimen de Zona Fría
• La iniciativa dejaría afuera a millones de usuarios incorporados en la ampliación de 2021
• El Gobierno promete mantener subsidios focalizados para sectores vulnerables
• Las provincias afectadas negocian compensaciones vinculadas a tarifas eléctricas
• La Libertad Avanza apuesta a conseguir quórum y sostener la sesión hasta el final
• La oposición vuelve a mostrar dificultades para coordinar una estrategia parlamentaria conjunta

El oficialismo llega a la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados con una mezcla de optimismo y cautela. En La Libertad Avanza aseguraban contar con los votos necesarios para aprobar el proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas por Zona Fría, aunque reconocían que el margen era ajustado y que las negociaciones con las provincias resultarían determinantes hasta último momento.

La iniciativa impulsada por el Gobierno propone volver al esquema previo a la ampliación sancionada en 2021, limitando el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. De ese modo, quedarían excluidas numerosas provincias que habían sido incorporadas durante la gestión anterior bajo criterios bioambientales, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

La discusión no gira únicamente en torno al costo fiscal del sistema, sino también sobre el impacto político que tendrá en distintos distritos del país. La ampliación aprobada hace cuatro años había elevado la cantidad de beneficiarios desde 950 mil usuarios hasta cerca de 4 millones de hogares, alcanzando casi a la mitad de los consumidores residenciales conectados a la red de gas natural.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca ordenar un esquema que consideran desbordado y poco eficiente. En ese sentido, remarcan que quienes realmente necesiten asistencia estatal podrán conservarla a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Según explican en el oficialismo, los hogares con ingresos inferiores o equivalentes a tres Canastas Básicas Totales podrán solicitar la continuidad del beneficio, al igual que ex combatientes de Malvinas, personas con discapacidad y titulares de certificados habitacionales especiales.

El argumento central de la Casa Rosada pasa por el ahorro fiscal. Las estimaciones oficiales indican que el regreso al esquema original permitiría reducir el gasto estatal entre 200 mil y 460 mil millones de pesos. Esa cifra se convirtió en uno de los principales ejes discursivos del oficialismo, que intenta mostrar coherencia con su política de ajuste y reducción del déficit.

Sin embargo, la resistencia política crece en varias provincias afectadas. Córdoba aparece entre los focos más activos de oposición al proyecto. Diputados alineados con el gobernador Martín Llaryora cuestionaron públicamente la iniciativa y advirtieron sobre el impacto que tendrá en miles de usuarios que perderían descuentos en las tarifas de gas.

En paralelo, el bloque Provincias Unidas dejó trascender que podría no aportar quórum, una situación que encendió alarmas dentro del oficialismo. Aun así, desde La Libertad Avanza se mostraban confiados en alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. La verdadera preocupación, admitían en privado, será sostener ese número hasta el final del debate, ya que el tratamiento de Zona Fría figura como el último punto del temario.

Para destrabar resistencias, el Gobierno abrió una negociación paralela con gobernadores de provincias del norte argentino. La estrategia incluyó ofrecer compensaciones vinculadas a subsidios de energía eléctrica para los distritos más afectados por las altas temperaturas. Así surgió el concepto de “zonas calientes”, una idea con la que la Casa Rosada busca equilibrar el argumento geográfico que históricamente justificó los beneficios para regiones frías.

Entre las provincias que podrían recibir esas compensaciones aparecen Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. La asistencia se implementaría mediante resoluciones administrativas del Ministerio de Economía, evitando así modificar nuevamente el texto legislativo.

La sesión también incluirá otros proyectos impulsados por el oficialismo. Entre ellos se destaca la denominada ley Hojarasca, destinada a eliminar decenas de normas consideradas obsoletas o costosas para el Estado. Además, se debatirán acuerdos internacionales de cooperación judicial y extradición, junto con convenios vinculados al cobro internacional de alimentos y a la remoción de restos de naufragios.

En paralelo, el oficialismo volvió a exhibir su capacidad de maniobra parlamentaria frente a una oposición fragmentada. La convocatoria a una sesión propia una hora antes del intento opositor para avanzar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue interpretada como una jugada para bloquear cualquier intento de interpelación.

La semana pasada, la oposición no logró reunir el quórum necesario para avanzar con el emplazamiento de comisiones que debían tratar los pedidos contra Adorni. La falta de respaldo de varios gobernadores terminó debilitando la ofensiva parlamentaria y dejó expuesta la dificultad de construir una mayoría alternativa frente al Gobierno.