Taiana presentó un Proyecto de Resolución para frenar la licitación de la Hidrovía por denuncias de irregularidades y documentos cuestionados

• Jorge Taiana pidió suspender la licitación de la Hidrovía del Paraná
• El proyecto denuncia presuntas irregularidades técnicas y jurídicas
• La polémica se centra en un informe atribuido a la UNCTAD
• También cuestionan el impacto ambiental de la profundización del río
• La oposición advierte sobre pérdida de control estatal y soberanía logística
• La causa quedó bajo análisis de la Procuración de Investigaciones Administrativas

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar la suspensión inmediata de la licitación de la Vía Navegable Troncal, en medio de una creciente controversia por presuntas irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales vinculadas al proceso impulsado por el Gobierno nacional.

La iniciativa apunta directamente contra la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025 para adjudicar la concesión de la Hidrovía del Río Paraná, uno de los corredores estratégicos más importantes para el comercio exterior argentino.

El eje central del planteo gira alrededor de la supuesta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, conocida como UNCTAD, que habría sido utilizada como respaldo técnico del proceso licitatorio.

En el proyecto, Taiana reclama que el Poder Ejecutivo suspenda el procedimiento hasta que se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas. Según el legislador, existen dudas sobre la legalidad y transparencia de una concesión que definirá durante décadas el manejo de la principal vía de navegación del país.

El expediente también cuestiona la falta de estudios de impacto ambiental integrales, posibles direccionamientos en los pliegos licitatorios y la reducción de mecanismos de control estatal y participación de las provincias ribereñas.

Las sospechas crecieron luego de una nueva presentación realizada ante la PIA por la firma brasileña DTA Engenharia LTDA., con patrocinio del abogado Eduardo Barcesat. Allí se aportaron elementos vinculados a la presunta falsedad de instrumentos públicos utilizados dentro del expediente administrativo.

La denuncia se sumó a planteos previos impulsados por integrantes de la Comisión Canal Magdalena, encabezados por el ingeniero José María Lojo, quien advirtió públicamente sobre supuestas inconsistencias en los estudios utilizados para avanzar con la licitación.

Según los denunciantes, el informe atribuido a la UNCTAD no reuniría características formales propias de documentos oficiales del organismo internacional. Entre otras observaciones, sostienen que carece de identificación clara de autores, no presenta formatos institucionales habituales y no contiene validaciones técnicas suficientes sobre cuestiones ambientales.

Además, una investigación informática incorporada al expediente habría detectado que los archivos fueron generados mediante programas convencionales de edición y no incluirían firmas digitales criptográficas válidas. Las firmas visibles, de acuerdo con la denuncia, serían simples imágenes insertadas digitalmente, compatibles con posibles montajes gráficos.

Otro de los puntos cuestionados es la ausencia de códigos de publicación, series identificatorias o referencias editoriales típicas de documentos emitidos por organismos de Naciones Unidas. Tanto la ONU como la propia UNCTAD habrían sido consultadas sobre la autenticidad y autoría del informe, aunque hasta el momento no trascendieron respuestas oficiales.

Más allá de la polémica documental, el proyecto de Taiana incorpora fuertes críticas ambientales. El legislador advierte sobre los posibles impactos de profundizar el calado del Río Paraná entre 40 y 44 pies, una obra que podría afectar ecosistemas ribereños, sistemas cloacales, acceso al agua potable y fauna ictícola.

También cuestiona la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al considerar que implicaría una pérdida de participación federal y una menor capacidad de fiscalización sobre una infraestructura clave para la economía nacional.

En el plano económico, el proyecto pone bajo la lupa las condiciones tarifarias previstas en los pliegos y advierte que el esquema podría garantizar ingresos mínimos al futuro concesionario, trasladando costos a productores y usuarios de la vía navegable.

Las denuncias también mencionan un posible favorecimiento hacia empresas extranjeras vinculadas al dragado y balizamiento de la Hidrovía, entre ellas Jan De Nul, actual operadora del sistema.

Además, los denunciantes sostienen que la estructura prevista para la adjudicación podría facilitar la creación de sociedades específicas con menor responsabilidad patrimonial frente a eventuales daños ambientales o económicos.

Para Taiana, la discusión excede lo administrativo y adquiere un carácter estratégico vinculado a la soberanía fluvial y marítima argentina. Según plantea el proyecto, ciertas condiciones de la licitación podrían favorecer el desvío de cargas hacia el puerto de Montevideo y modificar el esquema logístico regional en perjuicio de los intereses argentinos.