Carrera clave en Córdoba: récord de aspirantes y fuerte pulseada política por la Justicia Electoral

La convocatoria para cubrir la titularidad de la Justicia Electoral en la provincia de Córdoba superó todas las previsiones y dejó al descubierto algo más que interés técnico: con 53 postulantes inscriptos, el proceso se convirtió en un reflejo del intenso juego político local.

El número llamó la atención incluso en el denominado “Círculo Rojo”, donde se esperaba una participación más acotada debido a la especificidad del cargo. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria no solo responde a ambiciones personales, sino también a la relevancia estratégica del puesto: quien resulte designado tendrá bajo su órbita la organización de las elecciones provinciales de 2027.

En ese escenario, tanto el peronismo que lidera el gobernador Martín Llaryora como la Unión Cívica Radical mueven fichas para posicionar candidatos con chances reales.

Un radical con consenso interno

Dentro del radicalismo, el nombre de Diego Frossasco aparece como uno de los mejor posicionados. Su trayectoria en Derecho Constitucional, sumada a su experiencia como apoderado partidario en procesos electorales, lo ubican como un perfil técnico sólido.

Incluso en un espacio históricamente atravesado por internas, su candidatura logró algo poco habitual: respaldo transversal. Dirigentes cercanos a Rodrigo de Loredo y al exintendente Ramón Mestre coinciden en apoyar su postulación, lo que refuerza su posicionamiento en la carrera.

El peronismo despliega su propio juego

En paralelo, el oficialismo provincial también impulsa varias figuras. Entre ellas, sobresale Miriam Capone, con experiencia tanto en el ámbito judicial como en la gestión electoral municipal. Su trayectoria y vínculos políticos la ubican como una contendiente de peso.

Otro nombre que generó sorpresa es el de Augusto Pastore, actual funcionario del Ministerio de Gobierno y cercano al ministro Manuel Calvo. Aunque algunos cuestionan su falta de experiencia específica en materia electoral, desde el oficialismo destacan su formación en Derecho Público y su conocimiento del territorio.

También integran el lote de aspirantes vinculados al peronismo Guillermo Arias y Federico Robledo, este último con trayectoria en el Ministerio de Justicia y reconocimiento académico en la Universidad Nacional de Córdoba.

A su vez, el espacio abre lugar a aliados, como Silvia Paleo, con pasado en el PRO y experiencia legislativa.

Pocos perfiles judiciales en una lista extensa

Pese a la cantidad de postulantes, uno de los datos que más llamó la atención es la escasa presencia de funcionarios judiciales: apenas una minoría dentro del total. Entre ellos, aparecen nombres como Juan Cruz Juárez Vogel y Agustín García Faure, ambos con experiencia en el fuero federal electoral.

En el ámbito provincial, también se destaca María de los Ángeles Nallin, con amplio recorrido en el juzgado electoral y participación activa en la implementación de la Boleta Única.

Una definición abierta y cargada de tensión

El proceso de selección, a cargo del Consejo de la Magistratura, contempla exámenes, evaluación de antecedentes y entrevistas. Sin embargo, en el ambiente político nadie descarta que la decisión final tenga un fuerte componente político.

El trasfondo del debate no es menor. En un contexto de cuestionamientos a la institucionalidad, distintos sectores advierten que la designación deberá evitar cualquier sospecha de favoritismo. “El escenario actual no admite errores”, coinciden voces del ámbito político.

Con múltiples nombres en carrera y sin un claro favorito indiscutido, la definición sigue abierta. Lo que está en juego no es solo un cargo técnico, sino una pieza clave en el funcionamiento democrático de la provincia en los próximos años.