Banfi denuncia trabas y apunta contra Massa en la causa por presuntas coimas en el sistema SIRA

• Las denuncias apuntan a obstáculos en el acceso a información durante la gestión de Massa
• La respuesta oficial posterior fue parcial y limitada a un período de nueve meses
• La Justicia investiga posibles coimas para acceder a dólares oficiales
• El rol de funcionarios y empresarios está bajo análisis en el expediente
• También se cuestiona la actuación de Tombolini en el sistema investigado
• La figura del arrepentido aparece como clave para el avance de la causa

En medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el sistema SIRA, la diputada nacional Karina Banfi lanzó fuertes cuestionamientos contra el exministro de Economía Sergio Massa y advirtió sobre obstáculos en el acceso a la información durante su gestión. Según planteó, sus intentos por conocer detalles del mecanismo que regulaba las importaciones entre 2022 y 2023 fueron sistemáticamente bloqueados.

La legisladora explicó que su primera intervención se produjo en 2022, cuando presentó un pedido de informes en el Congreso para indagar sobre el funcionamiento del sistema. Sin embargo, sostuvo que esa iniciativa no prosperó. “Directamente lo obstaculizaron”, afirmó, al recordar las dificultades para obtener datos en pleno ejercicio del entonces titular del Palacio de Hacienda.

Ante la falta de respuestas, Banfi volvió a insistir hacia fines de 2023 mediante solicitudes formales de acceso a la información pública. Pero, según su relato, tampoco en esa instancia obtuvo contestación por parte de Massa. Recién con el cambio de administración, ya bajo la presidencia de Javier Milei, logró recibir una respuesta, aunque la calificó como incompleta.

De acuerdo con lo informado por la diputada, los datos oficiales proporcionados por la nueva gestión se limitaron a un período de nueve meses. En ese lapso, indicó, se habrían autorizado poco más de 500 operaciones SIRA para importaciones, por un monto cercano a los 68.000 millones de dólares. No obstante, remarcó que la información resultó insuficiente para reconstruir de manera integral el funcionamiento del sistema y advirtió que posteriores intentos por ampliar el detalle tampoco prosperaron. “Decían que no encontraban nada”, aseguró.

La causa judicial que investiga posibles maniobras de corrupción en torno al SIRA está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi. El expediente analiza si empresarios, intermediarios y funcionarios habrían participado en un esquema de pagos ilegales para acceder a permisos de importación, obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego generar ganancias a través de operaciones en el mercado paralelo.

Según las hipótesis que se investigan, las coimas podrían haber oscilado entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones. De comprobarse, se trataría de un circuito que habría aprovechado las distorsiones cambiarias para obtener beneficios extraordinarios, en un contexto de fuertes restricciones al acceso de divisas.

En sus declaraciones, Banfi también dirigió cuestionamientos hacia Matías Tombolini, quien estuvo al frente de la Secretaría de Comercio durante parte del período bajo análisis. La diputada puso en duda su rol y su posterior alejamiento de la escena pública, al tiempo que deslizó críticas sobre su desempeño en la función.

En paralelo, subrayó la importancia de que la investigación avance con el aporte de testimonios clave. En ese sentido, destacó el valor de la figura del arrepentido como herramienta judicial para esclarecer este tipo de maniobras complejas. Consideró que quienes hayan participado o sido afectados por el sistema cuentan con mecanismos legales para colaborar con la Justicia y contribuir a determinar responsabilidades.

El caso SIRA se inscribe en un escenario más amplio de revisión de políticas implementadas en la etapa anterior, especialmente aquellas vinculadas al control del comercio exterior y al acceso al mercado cambiario. La dificultad para acceder a información completa y la posible existencia de circuitos paralelos refuerzan la relevancia del expediente en curso.

Mientras la investigación avanza, las declaraciones de Banfi suman presión política sobre los exfuncionarios involucrados y reavivan el debate sobre la transparencia en la administración de divisas durante períodos de fuerte regulación. El desarrollo de la causa y la eventual aparición de nuevas pruebas o testimonios serán determinantes para establecer si existieron responsabilidades penales y en qué medida el sistema fue utilizado con fines ilícitos.