Escala el conflicto con la prensa: amparo judicial busca reabrir el acceso a la Casa Rosada

• Se presentó un amparo para restituir el acceso de periodistas a la Casa Rosada
• El reclamo incluye una medida cautelar para levantar el bloqueo de inmediato
• El Gobierno restringió el ingreso de toda la prensa acreditada
• El origen de la medida fue una denuncia por presunto espionaje
• Se cuestiona la aplicación de una sanción generalizada
• El caso abre un debate sobre seguridad y libertad de prensa

La tensión entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación sumó un nuevo capítulo con la presentación de una acción de amparo destinada a revertir la restricción de acceso a la Casa Rosada. La iniciativa judicial fue impulsada por empresas editoriales vinculadas a Ámbito Financiero, que reclaman la restitución inmediata de las acreditaciones de sus periodistas, en medio de un escenario de creciente controversia institucional.

El planteo fue promovido por las firmas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., que solicitaron además una medida cautelar innovativa para que la Justicia ordene el levantamiento urgente del bloqueo mientras se analiza el fondo de la cuestión. El objetivo central es que las cronistas Liliana Franco y Cecilia Camarano puedan retomar sus tareas habituales en Balcarce 50, luego de haber sido impedidas de ingresar sin previo aviso.

Según sostienen los demandantes, la decisión del Gobierno vulnera derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el acceso a la información pública. En ese sentido, argumentan que la imposibilidad de cubrir la actividad del Poder Ejecutivo en su sede principal afecta no solo el trabajo periodístico, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.

El conflicto se originó cuando la Casa Militar, área encargada de la seguridad presidencial, dispuso la anulación de las acreditaciones de todos los periodistas que habitualmente ingresaban a la Casa Rosada. La medida incluyó la baja de las huellas digitales registradas en el sistema de acceso, lo que en la práctica implicó una exclusión total de la prensa acreditada.

Desde el Gobierno se explicó que la decisión respondió a una acción preventiva vinculada a una denuncia penal por presunto espionaje ilegal. El caso estaría relacionado con la utilización de dispositivos tecnológicos por parte de periodistas que habrían captado imágenes de sectores internos del edificio sin autorización. A partir de ese episodio, la restricción se extendió a la totalidad de los acreditados, sin distinción.

Ese carácter generalizado de la medida es, precisamente, el eje del cuestionamiento judicial. El amparo sostiene que, aun en el caso de verificarse una conducta irregular puntual, no resulta jurídicamente válido aplicar una sanción colectiva que afecta a profesionales y medios que no guardan relación con los hechos investigados. En este sentido, se plantea que la decisión carece de proporcionalidad y no cuenta con respaldo de una resolución judicial que la avale.

Otro de los puntos señalados en la presentación es la falta de comunicación formal sobre los alcances y la duración de la medida. Según el planteo, la ausencia de criterios claros para la restitución del acceso genera incertidumbre y consolida una situación que, de hecho, restringe el ejercicio de la actividad periodística en uno de los ámbitos más relevantes de la vida institucional.

Desde el Ejecutivo, en tanto, se insiste en que la medida no constituye un acto de censura, sino una decisión transitoria orientada a revisar los sistemas de seguridad del edificio. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido plazos concretos ni mecanismos específicos para normalizar la situación, lo que contribuyó a acelerar la judicialización del conflicto.

El caso pone en el centro del debate la relación entre seguridad institucional y libertad de prensa, en un contexto donde las decisiones administrativas adquieren una dimensión política y jurídica significativa. La resolución que adopte la Justicia en relación con la cautelar solicitada podría sentar un precedente sobre los límites de las restricciones al trabajo periodístico en espacios oficiales.

Mientras tanto, la disputa continúa abierta. El resultado del proceso no solo impactará en las partes involucradas, sino que también podría redefinir las condiciones de acceso de la prensa a la Casa Rosada, un punto neurálgico para la cobertura de la actividad gubernamental.