Debate interno expone la pulseada entre el Gobierno y la CGT por el financiamiento sindical

• Resurge el debate interno por incluir la limitación de las cuotas solidarias en la reforma laboral.
• Sturzenegger impulsa el artículo más rechazado por la CGT; Caputo y los Menem buscan evitar una confrontación mayor.
• La falta de consenso retrasó la presentación del proyecto prevista para este martes.
• El texto mantiene cambios que afectan el financiamiento sindical aunque se retire el artículo principal.
• La CGT rechaza también modificaciones sobre ultraactividad, bloqueos y derecho de huelga.
• El Gobierno debate entre avanzar con una versión dura o moderar el proyecto para evitar un conflicto sindical de alto impacto.

La elaboración final del proyecto de reforma laboral quedó envuelta en una inesperada disputa interna dentro del Gobierno, a solo horas de su presentación formal. Lo que parecía encaminado después de que el oficialismo accediera a eliminar varios artículos para acercar posiciones con la CGT volvió a tensarse este fin de semana, cuando resurgió la discusión sobre la limitación de las cuotas solidarias, el punto más sensible para el poder sindical. A 72 horas de haber cedido en ese terreno, el área de Desregulación, encabezada por Federico Sturzenegger, insistió en reinsertar el artículo que condiciona el financiamiento gremial y que reproduce el espíritu del DNU 70.

El asunto no es menor: las cuotas solidarias constituyen la base del financiamiento sindical. Se trata de aportes descontados compulsivamente a todos los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados, y que los gremios pactan con las cámaras empresarias en los convenios colectivos. Para Sturzenegger, son “peajes sindicales”, y por eso empuja un esquema donde solo se apliquen con el consentimiento explícito del empleado. La CGT se opone tajantemente y había logrado que el Gobierno retirara ese artículo tras mantener conversaciones con Santiago Caputo, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quienes buscaron moderar el texto para facilitar el tránsito legislativo.

Pero la redacción definitiva se volvió a trabar. Sturzenegger contó con apoyos de peso —entre ellos, el de Patricia Bullrich— para reinstalar el artículo, lo que reabrió una interna que expone dos miradas distintas dentro del oficialismo. De un lado, quienes creen que avanzar contra el corazón del financiamiento gremial desatará una confrontación que pondrá en riesgo toda la reforma laboral; del otro, quienes plantean que ceder en ese punto no traerá, de todos modos, un respaldo sindical real.

La falta de acuerdo derivó en un retraso que pone en duda la presentación prevista para este martes. El presidente Javier Milei, según fuentes oficiales, pidió que el texto final surgiera de un consenso interno, sin fijar una posición explícita, lo que prolongó las tensiones entre las distintas áreas del Ejecutivo.

Incluso si el Gobierno decidiera finalmente retirar el artículo más conflictivo, el proyecto mantiene otras modificaciones que afectan el sistema de cuotas solidarias. En la nueva versión se eliminó la obligación de los empleadores de actuar como agentes de retención de esos aportes; la retención solo podrá realizarse si existe conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre partes, lo que debilita de manera indirecta el financiamiento sindical.

Otro cambio relevante apunta a la relación entre convenios por empresa y convenios por actividad. Tras fuertes reclamos de la CGT, se añadió que los convenios por empresa deberán ser negociados por sindicatos con personería, dejando fuera a las comisiones internas y reforzando el tradicional esquema del unicato sindical.

La reforma también impulsa la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, un punto que inquieta a la dirigencia gremial. Se incorpora una disposición transitoria que obliga a renegociar convenios vencidos dentro del plazo de un año y habilita a la Secretaría de Trabajo a suspender la homologación si detecta “distorsiones económicas graves”. Ese mecanismo es visto por los gremios como una herramienta que puede debilitar derechos adquiridos.

El texto incluye además nuevas infracciones muy graves, como instar u organizar bloqueos a establecimientos, lo que permitiría sancionar directamente a las cúpulas sindicales ante protestas que afecten la actividad empresarial. A esto se suma una regulación más estricta de las asambleas en los lugares de trabajo y dos nuevas prácticas desleales atribuibles a los gremios: dilatar negociaciones colectivas y no acatar conciliaciones obligatorias.

La CGT también rechaza la regulación del derecho de huelga, que reproduce disposiciones ya incluidas en el DNU 70 y el decreto 340, ambos frenados judicialmente. Aunque el proyecto mantiene el número actual de delegados, fija límites a las asambleas para impedir que derivan en medidas de fuerza encubiertas y sanciona intervenciones sindicales que afecten el funcionamiento de las empresas.

Con el reloj corriendo y con la intención de enviar el proyecto al Congreso durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo enfrenta un dilema estratégico: avanzar con una reforma dura que garantice cohesión interna pero enfrente resistencia sindical feroz, o moderar el texto para evitar un conflicto mayor que, igualmente, no asegura apoyos. En cualquiera de los dos escenarios, el Gobierno deberá decidir entre acelerar o recalibrar un proyecto que se convirtió en una prueba decisiva de su capacidad para gestionar tensiones dentro y fuera de su propia coalición.