Villarruel avanza con redistribución de despachos en el Senado tras el incidente con Cristina López

• Victoria Villarruel avanza con la redistribución de despachos en el Senado tras el incidente con Cristina López.
• López denunció haber sido herida por custodios al intentar recuperar pertenencias de su oficina.
• El decreto 607/25 ordena la restitución de despachos de senadores cuyo mandato finaliza.
• Se tomaron 53 oficinas y ya se redistribuyeron 43, afectando principalmente a legisladores libertarios.
• Opositores recibieron despachos más cercanos y estratégicos dentro del Palacio del Congreso.
• La medida evidencia la decisión de Villarruel de controlar directamente el uso de los despachos y los recursos de la Cámara Alta.

Una semana después del episodio que protagonizó la senadora fueguina Cristina López, la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, decidió avanzar con la redistribución de despachos dentro de la Cámara Alta, generando tensiones políticas internas y críticas entre algunos legisladores.

El incidente que desató la polémica ocurrió cuando López intentó recuperar sus pertenencias de un despacho que había pertenecido al senador salteño Sergio “Oso Leavy” y que había sido cedido temporalmente mientras ella se preparaba para jurar como legisladora. Según la denuncia de la senadora, al intentar ingresar a la oficina acompañada de un cerrajero, se encontró con un cordón de seguridad conformado por custodios que responden a Villarruel. El intento de acceder a sus pertenencias derivó en un forcejeo durante el cual López resultó herida, registrándose un hematoma de 5 x 3 centímetros en la zona superior del tobillo derecho y dolores internos en el brazo derecho.

La legisladora formalizó la denuncia ante la Justicia contra los agentes de seguridad involucrados, pero este hecho no detuvo la política de redistribución de oficinas impulsada por Villarruel. La vicepresidenta había firmado previamente el decreto 488/25, que establecía el control de los despachos abandonados por senadores cuyos mandatos habían concluido, prohibiendo su cesión entre particulares o bloques.

Este miércoles, Villarruel reforzó la medida con la firma del decreto 607/25, mediante el cual se ordenó la restitución de “todos los despachos, espacios y mobiliarios que hubiesen sido asignados a los senadores cuyo mandato finaliza”. La justificación oficial apunta a coordinar el uso eficiente de las oficinas y asegurar que los espacios sean administrados directamente por la presidencia de la Cámara.

En la práctica, la vicepresidenta tomó el control de 53 despachos y ya ha redistribuido 43. Según el listado oficial, una parte significativa de los 20 senadores libertarios fue desplazada a oficinas alejadas del Palacio del Congreso. En cambio, legisladores de la oposición recibieron despachos más cercanos y estratégicos dentro del edificio. La única excepción dentro del bloque libertario fue la jefa de bancada, Patricia Bullrich, quien mantiene una oficina en el Senado y otra en el anexo.

Entre los legisladores que se vieron más afectados se encuentran María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Nadia Márquez (Neuquén), Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), este último considerado cercano al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. La bancada libertaria, en conjunto, conservará un despacho en el Palacio, lo que podría interpretarse como un intento de equilibrar la situación.

Por otro lado, figuras como Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero y líder de un monobloque no afiliado al peronismo, obtuvo su oficina en la planta baja del Senado, evidenciando que la redistribución no siguió criterios estrictamente partidarios y que Villarruel buscó consolidar un control estratégico de los espacios.

El episodio y las medidas posteriores ponen de relieve la tensión creciente en la Cámara Alta, donde las decisiones administrativas sobre despachos se cruzan con disputas políticas y de poder interno. Para Villarruel, la redistribución busca ordenar la ocupación de oficinas y evitar cesiones informales, pero para los senadores afectados representa un nuevo foco de confrontación dentro de la agenda parlamentaria.

El caso de López, que terminó con lesiones leves pero con repercusión mediática, marcó un punto de inflexión y generó cuestionamientos sobre el uso de la custodia oficial en conflictos internos. A la vez, la redistribución de despachos evidencia que la vicepresidenta del Senado está decidida a ejercer un control más directo sobre los espacios y recursos de la Cámara, definiendo claramente quién tiene acceso a oficinas estratégicas y cuáles quedan relegadas.