El Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal y abre un debate de fondo sobre seguridad y justicia

• El Gobierno envió al Congreso una reforma integral del Código Penal enmarcada en el Plan Tolerancia Cero.
• El proyecto endurece penas para delitos graves e incorpora la eliminación de la prescripción en abusos sexuales y homicidios agravados.
• La iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias durante el verano.
• Amerio defendió la reforma como un quiebre con políticas anteriores y destacó que el 82% de los delitos tendrán cumplimiento efectivo de pena.
• Se elimina el límite temporal de la prisión perpetua para homicidio agravado.
• El paquete se complementa con el Sistema Acusatorio y la baja en la edad de imputabilidad, en busca de un nuevo paradigma penal.

El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que busca rediseñar por completo la estructura punitiva del país y endurecer las sanciones para los delitos más graves. La medida se presenta como pieza central del denominado Plan Tolerancia Cero y pretende marcar un quiebre respecto de las políticas penales de las últimas décadas. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, destacó que el objetivo es responder al “mandato social” de combatir la inseguridad con herramientas más severas y un enfoque centrado en las víctimas.

El proyecto propone un incremento significativo de las penas para delitos como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. La modificación más potente —y también la más polémica— es la eliminación de la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado. Con este cambio, esos delitos dejarán de tener una fecha de caducidad en términos judiciales, lo que obligará a que cualquier proceso pueda iniciarse sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho.

La iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias durante el verano y se integra dentro del paquete de reformas que el Gobierno de Javier Milei planea impulsar en el Congreso. En una presentación conjunta realizada este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich aportaron detalles sobre el espíritu del proyecto. Según un comunicado del Ministerio de Justicia difundido en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

Amerio se encargó de marcar distancia con políticas anteriores y defendió el giro conceptual de la propuesta. Sostuvo que esta reforma implica “terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes” y que el nuevo esquema penal está pensado para garantizar que las condenas se cumplan de manera efectiva. Según explicó, el 82% de los delitos contemplados en el proyecto tendrán cumplimiento efectivo de pena, una diferencia sustancial respecto del régimen actual, donde las condenas inferiores a tres años suelen evitar la prisión.

Entre los puntos centrales del texto oficial se encuentra también la eliminación del límite temporal de las condenas perpetuas. Quienes sean encontrados culpables de homicidio agravado enfrentarán prisión de por vida, sin posibilidad de reducciones que permitan anticipar la libertad. La medida apunta, según el Gobierno, a reforzar la proporcionalidad de las penas y a enviar un mensaje claro sobre la respuesta estatal a los crímenes más graves.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de reforma del sistema penal. A la modificación del Código se suman la implementación del Sistema Acusatorio —un modelo que busca agilizar los procesos y otorgar mayor protagonismo a los fiscales— y la reducción de la edad de imputabilidad, otro eje que promete abrir un debate intenso en el Congreso. Para el Ejecutivo, se trata de un paquete coherente orientado a “proteger a las víctimas y no a los criminales”.

Amerio también subrayó que la actualización es necesaria porque el Código Penal vigente fue redactado hace más de un siglo y refleja una matriz social ajena a la actualidad. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, aseguró el funcionario, al presentarlo como una respuesta estructural a la inseguridad y a la demanda de mayor firmeza penal.

El envío formal de la reforma abre ahora una etapa de discusiones políticas y jurídicas. Diferentes bloques ya anticiparon que analizarán los alcances del proyecto, especialmente en lo relativo a la eliminación de la prescripción y a la ampliación de las penas perpetuas. El Gobierno, sin embargo, confía en que la presión social por medidas más duras incline la balanza y habilite una aprobación rápida durante el verano.