El Gobierno denunciará a la UBA por bloqueos en su página web tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

• El Ministerio de Capital Humano denunciará a la UBA por bloquear su página oficial con un subdominio de contenido político tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
• La cartera a cargo de Sandra Pettovello investigará responsabilidades administrativas y legales de quienes crearon https://noalveto.uba.ar
• El Gobierno sostiene que las universidades deben garantizar el acceso a la información y no usar recursos públicos con fines partidarios.
• La UBA y otras casas de altos estudios rechazaron el veto, alertando sobre reducción de gastos, paralización de obras y pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores.
• Rector Ricardo Gelpi, vicerrector Emiliano Yacobitti y decanos respaldaron el comunicado en defensa de la autonomía universitaria.
• La confrontación evidencia tensión entre el Ejecutivo y las universidades, con posibles implicancias sobre el uso de recursos institucionales en protestas políticas.

La tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas escaló a un nuevo capítulo luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La medida se produce en el marco de las protestas por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso y buscaba actualizar por inflación los fondos destinados a las casas de altos estudios.

El motivo de la denuncia, según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, se centra en el bloqueo del acceso al sitio oficial de la UBA (www.uba.ar), que fue reemplazado temporalmente por un subdominio con “contenido de carácter político partidario”. En particular, se investiga el origen del portal https://noalveto.uba.ar/
 con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas y legales de quienes participaron en su creación y difusión.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de Capital Humano, solicitaron el “cese inmediato de esa maniobra” y recordaron que las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y el acceso igualitario a la información académica y administrativa. “La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configura una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades”, indicaron en un comunicado.

El Ministerio sostuvo, además, que mantiene su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario, al tiempo que reafirma el respeto al derecho a huelga dentro del marco legal vigente. Sin embargo, el tono de la denuncia refleja la creciente confrontación entre el Gobierno y las casas de altos estudios, que consideran que el veto amenaza la estabilidad financiera de sus instituciones.

Por su parte, la UBA y otras universidades nacionales emitieron pronunciamientos públicos en los que manifestaron su rechazo al veto y detallaron las dificultades económicas que atraviesan. “El veto decretado a la Ley de Financiamiento Universitario deja nuevamente en un estado crítico el funcionamiento de la UBA, poniendo en riesgo la calidad académica y la existencia misma de la Universidad, tal como la conocemos”, señalaron a través de sus redes oficiales.

Entre los principales argumentos de la UBA se destacan la fuerte reducción de los gastos de funcionamiento frente a la inflación, la paralización de obras de mantenimiento por parte del Estado desde hace más de un año y medio, y la pérdida de poder adquisitivo de los docentes y trabajadores universitarios, que superaría el 40%. Según la casa de altos estudios, estas medidas constituyen “un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.

El rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, junto con los decanos y regentes de la universidad, adhirieron al comunicado, consolidando un frente institucional en defensa del financiamiento público y del carácter autónomo de la universidad. Además, la medida se suma a las acciones de protesta que se llevaron a cabo desde la sanción del veto, como paros universitarios y marchas en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias.

Analistas políticos consideran que el cruce entre el Gobierno y las universidades podría profundizarse en los próximos días, especialmente si las protestas se intensifican o si se repiten bloqueos de los canales institucionales. La confrontación evidencia la delicada situación presupuestaria de las universidades públicas y la creciente tensión entre el Ejecutivo y los sectores académicos, que advierten sobre las consecuencias de recortes en la educación superior.

En este contexto, el escenario parece marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y las universidades: la denuncia contra la UBA y la investigación sobre el subdominio “noalveto.uba.ar” podrían sentar un precedente sobre el uso de recursos institucionales en el marco de protestas políticas, mientras que las casas de altos estudios buscan defender su autonomía y asegurar el financiamiento que consideran esencial para mantener la calidad académica.