Procesan a dos funcionarias bonaerenses por el ataque a la casa del diputado José Luis Espert

• La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a dos funcionarias kirchneristas y a un joven por el ataque a la casa del diputado José Luis Espert.
• Las acusaciones incluyen amenazas agravadas, incitación al odio político y uso de bienes del Estado.
• El ataque incluyó excremento y un pasacalle con amenazas.
• Se usó una camioneta oficial del Municipio de Quilmes con patente adulterada.
• Una de las funcionarias borró evidencia digital antes de ser detenida.
• La jueza advirtió sobre una escalada de violencia política organizada.
• Hubo embargos y prisión domiciliaria para los procesados.
• El fallo reabre el debate sobre violencia política y responsabilidades del funcionariado.

En un fallo de alto voltaje político, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a dos funcionarias vinculadas al kirchnerismo por el ataque perpetrado en junio pasado contra la casa del diputado nacional libertario José Luis Espert, en Beccar. Las acusadas son Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, y Eva Mieri, concejal de La Cámpora en Quilmes. También fue procesado Iván Díaz Bianchi, un joven empleado del Hospital Cetrángolo de Vicente López.

La magistrada los acusó como coautores de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio político, en una causa que detalla un accionar planificado y ejecutado con violencia simbólica y material. El hecho, ocurrido el 17 de junio, incluyó la colocación de un pasacalle con la leyenda "Acá vive la mierda de Espert. Con Cristina no se jode" y el arrojo de excremento en el frente del domicilio del legislador.

Según la resolución judicial, Abaigar y Mieri actuaron como organizadoras del escrache, reclutando participantes, dando instrucciones logísticas —incluyendo vestimenta y traslado— y utilizando vehículos oficiales y particulares cuyas patentes fueron adulteradas para evitar ser identificadas. Los atacantes actuaron encapuchados, con guantes y cubriendo sus rostros.

Uno de los móviles utilizados era una camioneta oficial del Municipio de Quilmes, lo que llevó a la jueza a sumar el delito de malversación de fondos públicos en el caso de Mieri. Ambas recibieron embargos de hasta $5 millones, y en el caso de Abaigar, también se dispuso prisión domiciliaria, aunque la caución inicial de $30 millones fue reducida a $2 millones por la Cámara Federal de San Martín.

La causa también quedó marcada por el vaciamiento de pruebas digitales. Mieri, al ser detenida, tenía un teléfono prácticamente “limpio”, sin mensajes, fotos, contactos ni historial, lo que fue interpretado como un intento de encubrimiento.

Asimismo, la Policía Federal detectó que las cámaras de seguridad del Municipio de Quilmes no contaban con registros del mes del ataque. La explicación oficial fue un “cambio de empresa” sin respaldo de grabaciones anteriores.

En su resolución de 85 páginas, Arroyo Salgado advirtió sobre “una escalada de violencia” política que va desde los discursos hasta hechos intimidatorios concretos contra representantes del sistema democrático. Y remarcó con dureza la gravedad de que estas acciones sean cometidas por funcionarias públicas: “No actuar con claridad, firmeza y legalidad frente a estas conductas es legitimar su reproducción”.

Fueron sobreseídos otros dos involucrados, y se dictó falta de mérito para otras dos personas. La jueza también levantó el secreto de sumario que regía desde el inicio de la investigación.

El caso abre un fuerte debate sobre los límites de la militancia política, el uso de recursos del Estado, y la protección de los representantes democráticamente electos frente a actos de violencia política.