Tensión en el oficialismo: vetos, desgaste y negociaciones en la previa electoral

• A tres meses de las elecciones, el Gobierno de Milei enfrenta desgaste político y dificultades para sostener su agenda.
• El oficialismo necesita apoyo legislativo para sostener tres vetos claves (jubilaciones, discapacidad y moratoria previsional).
• La negociación con la oposición es compleja por el alto costo electoral de esos temas.
• El PRO y la UCR están divididos; algunos sectores piden acuerdos electorales a cambio de votos.
• El Gobierno ya inició contactos informales y apuesta a alianzas provinciales, pero aún no hay definiciones claras.
• Guillermo Francos es clave en la estrategia de diálogo. El tiempo para cerrar acuerdos se agota.

A tres meses de las elecciones nacionales, el Gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de creciente tensión política y parlamentaria. Mientras el oficialismo intenta sostener su programa económico con el déficit cero como bandera, puertas adentro algunos funcionarios ya reconocen cierto desgaste y admiten que el “primer año de luna de miel” está llegando a su fin.

“La estamos aguantando colgados del travesaño”, confió en off un importante hombre del entorno presidencial. La frase resume el momento: una Casa Rosada que se prepara para un complejo entramado de negociaciones legislativas en medio del calendario electoral.

El presidente apuesta a que un triunfo en las elecciones reforzará su posición en el Congreso para avanzar con las reformas de segunda generación —laboral y tributaria—, clave para su plan de desregulación y reducción de la informalidad. Pero, mientras tanto, enfrenta un desafío inmediato: el tratamiento de tres vetos clave a proyectos aprobados por el Congreso, entre ellos el aumento a jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

El Gobierno ya activó llamados informales a sectores de la oposición "dialoguista" para sondear apoyos que permitan sostener los vetos en Diputados. Con solo 39 bancas propias, La Libertad Avanza necesita entre 75 y 86 votos para lograrlo. En particular, el Ejecutivo confía en que el veto a la moratoria previsional será sostenido, dado que recibió 100 votos negativos en su media sanción. Pero el panorama es más incierto en las otras dos iniciativas, que lograron un respaldo más amplio.

Las negociaciones, sin embargo, no son sencillas. Se trata de temas de alta sensibilidad social y electoral, lo que convierte cada voto en una moneda de cambio cara. “Nadie lo dirá públicamente, pero esto está atravesado por la coyuntura electoral”, admitió un referente de la oposición.

En ese contexto, el PRO se muestra dividido: mientras el ala de Patricia Bullrich ya opera casi como parte del oficialismo, otros sectores —más cercanos a Mauricio Macri o con posturas independientes— se muestran reticentes o directamente se abstienen. La posibilidad de una alianza en la Ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO tampoco genera consensos internos, especialmente por los vetos impuestos desde el círculo de Karina Milei, que rechaza nombres como Silvia Lospennato o María Eugenia Vidal.

El radicalismo, por su parte, también mantiene una postura ambigua. Algunos diputados se abstuvieron en votaciones recientes, y podrían acompañar al Gobierno si se abren negociaciones para incluirlos en las listas provinciales, algo que por ahora no figura en la agenda formal.

Desde Casa Rosada, las distintas terminales del oficialismo —el sector de Karina Milei, los hermanos Menem, y el ala “caputista”— analizan cómo capitalizar cada voto. Mientras unos priorizan garantizar "voluntades transitorias" para las próximas votaciones, otros ya piensan en acuerdos más estructurales con gobernadores y espacios aliados para 2026.

En medio de las especulaciones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aparece como figura clave para intentar tender puentes. Se menciona incluso una posible convocatoria a los gobernadores, con quienes el Gobierno mantiene un tenso vínculo por los recortes presupuestarios, aunque se desliza que podría haber margen para pactos electorales en provincias como Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Chaco y San Juan.

El jueves, un cóctel en La Rural sirvió como gesto inicial de distensión entre el oficialismo y algunos de sus potenciales aliados. Pero aún no hay definiciones, y todo parece supeditado al cierre de alianzas del 7 de agosto y la presentación de listas del 17. En ese tablero de piezas móviles, el Gobierno sabe que necesita negociar si quiere blindar sus vetos y preservar su programa económico. El tiempo corre.