Dos causas judiciales condicionan el futuro de Martín Gill en el gabinete de Llaryora

El futuro político de Martín Gill, actual ministro de Cooperativas de Martín Llaryora, es incierto a raíz de dos causas que lo dejan expuesto con dos temas híper sensibles: la violencia de género y la corrupción kirchnerista. 

Gill está imputado por lesiones leves en perjuicio de una expareja y el juez Julián Ercolini lo reclama por una vieja causa vinculada al desvío de fondos universitarios para los programas de televisión 6, 7, 8 y Duro de Domar.

El eje de esa investigación, que estuvo cajoneada durante años, en una sospecha de triangulación de fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación a favor de los programas de propaganda K. Gill fue titular de esa dependencia desde 2012 y hasta que asumió como diputado nacional al año siguiente.

La causa se inició en noviembre de 2017 tras la presentación del abogado denunciador serial contra los K Santiago Dupuy de Lome, quien abrió un expediente en el que expuso una supuesta triangulación de fondos universitarios vía la Universidad de San Martín hacia la productora de los dos programas mencionados. Los hechos que se investigan habrían ocurrido varios años antes, entre 2010 y 2014.

El mascarón de esa triangulación -siempre según la denuncia- habría sido el programa PASCAL, desarrollado por la Universidad San Martín, un sistema para medir el comportamiento social a través de los consumos de medios masivos. Era la época de los fuertes embates del kirchnerismo contra los "medios hegemónicos".  

La causa se inició en noviembre de 2017 tras la presentación del abogado denunciador serial contra los K Santiago Dupuy de Lome, quien abrió un expediente en el que expuso una supuesta triangulación de fondos universitarios vía la Universidad de San Martín hacia la productora de los dos programas mencionados. Los hechos que se investigan habrían ocurrido varios años antes, entre 2010 y 2014.

Gill no es el único apuntado en esa causa. En diciembre de 2020, el fiscal Carlos Rívolo solicitó la indagatoria de tres exsecretarios de Políticas Universitarias: Alberto Dissern, Aldo Caballero y Gill. El juez Julián Ercoloni enfrió el expediente y solicitó nuevas medidas. Ahora parece haberla reactivado con el llamado a indagatoria.

Además. Ercolini le pidió a Gill que designe un abogado con matrícula en la ciudad de Buenos Aires. Su letrado de confianza y mano derecha en la gestión, Eduardo Rodríguez, no puede representarlo.

En los tribunales de Córdoba Gill tiene una causa elevada a juicio por la fiscal de Villa María, Juliana Companys, para quien hay elementos que sostienen la acusación por lesiones leves sufridas por una mujer de 39 años que fue pareja del ex intendente de Villa María y del ex secretario de Obra Pública de la Nación. El pedido de la fiscal debe ser confirmado por la jueza de Control Soledad Dottor, quien tiene el expediente desde fines de marzo.

Gill apeló la elevación a juicio, y su abogado Rodríguez adelantó en marzo que la estrategia era agotar todas las vías recursivas, sin descartar llegar a la instancia del Tribunal Superior de Justicia. "Por desconocimiento o mala intención, para algunos la elevación a juicio es una condena", dijo Rodríguez al rechazar los cuestionamientos políticos sobre el actual ministro. 

Gill apeló la elevación a juicio, y su abogado Rodríguez adelantó en marzo que la estrategia era agotar todas las vías recursivas, sin descartar llegar a la instancia del Tribunal Superior de Justicia

Sobre este punto, el próximo miércoles 21 un sector de la oposición intentará dar inicio a un juicio político para remover a Gill del cargo. El pedido fue presentado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, un ex lilito que ahora coquetea con los libertarios.

El poroteo para iniciar el juicio político contra Gill arranca con 11 votos (se suman a él los juecistas y tres bloques unipersonales). Para que prospere lo deben acompañar sus exsocios radicales y del PRO. Por ahora, los legisladores del conglomerado UCR-PRO se inclinarían sólo por una declaración de repudio a la permanencia de Gill en el gabinete.

Hasta antes de que se conociera la investigación de Ercolini que tiene a Gill en la mira, Llaryora se inclinaba por sostener a su ministro, al menos hasta que haya una condena en el caso de lesiones leves. Pero en el entorno del gobernador analizan que "una sospecha por negocios con los K" puede tener un correlato en el electorado cordobés, refractario al kirchnerismo. 

CON INFORMACION DE LA POLITICA ONLINE