Tensión en la sede de Madres de Plaza de Mayo por un nuevo procedimiento judicial

POLÍTICA Por
Es a raíz del proceso de quiebra de la Fundación. Militantes y organizaciones sociales se convocaron en la puerta de la sede.
SEDE MADRES

La Justicia ordenó un operativo judicial en la sede de Madres de Plaza de Mayo en Congreso, a raíz del proceso de quiebra de la fundación que dirige Hebe de Bonafini.

La medida fue dictada por el juez en lo Comercial N° 13 Fernando Javier Perillo, a raíz de la presentación del juez Javier Buján, para confeccionar un inventario sobre los bienes que se encuentran en la Casa de las Madres sobre avenida Yrigoyen al 1584.

Tras conocida la decisión judicial, militantes se convocaron a la puerta del lugar para solidarizarse. Desde la fundación emitieron un comunicado denunciando la "persecución política judicial". 

"Las Madres denuncian que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad y estado de derecho", expresaron en un escrito.

Un abogado de la Sindicatura que fue a buscar documentación, se retiró en medio de insultos y empujones, custodiado por personal policial.

La iniciativa responde al pedido de quiebra de la Fundación, que fue decretado en junio de 2017, a raíz de las deudas económicas con ex empleados. El juez Perillo quiere realizar un inventario de bienes a fin de saldar esas deudas.

Sin embargo, desde Madres argumentan que detrás hay motivaciones políticas en su contra. 

Y argumentan que en noviembre de 2018, la Sala B de la Cámara Comercial emitió un fallo donde se reconoce a Madres de Plaza de Mayo por "fuera del código de comercio" y que la actividad que desarrollan es de "interés público y social".

Además, aseguran que detrás del pedido de inventario en la sede está la figura del actual ministro de Justicia, Germán Garavano, el supuesto "operador judicial" Daniel Angelici "y su amigo, el juez Javier Buján".

En el comunicado, aseguran que la Cámara Comercial, a través de las firmas de las doctoras Matilde Ballerini y María L. Gómez Alonso, determinó que la fundación "no puede ser evaluada con los mismos parámetros" que una empresa "por distintas razones: Su actividad no implica una actividad comercial per sé; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina".

La solicitud para realizar un inventario sobre el archivo de Madres fue hecho por el juzgado de Petrillo, enmarcado en la causa de la quiebra de la Fundación. Sin embargo, desde la entidad argumentan que el acceso al inventario debe realizarse dentro de una nueva causa.

El 4 de abril, un grupo de escribanos intentó realizar el operativo en la sede de Yrigoyen, pero no pudo realizarse 

En esa oportunidad, denunciaron una "nueva avanzada del Gobierno nacional y sus operadores judiciales" para "apropiarse del archivo de la Asociación".

El antecedente

En enero de 2018, Bonafini rechazó un procedimiento que la Justicia ordenó en la sede porteña de la entidad, también en aquella oportunidad para realizar un inventario.

"Este Gobierno nos quiere arrodillar", declaró Bonafini cuando se atrincheró en la casa de Yrigoyen 1584 durante poco más de doce horas para evitar el allanamiento. Recién salió minutos antes de las 19 para descansar en un departamento que tiene al lado de la sede.

En aquella oportunidad, la orden fue dada por el juez Javier Cosentino, como parte de la causa por el quiebre de la Fundación de las Madres debido a los juicios indemnizatorios de ex trabajadores del proyecto "Sueños Compartidos".

 

 

Con información de www.clarin.com

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