Avanzan los preparativos para el juicio oral a Cristina Kirchner y sus hijos por lavado en Los Sauces

CORRUPCIÓN K Por
EL Tribunal Oral Federal 5 terminó de recibir pruebas para la instrucción complementaria. El fiscal pidió que declaren 120 testigos.
08.10

Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner irán a juicio oral acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. La causa Los Sauces se encuentra en el Tribunal Oral Federal 5, cuyos jueces conducirán las audiencias y dictarán la sentencia. Esta semana, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, cerró la etapa de presentación de pruebas y el fiscal del juicio, Diego Velasco, pidió cerca de 120 testigos y requirió documentación sobre las propiedades de los Kirchner. En tanto la querellante Oficina Anticorrupción (OA), solicitó más de 60 testigos y que se incorporen datos de otras causas, como la de los cuadernos de las coimas y "la ruta del dinero K".

El período para la presentación de pruebas en el marco de la causa ya cerró, y tanto lo requerido por la querella como por el fiscal ante el Tribunal comenzó a ser evaluado por el TOF 5 que en una próxima instancia deberá fijar fecha para el comienzo del juicio.

Entre los testigos cuya comparecencia requirió el fiscal Velasco, están los escribanos que intervinieron en las operaciones inmobiliarias de Los Sauces SA, y los peritos que analizaron la contabilidad de la firma señalada como una “pantalla” para “simular alquileres y así lavar dinero”.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción pidió la declaración testimonial de más de 60 personas. Entre ellas se destacan los interventores de “Los Sauces SA” y de “Idea SA” -una empresa de Osvaldo Sanfelice- y de la interventora del condominio Máximo y Florencia Kirchner. Asimismo, pidieron que la ex diputada Margarita Stolbizer -cuya denuncia dio origen a la causa-, sea incluida entre las testimoniales como también su abogada, Silvina Martínez, entre otros.

El fiscal Velasco también pidió diversos informes respecto a las propiedades que Néstor y Cristina Kirchner compraron para la empresa, como también aquellas que vendieron para contar con fondos que después se usaron para nuevos negocios. Estos informes, según pudo saber Clarín, fueron pedidos a la municipalidad de Río Gallegos y a diferentes organismos intervinientes en la prestación de servicios para dichas propiedades.

La OA solicitó que las municipalidades de Río Gallegos y de El Chaltén “remitan al tribunal todos los antecedentes de los permisos de obra o construcción de edificios y hoteles vinculados a la causa”.

El organismo también solicitó incorporar las causas judiciales vinculadas, como la causa “obra pública” (cuyo juicio comenzará en mayo), “la ruta del dinero K”, “los cuadernos de las coimas” y “Hotesur”, entre otras.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez -ambos presos- es la de asociación ilícita “de carácter estable y permanente”, donde la ex presidenta está señalada como máxima responsable y su hijo como organizador. En la Justicia creen que la operatoria fue una pantalla para lavar dinero proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.

En la causa también están acusados López y Báez, ambos ya detenidos, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK, también detenido) y los hijos de Báez, entre otros.

Durante la instrucción se corroboró la existencia de un sistema "montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces".

El objetivo, según el juez Julián Ercolini -que procesó a la familia Kirchner- era "sustraer y apoderarse y de millonarios fondos públicos" durante más de 10 años, "hasta el 14 de diciembre de 2016".

Esta maniobra sería parte de una "gran matriz de corrupción" que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. En esa otra causa, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.

El rol de Máximo y Florencia 

Según la justicia, de este esquema participaron Máximo y Florencia Kirchner. Al diputado nacional se le bajó la calificación a “organizador” y no quedó como “jefe” de la asociación ilícita. Como presidente de la firma realizó en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se “canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

A su vez, después del fallecimiento de Néstor Kirchner su hija se incorporó a Los Sauces, y brindó “su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades y del patrimonio personal de su padre”.

También, como vicepresidenta de la inmobiliaria y empleada de la misma, se “ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente habían sido aplicados a las actividades hotelera e inmobiliaria bajo los cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos”.

Lázaro y Cristóbal, los inquilinos

La operatoria contó con un grupo estable de personas, según la Justicia, empezando por los dos principales inquilinos: Báez y López, que garantizaron el 86% de la facturación de Los Sauces SA. En dinero, unos 26 millones de pesos que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner”, mientras ambos empresarios eran “contratistas del Estado”.

Además, los empresarios K “habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.

Ellos fueron los responsables, “junto a los ex presidentes”, de “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias”, de modo que una parte “pudieran llegar a manos de los ex mandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

Los pasos de la maniobra

1-  Primero se creó la sociedad Los Sauces, dedicada a la actividad inmobiliaria y hotelera, para que “recibiera de manera regular y permanente la canalización de fondos” con la “connivencia de los ex presidentes y los distintos organismos del Estado” para favorecer a Cristóbal López, Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo) y Lázaro Báez (dueño del Grupo Austral).

2-  La firma comenzó a adquirir propiedades: más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares, en pocos años. Las propiedades son: un lote en El Calafate por 445.000 pesos, según el Tribunal de Tasación de la Nación; el dúplex de Puerto Madero, por 1.407.000 dólares; otro departamento en Puerto Madero, por 943.00 dólares; dos terrenos en El Calafate, por 27.000 pesos; el hotel La Aldea, por 200.000 pesos; otro terreno por 100.000 pesos; una casa que le vendió Austral Construcciones en Río Gallegos por 97.000 dólares; la casa de la calle Mascarello donde reside la ex Presidenta (también en Río Gallegos), por 250.000 dólares; y el departamento en el barrio de Monserrat donde vive Florencia Kirchner, por 370.000 dólares.

3-  Al tener las propiedades, se canalizaron los fondos a través de “alquileres simulados”. En total López y Báez garantizaron a los Kirchner 25.968.040 pesos con este mecanismo " de forma irregular y continua, fondos que fueron al patrimonio de los Kirchner".

Finalmente todo esto permitió que la familia Kirchner retirara de Los Sauces SA 10 millones de pesos en concepto de “devolución de créditos” a nombre de sus integrantes. Tanto la ex Presidenta como sus hijos fueron retirando en pocos años esa suma de dinero.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Lucía Salinas

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