Ley ómnibus y pacto fiscal: en qué falló el Gobierno y cuál es su apuesta final

El error de cálculo salió desde el corazón de la Casa Rosada y, ahora, la versión XS de la ley ómnibus corre riesgo de volver a quedar en el camino, de empantanar aún más la marcha de Gobierno y de hacer naufragar el Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei anunció que sellaría con gobernadores el 25 de este mes, en Córdoba.

La fragilidad de los acuerdos quedó expuesta este jueves, cuando el Senado le dio un revés inesperado al oficialismo y volvió a patear el dictamen de la ley de bases para la semana próxima y la votación en el recinto para la semana del llamado Pacto de Mayo. Fueron los potenciales aliados los que le pusieron freno a la voluntad oficialista de someter una ley que tuvo cuatro meses de debate en Diputados al trámite exprés en el Senado.

“No somos una escribanía”, fue la frase que pasó de boca en boca desde que el proyecto ingresó a la cámara alta. Desde los senadores a los que el Gobierno pretende conquistar, los peronistas independientes Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Juan Carlos Romero (Salta), hasta los radicales más predispuestos a ayudar se molestaron por la metodología que intentó imponer el oficialismo.

"Tenemos que aclarar que el proyecto original en Diputados no fue retirado por el Ejecutivo. Se cayó por impericia del oficialismo por no conocer el reglamento de la cámara. Empecemos una discusión honesta. No nos subestimen", recibió la neuquina Lucila Crexell el martes a Guillermo Francos. Mala señal. El ministro del Interior maniobró con la amabilidad de siempre para evitar el choque.

No alcanzó con los gobernadores

Las declaraciones de los sectores dialoguistas fueron las alarmas tempranas que mostraron que el trámite sería menos sencillo de lo previsto. A eso se sumaron otros factores clave. El primero, fue la solidez inconmovible que mostró el bloque de Unión por la Patria (UP), que el lunes selló su rechazo total. La Casa Rosada apuntó a romper la armonía interna vía algunos gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Jalil lo intentó, pero no pudo. Chocó con la resistencia de su antecesora en el cargo, Lucía Corpacci, palabra mayor en la provincia y vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ), con mandato partidario de plantarse en la oposición dura al Gobierno. El tucumano Jaldo tuvo el mismo problema con Juan Manzur y con su compañera de bancada, Sandra Mendoza. "La pertenencia al bloque es sagrada", dijo su marido, el intendente José Orellana.

Zamora tampoco aflojó. El santiagueño maneja a los tres senadores de su provincia que participaron de la reunión de bloque del lunes y confirmaron que votarán en contra. El gobernador transmitió a la bancada las razones de su postura. “Cree que el Gobierno no les va a cumplir a los gobernadores nada de lo que prometió”, contó una fuente del bloque. En la provincia confirmaron la versión. Con los 33 firmes en su rechazo, UP consiguió aire para salir a buscar potenciales aliados.

A eso se sumaron las decenas de cuestionamientos que el proyecto recibió por parte de todos los bloques. El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral, las modificaciones a la ley de procedimiento administrativo, las privatizaciones, la delegación de facultades, en la ley bases; y el blanqueo de capitales, el fin de la moratoria jubilatoria, la reposición del Impuesto a las Ganancias y la baja de Bienes Personales, en el paquete fiscal, encontraron resistencias inesperadas y difíciles de romper, incluso entre los sectores dialoguistas.

Los funcionarios la pasaron mal en el Salón Azul del Senado. Llevaron la delantera en los cuestionamientos Romero, Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Pablo Blanco (UCR), entre otros. Todos fueron muy minuciosos en sus cuestionamientos a la letra de la ley. Entre los senadores hubo, incluso, cierta molestia al ver cómo algunos artículos habían sido aprobados en Diputados. Recibieron decenas de advertencias sobre la redacción y cuestiones técnicas por parte de sus asesores.

El fastidio fue doble porque muchos habían advertido durante semanas sobre un error por parte del Gobierno en las conversaciones: habían negociado con los bloques en Diputados, pero no lo habían hecho en paralelo con los del Senado para asegurarse la aprobación del proyecto en las dos cámaras. La vicepresidenta Victoria Villarruel también lo notó, aunque no se entrometió en el proceso.

El miércoles, en los despachos del Senado se notó la desesperación oficial al ver que el proyecto tambaleaba. Al bloque peronista llegaron varios llamados desde la Casa Rosada para pedir apoyo. Las conversaciones incluyeron la exhibición, por parte del oficialismo, de encuestas favorables al Presidente en las diferentes provincias.

Ante Letra P, identificaron como uno de los interlocutores al secretario de Turismo, Daniel Scioli, nexo natural del Gobierno con el peronismo que expresó en público su apoyo irrestricto al proyecto. Ante la consulta de este medio, desde el entorno del funcionario negaron la información.

La apuesta del Gobierno

“Si hay acuerdo político, en dos semanas sale”, le dijo a Letra P un funcionario cercano al Presidente a principios de marzo, cuando el Ejecutivo empezaba su ronda de diálogos con gobernadores para tratar de reencauzar el debate del proyecto, después del intento fallido de febrero en Diputados. La realidad probó ser bastante más compleja. "Sobraron la situación", resumieron en el Senado. A los senadores no les gusta que los lleven de las narices.

El jueves, el oficialismo entendió que la hoja de ruta inicial, que preveía la sanción para el 16 de mayo, estaba arruinada. Ahora sueña con un dictamen el 13 o 14 y una sesión el 22 o 23 de mayo, al filo de la firma del Pacto de Mayo. La Casa Rosada ya compró las medallas que el Presidente pretende colocar a los gobernadores que asistan. Fuentes del oficialismo aseguran que el mejor escenario por estas horas es contar con las firmas para el dictamen y con los números en el recinto para la votación en general, aunque el texto volverá a Diputados con cambios.

En el peronismo todavía se ilusionan con hacer naufragar el proyecto en su totalidad. Dicen que no están tan lejos de lograrlo y buscan convencer a los senadores que restan para reunir el número mágico de 37. Creen que la presión de la calle será clave, con el malestar reinante y la crisis económica en escalada.

El movimiento obrero también hará su parte en el proceso. El martes, la plana mayor de la CGT se reunió con el bloque de UP en el Senado. Acordaron un rechazo cerrado a la reforma laboral. Después del contundente paro de este jueves, la central obrera ya planifica una movilización masiva al Congreso el día de la votación de la ley ómnibus. De las asambleas que hicieron las regionales sindicales surgió el imperativo de las bases más combativas que llegó a oídos del consejo directivo cegetista para que la marcha al Senado sea similar a la que se hizo en 2017, por la reforma previsional, para meterle presión a los senadores y evitar que aprueben el proyecto.

 

 

* Para www.letrap.com.ar