Zanahorias para vencer resistencias

La política, la economía real y las encuestas constituyen los tres puntos de apoyo del collar de ahorque con el que el Gobierno busca manejar a los gobernadores para lograr su cometido: que el Senado sancione la Ley Bases y el capítulo fiscal que fueron aprobados la semana pasada por la Cámara de Diputados. 

Diálogo constante, promesas y goteo de recursos para arcas provinciales complicadas o exhaustas, más la vigencia de la popularidad del Presidente en el interior del país, dan forma a la máquina con la que opera y se explica ese trípode sobre el que se para Javier Milei, con la ayuda (o la amenaza) esencial en cada área de Guillermo Francos y de Luis y Santiago Caputo.

La caída de la recaudación de contribuciones provinciales y tasas municipales y la significativa baja registrada en la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables se suman al torniquete absoluto sobre las transferencias discrecionales. Otro tanto genera el congelamiento o el manejo discrecional de fondos específicos (como el incentivo docente) para conformar un combo capaz de restringir a niveles críticos la autonomía de los gobernadores. Y, como se sabe, mientras los diputados representan al pueblo, los senadores representan a las provincias. Nada es como debiera ser, pero, a veces, funciona.

“En abril de 2024, las transferencias automáticas del gobierno nacional a las provincias, en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, registraron una caída real del 20%, descontando la inflación, respecto del mismo período del año pasado”. Así comienza el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)”. El párrafo inicial concluye con una aclaración que agrava la significación del dato duro: “Es importante recordar que, este mes cuenta con dos días hábiles más respecto al mismo mes del año pasado”.

La impermeabilidad que aún mantiene la imagen presidencial ante la recesión que corroe los ingresos públicos y privados es una trampa de la que los gobiernos provinciales no logran zafar. Para peor, la caída de la inflación también afecta nominalmente los ingresos públicos de las provincias, que, a diferencia del gobierno nacional, no encuentran manera de equilibrarlo fácilmente.

El aumento dispuesto en ciertos tributos provinciales, como el inmobiliario urbano y rural, compensan apenas la caída de otras contribuciones ligadas a la actividad económica, como Ingresos Brutos. Es el caso del bastión kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, pese a que aplicó una más que polémica revaluación fiscal que llevó a los aumentos a porcentajes siderales, hasta llegar en algunos al extravagante 500 por ciento. Nada que sirva para ganar un concurso de popularidad.

La hipercentralización tributaria que oportunamente impuso Néstor Kirchner para construir su fortaleza y quebrar a la liga de gobernadores, que había sido su plataforma de inserción en la escena política nacional, sigue dando frutos a los presidentes que se proponen consolidar su poder sin reparar en pruritos institucionalistas.

La creación o la ampliación de tributos y aportes no coparticipables, como el impuesto al cheque o las retenciones a las exportaciones agropecuarias o el más reciente impuesto PAIS, que hoy sostiene los ingresos de la Nación, multiplican los problemas de las provincias, mientras le dan aire al erario nacional o profundizan la asimetría de la que se beneficia Milei.

Eso explica el plafón con el que cuenta la reposición del coparticipable impuesto a las ganancias, salvo entre los representantes de las provincias patagónicas dado el alto piso salarial que rige en la región. El pasado no siempre es una pesada herencia cuando se puede usar con beneficio de inventario. Sobre todo, si se logra disimularlo.

La situación se agudiza en las provincias productivas del centro del país, que aportan mucho más de lo que reciben en concepto de coparticipación, pero en cuyos territorios Milei sigue sin tener competencia en la esfera de la dirigencia nacional.

La excepción es el superpoblado conurbano bonaerense, que sigue siendo mayoritariamente refractario al libertario, aunque su penetración no deja de inquietar a un kirchnerismo a la defensiva. Desde la Casa Rosada, el federalismo es un concepto para pregonar mucho y practicar poco. El kirchnerismo hizo escuela y ahora padece a Milei como a un animal extraño que se infiltró en su ecosistema y aprende rápido sus lecciones.

Por eso, Axel Kicillof encabeza la resistencia y ya anticipó que pueden empezar sin él la firma del Pacto de Mayo si es que no llega, aunque intenta complicarle a Milei el camino hacia ese destino. Junto con Cristina Kirchner, está dispuesto a jugar todas sus fichas para evitar la sanción de la Ley Bases en el Senado y ambos trabajan para eso, aunque carecen de certezas respecto de la suerte de su empresa. Es una carrera contra el tiempo.

En lo inmediato Kicillof y el kirchnerismo ponen buena parte de sus expectativas y esfuerzos en apoyo del paro que la CGT hará el próximo jueves, que esperan sea masivo.

La movilización sindical del 1° de mayo no movió el sismógrafo del oficialismo. Y ahora el Gobierno confía en que en la sociedad opere el “principio de revelación”. No le fue bien al Gobierno con la movilización en defensa de la universidad pública, pero la dirigencia sindical y los políticos kirchneristas tienen un universo de apoyo mucho más acotado que el de los docentes y estudiantes universitarios.

Pese al disimulado ajuste y al aumento de impuestos que está haciendo la gestión de Kicillof, su situación es compleja en términos económicos y políticos. En el territorio que gobierna, la caída de la recaudación en los municipios, sobre todo en los del conurbano, está en porcentajes que van del ocho al 20 por ciento, según los intendentes. Combustible para un clima que se va calentando a fuego lento.

“La caída de la recaudación está entre el 10 y el 20 por ciento en el AMBA. Mi municipio, que siempre ha tenido un alto índice de cobrabilidad, ya sufre la rebelión silenciosa de los contribuyentes más complicados. Tiene lógica, cuando a la gente no le alcanza la plata, lo que hace más rápido y con menos consecuencias inmediatas es dejar de pagarle al fisco”, dice una autoridad del conurbano, que, sin embargo, prefiere no confrontar con la política del gobierno nacional. No tiene margen. Ajusta todo lo que puede y es mucho más de lo que, en otras épocas, sus predecesores podrían haber intentado.

La recesión, junto a los aumentos de tarifas, está impactando fuertemente ahí, con el agravante de que la mayoría de los economistas pronostica que será esa área una de las que más tardará en percibirse la reactivación que el Gobierno promete.

En el Gran Buenos Aires, la imagen positiva de Milei es la más baja del país, pero no ha empeorado sensiblemente en medio del empeoramiento de la situación socioeconómica por el ajuste. Por ahora, más un problema para el kirchnerismo que para Milei. Todavía el “cuanto peor, mejor” no estaría haciendo efecto o todavía no sería tan peor.

No son esos los únicos problemas que afrontan los gobernadores e intendentes que juegan una carrera contra el tiempo con Milei y preferirían no tener que inclinarse ante su yugo. El poderoso cepo puesto a la obra pública nacional afecta a provincias y municipios tanto por el deterioro que se produce en el espacio y en los servicios públicos, como por la pérdida de fuentes de trabajo por el golpe a empresas constructoras y proveedoras locales y el consecuente impacto en otras fuentes de las economías locales, que se ven resentidas. Todo eso termina aumentando demandas sobre los gobiernos locales. Un auténtico círculo vicioso.

“Este mes se juega la situación de varias provincias. Muchas tienen certificados de obra pagados hasta junio. Después, si no hay aportes del Gobierno, se vendría un apagón”, explica un consultor económico que es escuchado por gobernadores y sigue de cerca la evolución de la economía real en el interior del país.

La promesa de que se liberarían fondos para obras a cambio del apoyo de los senadores a la Ley Bases empieza a resultar creíble por varias razones. En primer lugar, el dogmatismo retórico de Milei cada vez convive más con un pragmatismo fáctico.

Como expuso ayer la nota de Gabriela Origlia en LA NACION, antes del tratamiento de ese proyecto en Diputados, la Casa Rosada pagó la deuda por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a cinco provincias: Misiones, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja.

Los gobernadores de las tres primeras han demostrado un amplio espíritu colaborativo con el Gobierno. En tanto, el santiagueño Gerardo Zamora ha reafirmado su disposición a escuchar siempre a los oficialismos de turno, pero sin cambiar su rictus de dureza, mientras hojea las negociaciones en el Senado. Zamora posee un afinado olfato para detectar el rumbo de los vientos políticos de la época. El radicalismo kirchnerista que ha practicado con distintos énfasis según los tiempos es su marca de fábrica.

A los condicionamientos y limitaciones que impone la economía real, el Gobierno suma su novel disposición a hacer política, sin dejar de maltratar a los políticos, para disimular concesiones. Todavía le sigue dando réditos la lucha contra “la casta” y la consigna “no hay plata”, aunque para algunos exponentes se liberen varios cientos millones de pesos. Los aportes discrecionales han vuelto, pero discretamente. Si se fisurara la aceitada construcción de la ejemplaridad y aparecieran evidencias de que el ajuste no es igual para todos puede ser riesgoso.

El clima de época en favor de la restricción de los gastos es tan potente que las palabras ajuste, recorte y cierres no solo han perdido buena parte de su connotación negativa sino que hasta pueden llegar a adquirir un sentido positivo. Expansión fiscal y redistribución van a contramano.

Un ejemplo elocuente del cambio lo ofreció en la última semana el nuevo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al inaugurar las sesiones legislativas en su provincia. “El recorte en cantidad de ministerios, telefonía, alojamiento y combustible, entre otros, permitieron achicar el 40% en términos reales los gastos de funcionamiento en el primer trimestre”, se jactó el mandatario.

No es un dato menor, sino mayor, que Pullaro sea un dirigente radical enrolado en el sector más reactivo a Milei, que comanda el presidente partidario Martín Lousteau, y que en el congreso nacional está en franca minoría entre sus correligionarios por ese posicionamiento.

El del senador radical y titular de la UCR es un caso paradigmático de la crisis de liderazgos y representación que afecta a los grandes partidos políticos y sobre lo que sigue operando Milei.

Torniquete económico, acción política discrecional y popularidad es el flamante y aún endeble trípode sobre el que se busca asentar la gestión nacional. Nada demasiado original. El palo empieza a ser acompañado por algunas zanahorias. El Senado será un buen banco de pruebas.

 

 

* Para La Nación

Ilustración : Alfredo Sábat